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La demanda mundial por semillas mejoradas y transgénicas -genéticamente modificadas- está generando una “explosión” en el área de la biotecnología agrícola, cuyo impacto en Puerto Rico se traducirá en la expansión de las compañías productoras y, por ende, en el aumento de las oportunidades económicas y de empleo.
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Por Aura N. Alfaro / aalfaro@elnuevodia.com
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La demanda mundial por semillas mejoradas y transgénicas -genéticamente modificadas- está generando una “explosión” en el área de la biotecnología agrícola, cuyo impacto en Puerto Rico se traducirá en la expansión de las compañías productoras y, por ende, en el aumento de las oportunidades económicas y de empleo.
Saúl Rosado, presidente de la Puerto Rico Seed Research Association, confirmó que, para cumplir con la creciente demanda por semillas, las subsidiarias en Puerto Rico de multinacionales de Estados Unidos y Europa están en vías de expandir sus operaciones.
En la Isla hay nueve compañías semilleras y, entre todas, tienen sembradas más de 5,570 cuerdas de maíz, soya, girasol, sorgo, algodón, arroz y otros cultivos en siete municipios. En total estas empresas generan 453 empleos a tiempo completo, y 2,265 temporeros, precisó Rosado. Todas están agrupadas en la Puerto Rico Seed Research Association.
Según datos del Departamento de Agricultura estas empresas generan ingresos combinados anuales de $30 millones.
“Explosión tecnológica”
“Estamos a punto de una gigantesca explosión tecnológica”, dijo públicamente Steve Padgette, vicepresidente de Biotecnología de Monsanto. Debido a esta creciente tendencia en Estados Unidos la multinacional acelera esfuerzos de investigación y desarrollo en proyectos claves, con los que espera incrementar sus ingresos en la próxima década.
Manuel Pérez, gerente del Proyecto de Maíz de Monsanto Caribe, confirmó que la empresa en la Isla también tiene planes de expansión pero aún está en la fase de “consolidar resultados”.
Por su parte, Rosado, gerente general de la compañía Syngenta Seeds, dijo que anteriormente las “semilleras” en Puerto Rico se mantenían fuera del ojo público y operaban por separado, y desde 2009 se han unido más por la necesidad de expandir sus operaciones.
Las compañías en la Isla son: Monsanto Caribe (Juana Díaz, Santa Isabel, Isabela y Aguadilla), Pioneer Hi-Bred Puerto Rico (Salinas, Santa Isabel, Guayama y Juana Díaz), Syngenta Seeds (Juana Díaz, Salinas), AgReliant Genetics (Santa Isabel), Dow Agrosciences (Santa Isabel), RiceTec (Lajas), y Bayer CropScience (Sabana Grande). La lista incluye las dos compañías proveedoras de servicios agrícolas tecnológicos Illinois Crop Improvement Association (ICAI) (Juana Díaz), y 3rd Millenium Genetics (3MG) (Santa Isabel).
Juan Carlos Justiniano, gerente general de 3MG -la única compañía boricua entre las semilleras-, confirmó que la empresa está buscando más terrenos y más contratos. Actualmente, 3MG provee servicios de biotecnología, desde producir semillas y hacer cruces hasta pruebas de tolerancia de enfermedades y yerbicidas, para clientes en Estados Unidos, Argentina, Chile, Francia, Turquía, y Serbia.
“Nuestra competencia directa en Puerto Rico es Hawai”, dijo Justiniano. Explicó que la industria local de biotecnología agrícola es apenas un 15% o 20% de la de Hawai. Otros competidores de la Isla son Argentina, Chile, y Costa Rica.
Crecimiento sostenido
Contrario a otros sectores agrícolas que hoy día reportan pérdidas, la producción de las compañías semilleras ha reflejado un crecimiento anual conjunto de 30% por año en los últimos tres años.
La expansión de las semilleras en Puerto Rico es el resultado de la buena economía de la agricultura de Estados Unidos, que depende cada vez más de semillas mejoradas y transgénicas, explicó Jaime Sánchez, gerente de Investigación Senior de Pioneer Hi-Bred Puerto Rico.
Esto lo confirma datos recientes del Departamento de Agricultura Federal (USDA, por sus siglas en inglés), que indican los agricultores estadounidenses produjeron en 2009 las cosechas de maíz y soya más grandes en la historia de la nación. Incluso produjeron cosechas grandes de trigo y sorgo.
Sánchez señaló que el crecimiento de este sector significará más empleos para agrónomos y trabajadores agrícolas.
Contrario a otros sectores del agro local, donde el salario mínimo agrícola es $4.80 la hora, los trabajadores de las semilleras ganan el mínimo federal de $7.25 por hora.
El atractivo nativo
El primordial atractivo de Puerto Rico para estas compañías es su clima tropical. En Estados Unidos, las compañías sólo pueden sembrar en primavera y verano, mientras que en la Isla logran hacer tres ciclos de siembra en un año. Esto les permite adelantar tres generaciones de cultivos en un año, explicó Ricardo Barnés, gerente de Operaciones de Campo de Dow Agrosciences.
Alberto Rodríguez, gerente de Finca de Bayer CropSciences, dijo que empresas como la suya son atraídas a la Isla por los agrónomos especializados que se han desarrollado aquí, que saben inglés, y porque ya hay trabajadores agrícolas que conocen el manejo y cuido que requieren sus plantas.
Los esfuerzos de estas compañías van dirigidos a crear semillas para cosechas de mayor rendimiento, resistentes a insectos, enfermedades y sequías, e inmunes a los yerbicidas. Las semilleras son tan celosas con sus procedimientos científicos y semillas como las compañías farmacéuticas con los suyos y sus medicamentos y artefactos médicos.
Efecto multiplicador
Además de reincorporar al agro más tierras agrícolas que no están en uso- de manera eficiente y con procedimientos avanzados-, al expandirse estas agroempresas de semillas ejercerán un efecto multiplicador en otros sectores de la economía local.
Al crecer, las semilleras requerirán de más bienes y servicios, incluyendo instalaciones y equipos, explicó Sánchez, de Pioneer.
El especialista agrícola señaló que estas compañías también impactan las áreas de servicios que necesita toda compañía, entre ellas: informática, limpieza y mantenimiento, seguridad, y materiales de empaque y de exportación e importación.
Para las principales empresas de productos y suministros agrícolas en la Isla las semilleras son clientes de suma importancia.
“Las compañías semilleras hoy día son nuestros clientes más grandes”, confirmó Pedro Vivoni, fundador y dueño de Agro Servicios Inc., distribuidora de productos y equipos agrícolas, de jardinería y veterinaria, y representante de suplidores de sistemas de riego, que lleva más de 30 años en el mercado.
“En transporte, traemos más de 150 furgones al año de fertilizantes y agroquímicos -yerbicidas y plaguicidas- para éstas y otros sectores del agro”, señaló Vivoni.
Para Pan American Fertilizer, las semilleras representan más del 60% de las ventas de varios de sus fertilizantes, agroquímicos, y de productos para las aplicaciones de agroquímicos, reveló Javier González, vendedor de la empresa en la zona sur.
Turismo
“Algo que pocos conocen es la aportación de estas compañías y de la agricultura en general al turismo, particularmente a la industria hotelera”, expresó Vivoni, quien aseguró que las semilleras ocupan más de 600 habitaciones de hotel por año, con estadías de cinco a seis días. Sostuvo que junto a otras agroempresas, exceden 5,000 habitaciones por año.
“Cada año tenemos una reunión grande en Puerto Rico, para ver el proyecto y, por supuesto, también disfrutan de la Isla”, dijo Sánchez. En enero Pioneer Hi-Bred recibió 300 empleados y vendedores de la compañía en Estados Unidos, quienes se quedaron en El Gran Meliá, en Río Grande, por una semana.
Por su parte Rosado, de Syngenta Seeds, confirmó que recientemente se reunió en la Isla con varios ejecutivos de su compañía para discutir la posibilidad de incrementar las operaciones en Puerto Rico.
Syngenta también tiene más de 60 visitantes de la compañía ayudando en el proceso de polinización, y adiestrando el personal local.
Mientras, Illinois Crop (ICIA), una de las dos compañías que provee servicios a empresas semilleras y a entidades de investigación agrícola, recibió la semana pasada la visita de varios de sus corporativos y vendedores, ocupando 100 habitaciones en el Ponce Hilton.
La empresa Agro Servicios hizo una reunión en agosto con 36 de sus suplidores de Estados Unidos. Los visitantes se hospedaron en hoteles en San Juan, Ponce y en La Parguera, durante cuatro a seis días, precisó Vivoni.
Hace falta más tierra
Según los entrevistados, la necesidad más apremiante para casi todas las semilleras es conseguir más terrenos llanos, particularmente en el área sur, donde menos llueve, ya que el exceso de lluvia entorpece las etapas de siembra.
“En diciembre nos reunimos con el Secretario de Agricultura, Javier Rivera Aquino, y (la reunión) fue muy positiva”, dijo Rosado.
El ejecutivo señaló que muchas de las semilleras están interesadas en arrendar más terrenos de la Autoridad de Tierras.
Sin embargo, varias de las compañías indican que el mayor obstáculo para su crecimiento es la Ley de Tierras de 1941, que limita a 500 cuerdas la extensión de tierra que puede poseer una corporación. Por la misma ley, la autoridad tampoco puede arrendarle a una compañía más de 500 cuerdas.
“Esto le pone trabas a nuestra expansión, especialmente cuando la autoridad tiene terrenos que no se están usando, y la alternativa que nos queda es comprar o arrendar terrenos privados”, dijo Sánchez.
Legislación que abona
Por otra parte, Rosado destacó positivamente que se firmara en agosto la Ley 62. El estatuto tiene el propósito de fomentar la biotec nología agrícola en la Isla, y establece una política pública para fomentar y reglamentar el desarrollo de este tipo de empresa en Puerto Rico. “Entendemos que esta ley nos facilitará la permisología y la obtención de edificios y tierras agrícolas, a través de (la Compañía de Fomento Industrial) Pridco y el Departamento de Agricultura”, apuntó Rosado.
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Han pasado 18 años desde que se estableció, en 1992, la meta de reciclar el 35% de la basura del País, pero la realidad actual apenas alcanza un 10%.
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Por Ileana Delgado Castro / idelgado@elnuevodia.com
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Han pasado 18 años desde que se estableció, en 1992, la meta de reciclar el 35% de la basura del País, pero la realidad actual apenas alcanza un 10%.
Esto conforma un panorama bastante crítico, según la directora ejecutiva de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Rebeca Nieves, si se toma en cuenta que en Puerto Rico se generan cuatro millones de toneladas de desperdicios sólidos anualmente.
“Por eso, lo que queremos es diversificar nuestras fuentes de disposición que ahora solamente son los vertederos”, indicó Nieves tras señalar que las plantas “Waste to Energy” son una alternativa más “para el problema que tenemos aquí con el manejo de desperdicios sólidos y el cierre de vertederos”.
La funcionaria destacó que la prioridad de su agencia es clara: “reusar, reciclar y compactar”. Lo que pasa, admitió Nieves, es que cada municipio tiene su programa de reciclaje “y hemos estado hablando con ellos para que implementen un plan de reciclaje efectivo”.
Sin embargo, a juicio de Juan Rosario, de Misión Industrial, la realidad es que al Gobierno no le interesa reciclar. “Desde 1975 varias agencias del Gobierno han implementado proyectos pilotos de reciclaje, pero se quedaron en el camino. No funcionaron porque no hay interés de que este tipo de proyecto funcione”, afirmó Rosario.
Uno de los problemas, señaló el ambientalista, es que el Gobierno ha establecido una política pública pero no ha creado incentivos para implementarla.
“La ley 70, de 1992, es la que dice, en término de manejo de desperdicios, que se debe reducir la fuente de desperdicios y aumentar el reciclaje en un 35%. Pero un año antes (el Gobierno) creó la Ley de Municipios Autónomos y les dijo, 'la basura de tu municipio es un problema tuyo y haz con ella lo que tú quieras'. Ahora hay 78 políticas públicas de manejo de basura y no hay una política uniforme. A eso se suman los intereses de los negocios de basura”, argumentó Rosario, quien opina que las plantas “Waste to Energy” son una solución absurda.
“Implica que sigo haciendo lo mismo, produciendo más basura y todo lo que se produzca lo quemo. No hay un cambio de paradigma. Antes se enterraba la basura, ahora la tiro al aire y convierto los pulmones de la gente en basureros. Además de que es la energía más cara, es un mal negocio”, explicó Rosario.
Sin embargo, según Nieves, en Estados Unidos la práctica es que las cenizas que se producen se llevan a los vertederos. “Si nosotros llevamos las cenizas a los pocos vertederos que nos quedan, el volumen de ceniza que estaríamos depositando es mucho menor que el volumen de desperdicios que normalmente depositamos”, sostuvo Nieves.
Durante el cuatrienio pasado, la ADS preparó su “Itinerario de Proyectos de Infraestructura”, que contempló la creación de dos plantas “Waste to Energy” en el norte de Puerto Rico, una entre Aguadilla y Arecibo y la otra entre Toa Baja y Fajardo. El costo de cada una se estimó en $400 millones y tendrían capacidad para procesar unas 1,500 toneladas de basura al día.
A nivel mundial se enfatiza en la reducción de la generación de la basura, el reúso y la minimización de todo proceso que produzca emisiones al aire de los gases de invernadero que contribuyen al calentamiento global.
IMPRESIÓN EQUIVOCADA
Según la directora ejecutiva de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Rebeca Nieves, existe la impresión equivocada de que el Gobierno va manejar todos los desperdicios sólidos con las plantas “Waste to Energy”.
“Y no es así. Lo vemos como un sistema integrado donde promovemos primero la reducción de desperdicios, el reciclaje y el reúso, la composta y las plantas 'Waste to Energy'”, sostuvo Nieves.
Además, implementan iniciativas como un consorcio con el Departamento de Corrección y Rehabilitación para el reciclaje de gomas y con el Departamento de Educación para incluir el reciclaje en los currículos escolares.
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No soló son preocupantes las interveciones político-partidistas que llevaron a su elección, pero recientes comentarios del doctor de la Torre, el nuevo Presidente de la Universidad de Puerto Rico sugieren que desconoce como adelantar la ciencia y tecnología dentro de la Universidad.
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Editorial 04-Febrero-2010 | WALDEMAR J. RAMÍREZ
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Me preocupa la agenda que pueda traer el nuevo presidente de la UPR. No me refiero a las intervenciones político-partidistas que pudieron haber precedido su llegada. Esto lo dejo en manos de otros analistas. Mi preocupación reside en la aparente apreciación del doctor De la Torre sobre el rol de la Universidad en el mundo de hoy.
“Nosotros vemos la Universidad del futuro como una que no va a crear robots para las áreas de ciencia y tecnología”, nos dijo el nuevo presidente en su primera comparecencia ante la prensa luego de su nombramiento. “Tenemos que poner la palabra humano en los seres humanos”, añadió. Es un discurso que de entrada parecería muy sensible y preclaro, pero en realidad viene cargado de desconocimiento y preocupantes prejuicios. Preocupa la insinuación gratuita de que la UPR actualmente crea máquinas y no profesionales completos. Este discurso encarando a las humanidades con la ciencia y la tecnología, desgraciadamente, lo he escuchado anteriormente de algunos que sienten incomodidad o fastidio ante las intrincaciones de la ciencia y la tecnología.
Lo cierto es que los requisitos de acreditación de los programas de educación no los define la administración de la Universidad. Los definen sus constituyentes. La entidad acreditadora busca asegurar que la Universidad cumpla con unos estándares establecidos por la propia profesión para la cual se prepara a los estudiantes. O sea, es mediante esfuerzos de colaboración de las asociaciones profesionales, técnicas y científicas que nacen las normas de evaluación dentro de las cuales se da un proceso de acreditación.
Por supuesto, la Universidad tiene margen para añadir requisitos que considere de particular valor. Por esto los requisitos de cursos socio-humanísticos de los programas de ingeniería de la UPR-Mayagüez, incluyendo cursos de ética, exceden los del resto de EE.UU.. Lejos de crear robots, las entidades -incluyendo agencias federales y empresas multinacionales- que reclutan en dicho campus lo hacen porque aprecian la educación integral que allí se ofrece. Preocupa pues el discurso del nuevo presidente.
La preocupación se agrava cuando notamos que en el Gobierno, incluyendo el Gabinete del Gobernador, hay una total ausencia de liderato tecnológico y científico. ¿Quién es responsable de formular y administrar nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología? ¿Quién nos representa oficialmente en los foros regionales e internacionales de ciencia y tecnología, semilleros de oportunidades?
La nueva agenda de la universidad del estado, ¿es de innovación o de relegación?
wjramirez@prtc.net
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Las autoridades están preocupadas por un aumento en la población del pez león, un venenoso animal acuático que no es endémico en Puerto Rico.
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Por Cynthia López Cabán/ cynthia.lopez@elnuevodia.com
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Un peligroso intruso se pasea relajadamente por las tibias aguas del Mar Caribe.
Se trata del pez león, un venenoso animal acuático cuyas apariciones han aumentado en los últimos meses, informó hoy el secretario de Recursos Naturales, Daniel Galán Kercadó.
“Es una especie no endémica y muy peligrosa para los ecosistemas marinos en Puerto Rico”, afirmó en un parte de prensa.
Sin embargo, no se ofrecieron detalles específicos sobre el lugar y los números de avistamientos reportados por pescadores y buzos del litoral sur de la Isla.
La presencia del pez león en la región se detectó en el 2002. Aunque se desconoce con certeza cómo este oriundo del lejano océano Índico, al Este de África, llegó al Caribe, existen varias hipótesis.
Algunos teorizan que su alojo por esos lares se debe al huracán Andrew, que en 1992 azotó la Florida y destruyó un acuario cercano al mar, en Miami, provocando que los peces se escaparan y dispersaran con las corrientes marinas.
Otros, responsabilizan a las embarcaciones asiáticas que cruzan el Canal de Panamá y arrastran peces consigo, o culpan a los ciudadanos que adoptaron peces león como mascota y luego los echaron al mar.
“El Pez león, es una especie marina muy venenosa cuya presencia amenaza la biodiversidad de la Isla, al tratarse de una variedad cuyas presas, no lo reconocen como predador por no pertenecer al hábitat natural de la zona”, explicó el Secretario.
“El objetivo inmediato del Departamento es reducir el número de individuos de esta y otras especies invasoras. Para esto iniciamos un estudio de cuantificación de la especie”, agregó Ángel Atienza, director de la Unidad de Vida Silvestre del Cuerpo de Vigilantes.
Este pez exótico, que también se ha detectado en las costas de Cuba y de Haití, se vendía legalmente en el país hasta que el Gobierno puertorriqueño prohibió su importación en el año 2004. El erizado pez de púas puede llegar a devorar grandes cantidades de otras especies como el Pargo y el Mero.
“El Pez León generalmente se encuentra en bancos de algas, arrecifes de corales o lagunas costeras de poca profundidad, también puede encontrarse en alta mar y constituye un gran riesgo para pescadores y nadadores, pues su picadura es extremadamente dolorosa”, recalcó Galán Kercadó.
Además exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier avistamiento de esta especie invasora llamando al Laboratorio de Investigaciones Pesqueras: ( 787) 833-2025 o al Centro de Mando del Cuerpo de Vigilantes: (787) 724-5700 ó (787) 230-5550.
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Los puertorriqueños presentan una mentalidad más liberal y abierta, en torno a aceptar la medicación de las drogas para enfrentar esta problemática en la Isla. La mayoría de los puertorriqueños dijeron considerar la adicción como una enefermedad.
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Por Marga Parés Arroyo / Mpares@elnuevodia.com
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Parecería que no, pero sí. Los puertorriqueños presentan una mentalidad más liberal y abierta, muy semejante a la de los países europeos, en torno a aceptar la medicación de las drogas para enfrentar esta problemática en la Isla. La postura local incluso contrasta con la que se tiene en Estados Unidos.
Quizás hastiados con la forma en que se ha manejado este asunto durante décadas, los boricuas perciben la adicción a las drogas como una enfermedad, una que debe tratarse como una condición crónica a través del debido tratamiento, como la farmacoterapia.
Esos, básicamente, fueron los hallazgos de una encuesta realizada a 400 personas por la firma Lake Research Partners a petición del Open Society Institute. La medición se realizó en agosto pasado vía telefónica.
“Estos datos son importantes porque señalan que la gente ve la adicción como una enfermedad, no como un asunto moral o de justicia criminal”, reveló la doctora Carmen Albizu, codirectora de la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas, entidad integrada por investigadores del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, personal del gobierno y entes privados.
Mientras 80% de los encuestados percibieron la adicción como una enfermedad, en Estados Unidos solo un 70% opinó igual.
“Reconocen que es una enfermedad crónica, como diabetes o hipertensión, pero no como un catarro que requiera tratamiento de treinta días, sino de larga duración, incluso, en algunos casos, por toda la vida”, dijo Albizu.
Un 85% de los encuestados admitió, que factores ambientales, conductuales y genéticos pueden predisponer a una persona a la adicción.
“No es un problema de debilidad moral, como ha sido el discurso de “Dile no a las drogas”. Nuestro pueblo es más sabio que muchas personas”, dijo Albizu, quien recalcó que un 85% de los entrevistados percibe que el tratamiento para la adicción, incluyendo la medicación, es efectivo.
Como muestra de la costoefectividad de la medicación, versus otras alternativas más punitivas, Albizu comentó que el costo anual del tratamiento con buprenorfina es de unos $4,000 a $5,000 por individuo, mientras que el costo de mantener a un preso ronda los $40,000 el primer año y $23,000 los años subsiguientes.
Albizu subrayó que el tratamiento estándar para la dependencia a la heroína y otros opiáceos, reconocido por la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), es la farmacoterapia.
Sin embargo, según datos de la Alianza se estima que sólo ocho de cada 100 adictos en Puerto Rico recibe tratamiento.
Aunque la medicación no estaba incluida en la plataforma del gobernador Luis Fortuño, Nydia Ortiz, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, asegura que el gobierno está “comprometido” en avalar la medicación.
Ortiz recalcó que se estima que en el país hay unas 60,000 personas con dependencia a las drogas, de las cuales unas 7,000 reciben tratamiento en los seis centros de metadona de Assmca. Estos números son parte de una encuesta que realizó la agencia, cuyos datos serán dados a conocer en los próximos días, según anticipó Ortiz. De acuerdo con estos números, actualmente unos 12 adictos, por cada cien, reciben tratamiento para su dependencia a las drogas.
Albizu, quien le mostró a la prensa parte del testimonio de un adicto recuperado, resaltó cómo a través de la buprenorfina los dependientes a las drogas pueden salir adelante socialmente y en sus vidas familiares.
Según explicó el doctor Ángel González, codirector de la Alianza, actualmente la Administración de Seguros de Salud (Ases) evalúa la posible implantación de un proyecto piloto en la región este para tratar entre 3,000 a 4,000 adictos durante tres años a través de la buprenorfina.
“Primero irían a un centro de inducción y luego que se estabilicen se referirían a médicos primarios autorizados a recetar buprenorfina para darles seguimiento”, dijo González.
Elba Vázquez, directora de la Corporación Sanos, recalcó cómo, con el apoyo del municipio de Caguas, esta entidad inició el año pasado un proyecto piloto con quince adictos. Luego de consejería sicológica, a través de este modelo el individuo es referido a un tratamiento de medicación.
Radican Demanda contra el Gobernador y Agencias en Defensa de la Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste
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Organizaciones y ciudadanos pertenecientes a la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) radicaron una demanda para que se restituya la Reserva Natural del CEN, al solicitar que se declare como nula una orden ejecutiva emitida por el Gobernador Luis Fortuño en octubre pasado y en la que derogaba dicha designación, según fue establecida en abril de 2008.
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Comunicado de Prensa - Sierra Club
Lunes, 1 de febrero de 2010
San Juan – Organizaciones y ciudadanos pertenecientes a la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) radicaron una demanda para que se restituya la Reserva Natural del CEN, al solicitar que se declare como nula una orden ejecutiva emitida por el Gobernador Luis Fortuño en octubre pasado y en la que derogaba dicha designación, según fue establecida en abril de 2008.
“Volvemos a recurrir a los tribunales para que hagan valer el mandato constitucional sobre la mejor conservación y aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio general de la ciudadanía, el cual ha sido violentado por el Gobernador Fortuño tras convertirse en el primer mandatario en nuestra historia en eliminar una reserva natural. Dicho acto resulta aún mas grave, ya que estuvo basado en alegaciones falsas y caprichosas hechas en una resolución adoptada por la Junta de Planificación (JP), con el fin ulterior de permitir el desarrollo urbano en un lugar de gran sensitividad ecológica como el Corredor,” denunció Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS).
Entre los demandados se encuentran también el Presidente de la JP, el Ing. Héctor Morales Vargas, y el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó, con el propósito de que ambos funcionarios desistan de cualquier gestión que altere los límites originales de la Reserva Natural del CEN y que resulte en menoscabo de su conservación. Esto, tras informaciones que apuntan a que ambas agencias propondrán excluir cerca de una cuarta parte de los terrenos comprendidos originalmente en la Reserva Natural como resultado de una delimitación nueva, y que tendrá el efecto de favorecer la construcción de varios proyectos residenciales-turísticos y comerciales en la zona, incluyendo aquellos propuestos por los empresarios de los proyectos conocidos anteriormente como el San Miguel Resort y el Dos Mares Resort.
En la demanda se establece que la orden ejecutiva y la resolución de la JP son ilegales, ya que ambas son contrarias a numerosas leyes dirigidas a lograr la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los terrenos. Además, se señala que era necesaria la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental previo a que se emitieran ambas disposiciones, de manera de poder determinar los impactos ambientales resultantes de su aprobación.
Al anunciar la derogación de la Reserva Natural del CEN en octubre pasado, el Gobernador justificó en parte su decisión debido a que existían planes, supuestamente, para construir una carretera en parte de los terrenos del CEN. También dejo entrever que aunque entendía que los proyectos San Miguel Resort y Dos Mares Resort “no cabían” en el Corredor, si favorecía la construcción de éstos en un tamaño menor al propuesto originalmente.
Camilla Feibelman, coordinadora del Sierra Club, organización afiliada a la Coalición, señaló por su parte que “en la resolución adoptada por la JP se indicó, entre otras alegaciones, que no se realizó ningún tipo de análisis científico que justificara la designación y delimitación del CEN como reserva natural, según fue aprobada en el 2008. Esto es totalmente falso, ya que desde la década de 1970, agencias federales, estatales, organizaciones conservacionistas internacionales, y hasta la propia JP y el DRNA, han realizado estudios o llevado a cabo diversas gestiones para lograr este fin.”
Esta añadió que indicar lo contrario, como expuso la JP en su resolución, indujo a error al Gobernador tras éste haber adoptado dichas alegaciones como correctas. “Todavía entendemos que el Gobernador tiene la oportunidad de rectificar, si es que él realmente cree en la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de los grupos comunitarios, tal y como ha planteado públicamente.”
Contactos:
Luis Jorge Rivera Herrera (IDS):(787) 460-8315
Camilla Feibelman (Sierra Club):(787) 688-6214
