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Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

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Unas 720 cuerdas de los terrenos designados originalmente como parte de la reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) serían eliminadas para erigir allí proyectos residenciales, turísticos y comerciales.

Así lo denunciaron ayer los miembros de la Coalición Pro CEN, quienes dieron a conocer un mapa contenido en un memorando interno de la Junta de Planificación (JP), en el que supuestamente se evidencia la intención de la actual administración de reducir el tamaño de la zona, que discurre por 3,200 cuerdas entre Luquillo y Fajardo.

El científico ambiental y planificador Luis Jorge Rivera Herrera, miembro de la Coalición, aseguró que los terrenos que se excluirían coinciden con las áreas donde han sido propuestos los proyectos residenciales-turísticos San Miguel, Dos Mares, Seven Seas, Paradise Found Villas y el centro comercial Plaza Azul Center, entre otros.

De inmediato, el presidente de la JP, Héctor Morales, restó credibilidad a los señalamientos de la Coalición y estableció categóricamente que el referido mapa no se elaboró en la agencia.

“La Coalición está utilizando documentación de la JP para crear dudas. Este memorando demuestra que estamos haciendo el trabajo de análisis y planificación que nos requiere la ley para cumplir con el objetivo de preparar un plan de uso de terreno para la protección de la reserva natural que se va a designar y buscar el balance adecuado para el desarrollo que se quiere allí”, expresó Morales.

En el memorando, con fecha del 24 de febrero de 2010, se solicita un análisis socioeconómico del Área de Planificación Especial del CEN, a establecerse según dispuesto en la orden ejecutiva OE-2009-42 del 30 de octubre de 2009. Esta orden derogó una del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que designaba el CEN como reserva natural.

“Es un insulto al interés público que el Gobierno promueva estos proyectos residenciales, turísticos y comerciales en menoscabo de la conservación y desarrollo sostenible del Corredor”, sentenció Rivera Herrera al apuntar que dichas obras tendrían un efecto adverso sobre el Bosque Nacional El Yunque.

Estas alegaciones fueron rechazadas por el presidente de la JP.

Morales recordó que tras la firma de la referida orden ejecutiva, la JP aprobó una moratoria que prohíbe la evaluación de proyectos nuevos, propuestos o existentes en el CEN. “No se nos prohíbe hacer un análisis de planificación y es lógico que lo hagamos para poder hacer las recomendaciones del plan de uso de terreno”, manifestó.

En tanto, Camilla Feibeilman, coordinadora de Sierra Club, dijo que el Gobierno está obstaculizando los procesos judiciales ante el Tribunal de San Juan relacionados a la demanda que radicó la Coalición para que se restituya la designación original de la reserva natural del CEN. Alegó que el Departamento de Justicia pidió que se dejara sin efecto la citación de varios funcionarios a la vista que será hoy, a las 9:00 a.m., en el referido Tribunal.

Morales también refutó estos alegatos y aseguró que la división legal de la JP estará presente en la vista.

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Por Joel Ortiz Rivera / joel.ortiz@elnuevodia.com

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Mientras paseaba con su padre y su mascota por el área de Isla Verde, Lori Hygeck, de Michigan, se mostró sorprendida de ver un letrero que alertaba de peligro de tsunami, a pesar de que había pasado frente a él en bastantes ocasiones durante las semanas que lleva aquí.

“¡De verdad que no sabría qué hacer! Creo que correría hacia donde usted vaya”, dijo la estadounidense con una carcajada al preguntársele si tenía claro el plan de desalojo en caso de una emergencia de maremoto.

La respuesta de desconocimiento de Hygeck fue una que se repitió con varios entrevistados en diversos puntos de la zona turística de Isla Verde en Carolina, una de las áreas que según los mapas de la Red Sísmica y del Puerto Rico Tsunami Warning and Mitigation Center (PRTWMC) sería inundada en un eventual maremoto.

Carolina es uno de los nueve municipios que han sido reconocidos como 'tsunami ready', lo que significa que han colocado estos letreros de alerta, han orientado a los residentes de dichas zonas, han establecido mapas y rutas de desalojo y han efectuado simulacros para medir la efectividad del plan. Los otros son Ponce, Mayagüez, Rincón, Dorado, Manatí, Añasco, Lajas y Aguadilla.

Hay 35 municipios costeros que aún no han completado sus preparativos para obtener el reconocimiento.

Según Christa Von Hillebrandt, directora del PRTWMC, los mapas de la entidad que dirige revelan que el litoral oeste sería el más afectado en caso de un maremoto, específicamente la ciudad de Mayagüez.

“En Mayagüez viven unas 20,000 personas en la zona que es susceptible a inundación por maremoto”, dijo. “En esa zona, dentro de la cual hay nueve escuelas, el agua podría entrar como hasta un kilómetro”.

Precisamente en esa zona, según el director de la Red Sísmica, Víctor Huérfano, los letreros que indicaban las rutas de evacuación y alertaban que era zona de tsunami fueron robados por ciudadanos que luego los vendían en plantas de recolección de aluminio.

A manera de comparación, en el reciente sismo de Chile, hubo reportes de que el mar se adentró hasta unos dos kilómetros de la costa y de marejadas de seis metros.

En la zona costera y turística entre San Juan y Carolina, por ejemplo, llena de condominios y hoteles, las partes designadas como inundables no llegan muy lejos, pero dada la alta densidad poblacional y la cercanía de las estructuras a la costa, existe cierta preocupación en Von Hillebrandt.

Y es que según el ingeniero estructural y experto en estructuras sismoresistentes, José Martínez Cruzado, los edificios no se diseñan contra maremotos, aunque muchos de ellos han sido construidos con columnas en la primera planta para evitar la resistencia del agua en caso de un impacto de ola.

“Hay múltiples problemas, porque esos edificios están sobre suelo arenoso que es licuable”, dijo. “Sin embargo eso no implica que vayan a colapsar. Lo que sí es que requiere un esfuerzo mayor por mejorar el terreno y los cimientos, y preguntarse si eso se hizo”.

Los mapas de zonas susceptibles a tsunamis incluyen a una de las pistas del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y en partes podría alcanzar hasta el expreso Román Baldorioty de Castro.

Es por ello que en Isla Verde ya se han colocado advertencias de tsunami y otras que indican las rutas de desalojo en una emergencia, aunque estas últimas, según observó El Nuevo Día, no indican con flechas cuál es el camino a seguir.

El director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), Heriberto Saurí, admitió que hay que comenzar a educar a un pueblo que nunca ha vivido la experiencia de un terremoto ni de un tsunami.

Para ello han comenzado “agresivas campañas” masivas con la Red Sísmica a través de los medios de comunicación, que incluyen un simulacro que se realizará el 24 del corriente.

La AEMEAD tiene además en su portal cibernético un modelo de plan de emergencia que los ciudadanos pueden llenar, regresar a visitarlo y actualizarlo periódicamente con la idea de que los planes de la mayoría sean uniformes.

Igualmente, ha emprendido una campaña para identificar edificios públicos y condominios en los que hay que colocar letreros que alerten a las personas sobre qué hacer en caso de terremoto y tsunami. “Tomando en cuenta que nunca hemos vivido una experiencia como esta, contemplamos que haya un poco de confusión, pero la preparación estará ahí tanto a nivel organizativo como en la práctica”, dijo Saurí.

“Lo que sí enfatizamos es en que lo más urgente es que el ciudadano individualmente se prepare, que tenga un plan de emergencia, lo revise, lo practique”, advirtió.

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Por Joel Ortiz Rivera / joel.ortiz@elnuevodia.com

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El hecho de que haya temblado la tierra tan cerca como en Haití o tan lejos como en Chile con poco más de un mes de diferencia no debe ser motivo para que los puertorriqueños piensen en las posibilidades de que el próximo sismo de fuerza mayor -o su subsecuente maremoto- vaya a ser aquí o cerca.

Tampoco lo debe ser el dato de que el último gran terremoto en la Isla fue en el 1918 -hace ya casi un siglo y el cual fue acompañado por un tsunami-, sobre el que pesa la creencia de que 'ya es tiempo de que nos toque'.

Aquel evento, registrado a las 10:14 a.m. de 11 de octubre en la zona oeste, alcanzó el 7.3 en la escala de Richter, reclamó 116 vidas y provocó más de $4 millones en pérdidas, algo considerable en aquella época.

Entre cuatro y siete minutos después, según recuentos históricos, el mar se recogió y una ola de aproximadamente 20 pies (6 metros) arrasó el litoral noroeste en pueblos como Aguadilla, y derribó y arrastró lo que el terremoto no consiguió.

Según el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano, la posibilidad de un evento de este tipo está latente en la Isla los 365 días del año, por lo que los residentes deberían acostumbrarse a la idea de que puede suceder en cualquier momento y aprender a diseñar y practicar planes de contingencia tal cual se hace para la temporada de huracanes.

No obstante, los códigos de construcción con los que tienen que cumplir todos los proyectos en Puerto Rico desde 1987, así como otros que han estado vigentes por casi medio siglo en la Isla, hacen pensar a algunos científicos y funcionarios de gobierno que es muy difícil que aquí se reproduzca un escenario desolador parecido al de Haití.

De hecho, la directora del Puerto Rico Tsunami Warning and Mitigation Program, Christa Von Hillebrandt, dijo que una comparación hecha por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tras los eventos de Puerto Príncipe, concluyó que si en Haití se construyese como se hace en Puerto Rico, en vez de registrarse 200,000 muertes se habrían visto sólo 2,000.

¿Por qué Puerto Rico?

La isla está localizada en una zona de alta actividad sísmica, según ha determinado en sus estudios el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y diversos geofísicos de universidades locales, estadounidenses e internacionales, entre ellos la Red Sísmica. La magnitud de esta actividad, sin embargo, es mínima. El promedio es de 2 y 3.5 grados en la Escala Richter, que son apenas sentidos por la población.

Puerto Rico está catalogado por FEMA como Zona 3 en actividades sísmicas, en una escala del 0 al 4. California está en la 4.

Sin embargo, hace casi una década, el USGS detectó fallas geológicas sobre suelo boricua.

“Sabemos que hay fallas porque la Red Sísmica localiza eventos (menores) dentro de la Isla todo el tiempo”, dijo el ingeniero estructural José Martínez Cruzado, especializado en construcciones antisísmicas de hormigón.

“Es importante que se sigan haciendo estudios de localización de fallas, especialmente en el área de Guayama, donde se están registrando muchos sismos. Si hallamos una falla allí, Puerto Rico podría pasar a Zona 4 y habría que diseñar estructuras más resistentes a las que hay hoy día”, agregó.

Miembro de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Martínez Cruzado dijo que la función de los códigos de construcción es que las estructuras se diseñen y construyan de manera que, aunque sufran daños severos durante un terremoto, se mantengan en pie.

Explicó que el código de construcción estándar más reciente es el International Building Code (IBC) del 2009, que el Gobierno de Puerto Rico ha querido adoptar tras los eventos en Haití. El que está en efecto es el Uniform Building Code del 1997.

La comisión de terremotos del CIAPR estudió y enmendó el IBC anterior, del 2006, para ajustarlo a la realidad local. Según Martínez Cruzado, ese documento se le presentó a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), que celebró vistas públicas en octubre de 2008. Las vistas fueron suspendidas ante la proximidad de las elecciones y luego, con el cambio de gobierno, no se supo más del proceso hasta el terremoto en Haití.

A pesar de los códigos y especificaciones de construcción, Martínez Cruzado expresó dudas de la supervivencia de estructuras vitales en caso de terremoto. Entre ellas mencionó hospitales, escuelas, puentes, carreteras y represas, debido a que muchas fueron construidas décadas antes del 1987, cuando se adoptaron los primeros códigos para construcciones con detalles sísmicos.

“En mi opinión, no estamos listos”, dijo.

El secretario de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorat, sostuvo que aunque puentes y carreteras hayan sido construidas antes de ese año, los que son estatales se construyen con materiales y especificaciones regidas por estándares federales que existían desde antes de la década de 1970, cuando se construyeron por ejemplo, la autopista Luis A. Ferré y sus puentes elevados.

Agregó que por exigencias federales, los 2,000 puentes que su agencia tiene a cargo se inspeccionan cada dos años y se emite un informe de su estado a nivel federal.

A Martínez Cruzado le preocupa también la falta de fiscalización de las construcciones y de que se cumpla con los códigos.

Sobre esto, el director de la ARPE, ingeniero Jorge García, explicó que la nueva Oficina del Inspector General, que se encargará de emitir todos los permisos de construcción, asumirá esa fiscalización. “Esa oficina tendrá la capacidad para fiscalizar, realizar auditorías y dar entrenamientos a los profesionales. Se van a ofrecer cursos y exámenes para luego poder emitir certificaciones”, dijo García.

Indicó que además de mejorar la capacitación de los profesionales de la construcción y el diseño, la Oficina tendrá una comisión permanente que revisará los códigos de construcción entre 3 y 5 años, en vez de cada 10 como es ahora.

Aunque no es su área, el titular de ARPE dijo saber que el gobierno, a través de asignaciones provenientes de fondos ARRA, ya atiende los problemas estructurales de las 1,500 escuelas públicas, las cuales según Martínez Cruzado tienen problemas pero son rehabilitables para ser más seguras en casos de sismos.

Martínez Cruzado también señaló la gran cantidad de viviendas construidas en zancos en las áreas montañosas. Explicó que las montañas generan lo que se conoce como amplificación sísmica y aunque la casa esté bien construida, tienen base frágil que puede ceder con un deslizamiento o con el movimiento telúrico.

Martínez Cruzado y Huérfano dijeron que en Puerto Rico se construye para que las estructuras resistan un máximo de 8 grados en la escala de Richter, y en ese nivel es que -durante años- han concordado distintos científicos que sería el evento máximo que podría producirse en la Trinchera de Puerto Rico, ubicada al norte.

Por ende, si la construcción se hizo de acorde a los códigos, debería ser resistente.

“Un punto que enfatizo es que nuestra situación es más privilegiada que la de Haití. Hay que reforzar estructuras, pero contamos con códigos que ellos no tienen. Hay mejores métodos de construcción y de diseño; tenemos los científicos y la maquinaria para estudiar fenómenos; sabemos donde están las fallas y cuál es el potencial de cada una. Pero no sabemos cuando va a temblar”, concluyó Huérfano.

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Por Mildred Rivera Marrero / mrivera1@elnuevodia.com

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Muchos médicos creen que el rechazo de un paciente a recibir transfusiones de sangre puede representar, no sólo un conflicto ético por interferir con su entrenamiento de salvar vidas, sino la posibilidad de costosas demandas en caso de fallecimiento, según galenos y pacientes entrevistados.

Para el paciente, esa presunción no sólo le limita el acceso a recibir atención médica, sino que interfiere con su derecho a la intimidad, a decidir qué tratamientos está dispuesto a recibir. En el caso de los miembros de la iglesia Testigos de Jehová, su rechazo es cuestión de fe, según sus interpretaciones de los textos bíblicos.

“Si viene un paciente que es Testigo de Jehová y necesita cirugía yo digo que no, porque si pasa algo después vienen las demandas, aunque esa persona se haya negado a recibir sangre”, dijo un galeno que prefirió no identificarse.

Algunos médicos dicen que “no pueden tener las manos amarradas cuando llevan a un paciente a la sala de operaciones”, afirmó el cirujano cardiovascular, Iván González Cancel, quien es el especialista del Centro Cardiovascular y del Caribe que más adeptos de los Testigos de Jehová ha operado. Le ha realizado esa complicada intervención quirúrgica a 110 pacientes.

González Cancel comenzó a operar creyentes de los Testigos de Jehová en 1995 porque comprendió que no recibían servicios adecuados. Además, porque “las razones de fe no se pueden decidir con lógica”.

Al igual que González Cancel, otros médicos e instituciones han respetado la decisión de los pacientes sobre las transfusiones de sangre. En Puerto Rico existe la doctrina del consentimiento informado, en la que se reconoce el derecho de todo paciente de tomar decisiones sobre la intervención médica a la que se someterá. Sin embargo, no existía una expresión del más alto foro judicial.

El caso Luz E. Lozada Tirado v. Roberto Tirado Flecha y la Congregación Testigos de Jehová, resuelto el 27 de enero pasado, no deja dudas del estado de derecho vigente. La determinación sostiene que “el rechazo a tratamiento médico como parte de una objeción de consciencia o por motivos religiosos debe ser respetado en toda persona que goce de sano juicio”.

Esa decisión debería propiciar que más médicos acepten esos pacientes, anticipó González Cancel.

“Esta determinación facilita que la comunidad médica esté más receptiva a esa decisión del paciente. Elimina el temor del galeno de que puede ser demandado. Tenemos que entender que el paciente tiene derechos y tiene derecho a rehusar tratamiento”, declaró el cirujano.

El ex presidente del Colegio de Abogados, Julio Fontanet, coincidió al señalar que “si algo bueno tiene la decisión es que releva de responsabilidad a los médicos cuando el paciente decide, de manera ilustrada, no recibir algún tipo de tratamiento. Bajo el estado de derecho que existía antes, el médico estaba a expensas y podía decir: 'hasta que esto no esté claro no te puedo atender'. Ahora está claro. Si el estado de derecho dice que la persona puede rechazar tratamiento, no tiene implicaciones éticas ninguna”.

De acuerdo con el profesor de bioética de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, Jorge J. Ferrer, el derecho del paciente a rechazar tratamiento “es un principio sólidamente establecido, tanto en la bioética como en el bioderecho”.

A pesar de eso, el presidente del Colegio de Médicos, Eduardo Ibarra, dijo que el médico tiene derecho a denegar la atención al paciente si tiene un conflicto ético, como ha ocurrido en el caso de los abortos.

Por esa diversidad de opiniones “el efecto de esta decisión está por verse”, señaló el portavoz de la iglesia Testigos de Jehová, Reinaldo Candelaria.

“Como toda decisión importante del foro judicial más alto, siempre hay un periodo de prueba. Los médicos deben sentirse más seguros de que el respeto que demuestran a la decisión del paciente ahora tiene el aval de los tribunales”, sostuvo.

Candelaria afirmó que mientras más sabe el médico de las técnicas existentes para reducir la pérdida de sangre, más tranquilo está con atender a estos pacientes.

La decisión del Tribunal Supremo, sin embargo, deja intacta la práctica cuando se trata de menores. Si un menor requiere transfusión de sangre y él o sus padres se oponen, el médico puede acudir al Tribunal para que se ordene dicho tratamiento.

El director médico del Centro Cardiovascular, José Novoa, opinó que “eso es otro cantar porque el Estado tiene que proteger al niño. Hemos tenido que ir al Tribunal donde hemos puesto la vida del infante primero y nos han ordenado que se proceda a dar lo que sea necesario”.

Candelaria indica que en casos que han involucrado a un menor que tiene más de 16 años, algunos jueces han decidido escuchar la opinión del joven.

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Por Aura N. Alfaro / aalfaro@elnuevodia.com

La Universidad del Turabo (UT) inauguró un nuevo espacio en el recinto para la búsqueda de alternativas y soluciones a la problemática energética y de desperdicios sólidos en la Isla, que se conocerá como el Puerto Rico Energy Center (PREC).

El PREC es un proyecto conjunto de la UT con la Iniciativa Tecnológica Centro Oriental (Inteco), construida a una inversión de más de $2 millones, informó Dennis Alicea, rector de la UT.

Puerto Rico Energy Center se concentrará en la investigación, demostración y educación en las áreas de energía renovable y alterna, explicó Amaury Malavé, director ejecutivo del nuevo centro.

Un total de 12 personas ya laboran en el lugar, entre ellos profesores, investigadores, y estudiantes graduados y subgraduados, en proyectos de investigación energética de caracterización y de síntesis de materiales, almacenamiento de energía, y de energías alternas y eficiencia, con $1 millón en adjudicaciones de fondos federales, dijo Alicea.

“También estamos buscando colaboraciones con expertos en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa”, dijo Malavé.

Alicea agregó que el centro funcionará con un presupuesto para sueldos y gastos recurrentes de operación de la estructura de unos $300,000 anuales, asignados a la UT e Inteco.

“Con este proyecto esperamos impulsar el desarrollo de tecnologías, procesos y productos con potencial para generar patentes”, dijo por su parte el alcalde de Caguas, William Miranda Marín, quien preside la junta de directores del centro.

Miranda expresó que también se espera que atraiga otros proyectos de energía amigables al ambiente, que contribuyan al desarrollo económico y la competitividad de la región.

Además de laboratorios investigativos en su interior, en su periferia, formando un complejo de instalaciones, Puerto Rico Energy Center tiene un sistema de paneles fotovoltáicos, que proveerá la energía que requiere el centro, y exportará el exceso mediante una conexión de “medición neta”.

En el mismo complejo hay una casa ecológica Solaria, construida con nuevos materiales y tecnologías, que se autoabastece de energía solar y agua.

Para visitar el PREC, llame al 787-743-7979, extensión 4731, o visite la página del PREC.

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Por Marga Parés Arroyo / Mpares@elnuevodia.com

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Mientras los casos sospechosos de dengue siguen en alza y la región de Caguas se pone ‘caliente’ en términos de transmisión del virus, el secretario de Salud, Lorenzo González, minimizó ayer la ayuda que pudiera proveerle la Organización Panamericana de la Salud para controlar la epidemia.

Según reportó la doctora Martha Patricia Cano, directora del Programa de Prevención de Dengue, personal de la Organización Panamericana de Salud le notificó su intención de poner a disposición de la agencia recursos adicionales. Sin embargo, el titular de Salud agradeció la ayuda pero recalcó que prefiere mantenerse “con la oficialidad del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)”.

Caguas, según se informó ayer durante la conferencia de prensa, ha reportado 67 casos sospechosos esta semana, lo que denota un aumento de 31 casos más en comparación con la semana anterior.

Entre los pueblos con mayor cantidad de casos sospechosos reportados esta semana, Cano mencionó a Juncos (14 casos), Humacao (12), Las Piedras (8) y Yabucoa (14), todos pertenecientes a la región de Caguas.

Además se informó que con 244 presuntos casos reportados esta semana en el Informe Semanal del Sistema de Vigilancia ya suman 1,532 las personas posiblemente infectadas.

Por su parte, González reconoció que la Subdivisión de Dengue del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) alertó ayer que por tercera semana consecutiva el nivel de notificación de casos está “por encima del umbral epidémico”.

Como es usual, el informe que emite el CDC tiene tres semanas de retraso (5 al 11 de febrero).

Además de anunciar una serie de adiestramientos y de compra de maquinaria para asperjar, González informó que se espera que la próxima semana inicie una campaña de prevención de dengue bajo el lema de “Mata el mosquito”.

Ayer se anunció la confirmación de otro caso de dengue hemorrágico, un joven de 22 años del municipio de San Juan, lo que asciende a seis los casos de dengue hemorrágico confirmados por el CDC en lo que va de año.

También se dijo que la Junta de Licenciamiento añadió un curso sobre el manejo y detección del dengue dentro de su programa de Educación Médica Continua.

Dentro de los Planes de Emergencia que se activaron, Cano anunció que se abrieron más centros de recogido de muestras en los municipios para fortalecer el sistema de vigilancia de la agencia. Además, se está haciendo un inventario en los municipios más grandes para identificar la capacidad de camas en los hospitales. Esto, ante la posibilidad de un aumento dramático en las hospitalizaciones.

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Por Edwin J. Rodríguez Rivera / edwin.rodriguez@elnuevodia.com

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Nota del editor: Esta es la segunda de dos historias.

La Reserva Marina Tres Palmas se ha convertido en un poderoso gancho de publicidad para que las hospederías de Rincón atraigan turistas internacionales y locales, según un estudio realizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL).

“Hay un gran interés en la Reserva de Tres Palmas. La gente está viniendo a verla y está interesada en conservarla. Es que es increíble. Tú das dos pasos y te arrodillas debajo del agua y ves toda la vida marina. Peces, tortugas y los corales… es impresionante”, expresó el director del CIEL, Manuel Valdés Pizzini.

En palabras del recreacionista marino Ruperto Chaparro, Rincón posee la “gallinita de los huevos de oros”, en cuanto a turismo de naturaleza se refiere.

El “snorkeling”, el surfing, el ciclismo por la carretera 413 y la fotografía son algunas de las actividades que atraen a diversos turistas hasta Tres Palmas.

“Todo esto es recreación. La recreación es más importante que el turismo pues el puertorriqueño está 12 meses en la Isla y representa un impacto mayor en la economía”, afirmó el también director del Programa Sea Grant de la UPR.

Según Chaparro, el concepto de turismo de naturaleza es distinto al turismo que se vende en la Isla: un turismo de sol y playa, en el que predominan los grandes hoteles.

“No hay una política pública del Gobierno en torno a promover el turismo de naturaleza. Hay que diversificar nuestro atractivo turístico. Siempre son el mismo tipo de proyectos: el hotel grande, con el casino, campo de golf con el ‘time sharing’. Y se sabe que el turismo de naturaleza y ecoturismo son los renglones que más están creciendo”, coincidió María Juncos, directora del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Metropolitana.

Pero con todo el potencial económico, turístico y recreativo que ofrece Tres Palmas, ¿cómo se puede desarrollar el área, sin destruir su frágil ecología y valor estético?

“Cualquier tipo de proyecto o desarrollo cerca de la Reserva Marina Tres Palmas, debe ser sustentable. De manera que no solo beneficie al desarrollador, sino también al pequeño comerciante, los residentes y los visitantes”, apuntó el planificador Carlos Carrero.

Por su parte, María Juncos explicó que algunas características para que una estructura se considere sustentable son: que la construcción controle la erosión y sedimentación, proteja la flora y la fauna y que la estructura no tape el aspecto visual del recurso. También utilizan materiales reciclados en su construcción y la gente de la comunidad se convierten en los proveedores de servicios y vigilantes de la reserva.

“Cuando hablo de bajo impacto, hablo de eco-hospederías en las que se enfatice la conservación y reciclaje de agua. También son estructuras que utilizan energía renovable”, abundó María Juncos.

Asimismo, Ruperto Chaparro opinó que otra alternativa de desarrollo para Tres Palmas es un pequeño centro de información para educar a los visitantes sobre la biodiversidad marina de la reserva y sobre el uso adecuado de la misma.

“Puede ser un edificio en madera, unos baños de composta y se deja una zona de amortiguamiento con vegetación… pero el Gobierno tendrá que arrendar o comprar los terrenos frente a Tres Palmas porque no nos podemos correr el riesgo de que vayan a construir unos condóminos al frente”, concluyó el recreacionista marino.

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Por Marie Custodio Collazo / mcustodio@elnuevodia.com

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¿Puede Puerto Rico competir con China en la generación de conocimientos, o los boricuas deben darse por vencidos y buscar otra vía de desarrollo económico?

Para Antonio García Padilla, ex presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Isla tiene posibilidades y sugirió que la investigación se debe enfocar hacia nichos en los que los puertorriqueños tengan la oportunidad de añadir valor.

“Tenemos la capacidad de generar conocimiento exportable a personas que comparten nuestros marcadores genéticos, patrones de alimentación y exposición ambiental. Ese es el nicho al que debemos aspirar”, manifestó el ex presidente de la UPR, en referencia a la investigación y desarrollo de tratamientos médicos que tengan mayor efectividad en las poblaciones latinas.

Al presente, investigadores radicados en la Isla también exploran remedios para enfermedades típicas del trópico, como el dengue. Uno de ellos es el doctor Juan Carlos Zevallos, del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, quien participa en un estudio para desarrollar una vacuna contra el dengue.

García Padilla también opinó que Puerto Rico tiene que sacar partido a la alta concentración de empresas del segmento de las ciencias vivas, para poder ubicarse más arriba en la cadena de valor y no conformarse con la manufactura de medicamentos. No obstante, el ex presidente de la UPR, vinculado con inversiones importantes en el área de investigación, resaltó que para aprovechar las ventajas, el País tiene que entender cómo opera su base industrial para saber las posibles vías de movimiento dentro de ese sector, que lleva cuatro décadas establecido aquí.

Sin embargo, la gerencia puertorriqueña de estas empresas multinacionales ha comenzado a dar pasos para atraer fases de investigación y desarrollo de productos a la Isla. En el 2009 se inauguraron dos laboratorios de desarrollo, en Merck y la antigua Wyeth (hoy Pfizer). Con esto, las plantas tienen la posibilidad de elaborar los procesos y la formulación para la manufactura de nuevos medicamentos.

Además, Daneris Fernández, vicepresidenta de operaciones de manufactura de Merck y presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico, anunció en octubre pasado que la organización tiene planes de unirse al consorcio de investigación INDUNIV para transformarse en la Asociación de Industria de las Ciencias Vivas (Life Science Industry Association).

La ejecutiva indicó que la nueva asociación incorporará todo el sector de ciencias vivas, que incluye las 20 farmacéuticas establecidas en la Isla, los suplidores del sector, y universidades locales y del exterior, con el objetivo de crear conglomerados dedicados a la investigación y desarrollo, y al aspecto comercial.

Fernández reconoció que la industria farmacéutica local se ha enfocado en manufacturar productos y exportarlos a Estados Unidos, y con la creación de la Asociación de Industria de las Ciencias Vivas lo que se busca es promover agresivamente la investigación y desarrollo. Con esto, los integrantes de la industria aspiran a alcanzar economías emergentes como Brasil, India, China y Singapur, y así poder atraer nueva inversión a la Isla.

Conocimiento práctico

Mientras que el ingeniero Jorge L. Rodríguez, presidente y fundador de la firma local Paciv -con oficinas en Indiana e Inglaterra-, resaltó que en la Isla ya hay conocimiento acumulado en las empresas que dan servicios a las grandes corporaciones de las ciencias vivas, lo que representa una ventaja competitiva para Puerto Rico.

“Los otros países no tienen el ecosistema de empresas que hay aquí para atender a esa industria. Si Puerto Rico logra descifrar cómo elevar la manufactura a otro nivel, con la industrialización del servicio, puede hacer que las empresas vean que es mejor quedarse aquí que irse a la India o Singapur a empezar de cero”, expresó Rodríguez, cuya firma sirve a las corporaciones de ciencias vivas en la Isla y el exterior.

Añadió que los suplidores locales, en colaboración con la gerencia puertorriqueña de las manufactureras, pueden desarrollar modelos y procesos innovadores que generen eficiencias, que a su vez se puedan replicar en otras instalaciones.

“Y de ahí tenemos que promover la globalización de estas empresas de servicios para que exporten el conocimiento... Tenemos que visualizar que nuestras empresas pueden servir al mundo entero”, exhortó.

Para García Padilla, precisamente, una de las claves para lograr insertarse en la economía del conocimiento, es convencer a la sociedad puertorriqueña de que tiene la capacidad para innovar y generar conocimiento valioso que se puede exportar. Puntualizó que, en ese renglón, las universidades son vitales para infundir a la ciudadanía confianza en el potencial del País para acometer proyectos de envergadura.

Innovación urgente

En tanto, Cyril Meduña, presidente de la firma de capital de riesgo Advent-Morro, estimó que a los boricuas les quedan unos cinco a diez años para explotar su pericia en el sector de las ciencias vivas debido a la pérdida de competitividad frente a otra jurisdicciones.

Señaló que la economía del conocimiento ha sido una apuesta exitosa en otras jurisdicciones, como Ohio, donde el gobierno hizo una inversión “enorme” para enfocar las universidades en el área tecnológica y atraer científicos e investigadores de excelencia.

Además, mencionó que los esfuerzos de dicho estado por redirigir la economía de Ohio hacia el conocimiento generó 135,000 empleos en 15 años.

“El conocimiento genera riqueza... La gente joven tiene que asegurarse de que eso mismo ocurra en Puerto Rico. Inicialmente, vamos a tener que importar estos investigadores para insertarnos en la economía del conocimiento. Ohio hizo una inversión a largo plazo, pero no fue para crear empleos en la manufactura. No está compitiendo con Puerto Rico para traer manufactura, sino que Ohio quiere atraer investigadores de excelencia”, puntualizó Meduña.

Durante la presidencia de García Padilla, la UPR desarrolló y construyó el centro de Ciencias Biomoleculares, primer edificio isleño dedicado a la investigación científica. Así como el centro comprensivo de cáncer en las instalaciones del Recinto de Ciencias Médicas, en el que se realiza investigación avanzada sobre la incidencia de esta enfermedad en Puerto Rico y América Latina, además de diseñar nuevas drogas y tratamientos para los pacientes.

Asimismo, el Gobierno actual someterá pronto una medida para designar un distrito de las ciencias, cuyo centro será la antigua cárcel de Oso Blanco, y en el que se construirán laboratorios, viviendas y otras amenidades para viabilizar la creación de una comunidad atractiva para científicos de alto nivel.

Como parte de las iniciativas para atraer a estos investigadores, en septiembre de 2009 entró en vigor la Ley de Incentivo Contributivo a Investigadores Científicos, que le otorga exención contributiva a científicos e investigadores, que cumplan con determinados requisitos, y trabajen en universidades de la Isla.

No obstante, para el economista Diego Iribarren, la aspiración de convertirse en un centro de innovación puede ser una aspiración que le queda grande a una isla de 4 millones de habitantes, al enfrentarse con gigantes como China con una población mayor y, por ende, un número más alto de mentes innovadoras entre sus habitantes.

“Pienso que los países se van a especializar donde tengan ventajas competitivas... En Puerto Rico la generación de patentes es muy baja y no hay suficientes laboratorios. Por eso me parece más práctico pensar en qué punto de la cadena de valor nos podemos insertar de forma competitiva”, reflexionó Iribarren.

En tanto, Meduña difirió al insistir en que si se invierte en la creación de un ambiente propicio para la investigación, se puede comenzar a atraer científicos de alto calibre para acelerar la generación de conocimiento mercadeable.

“El conocimiento lo lleva la gente. Si creamos los centros de excelencia, los chinos van a venir acá, según nosotros podríamos ir a China”, añadió el inversionista.

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Por Edwin J. Rodríguez Rivera / edwin.rodriguez@elnuevodia.com

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Salva Tres Palmas - The Film from Surfrider Foundation on Vimeo.

Nota del editor: Esta es la primera de dos historias. Busca la segunda parte mañana.

El presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales Vargas, informó que su agencia adoptó el Plan de Manejo de la Reserva Marina Tres Palmas (RMTP) de Rincón, el pasado diciembre, decisión que no había sido hecha pública hasta hoy.

Este plan delinea las condiciones y guías a seguir a la hora de utilizar los recursos marinos que se quieren preservar en Tres Palmas.

Así las cosas, la decisión de la JP es un triunfo para el pueblo rincoense pues el plan en cuestión representa los intereses de todos los sectores de la comunidad, que en el 2008 culminó el documento, luego de año y medio de consultas al pueblo, realizadas por la Junta de Manejo de la Reserva.

¿Por qué no se había revelado antes?

La decisión de adoptar el plan de manejo de la Reserva Marina Tres Palmas no se había anunciado antes porque la agencia está por concluir un análisis legal. El trabajo realizado hasta ahora apunta a que no existe estatuto legal que obligue a la JP a tener la firma del Gobernador para adoptar el plan de manejo, según indicó el presidente de la junta Héctor Morales Vargas.

Sin embargo, el planificador Carlos Carrero, miembro de la Junta de Manejo de la Reserva, explicó que a principios del 2009 la JP recalificó los terrenos de toda la Isla, de manera que en zonas en que sólo se podían desarrollar construcciones de bajo impacto ambiental (como los terrenos frente a Tres Palmas), ahora se permitirían construcciones de tres y cuatro pisos.

En términos técnicos, todos los terrenos calificados como Residencial Turístico del 0 al 3 (RT 0-3) ahora se agrupan dentro de la calificación Residencial Turístico Intermedio (RTI).

Asimismo, la Junta declaró toda la costa de Rincón hasta Añasco como Zona de Interés Turístico. Y estos terrenos costeros quedaron agrupados en la calificación RTI. Según Carrero, no se consideró en los planos el hecho de que estas costas incluyen los terrenos aledaños a la Reserva de Tres Palmas.

“Eliminar las otras calificaciones (RT 0-3) es erróneo porque cada terreno es distinto y debe evaluarse por separado para calificarlo. Uno de los peligros es que cuando proliferan las construcciones se genera el mismo efecto de sedimentación. En el área de la reserva no lo recomiendo”, precisó Carrero.

El sentir que recogió ELNUEVODIA.COM luego de entrevistas con oceanógrafos, recreacionistas marinos, planificadores y algunos surfers y negociantes rincoeños, es el temor a que la Zona de Interés Turístico destruyera el valor estético, ecológico y turístico-económico de Tres Palmas.

Esto, porque la reserva marina sólo protege el recurso natural que está en el agua y la zona marítimo terrestre. No están protegidas las áreas verdes que van desde la carretera 413 hasta la playa.

“La reserva marina es en el agua y la colindancia inmediata de la reserva es una porción de terrenos calificada como ‘Conservación de Recursos’. El frente marítimo tiene una protección de recursos que no permite ningún tipo de desarrollo. Luego de ese frente marítimo-terrestre entonces viene la Zona de Interés Turístico, calificada como RIT (esto son las áreas verdes frente a la playa)”, confirmó la Junta.

A pesar de que la calificación RIT sí permite construcciones y así representa un riesgo para la reserva marina aledaña, Héctor Morales Vargas aseguró que Tres Palmas no corre peligro.

“El hecho de que (los terrenos aledaños a la reserva) tengan esa calificación no implica que puedas construir lo que te dice ese distrito... En ese lugar hay unas condiciones especiales de una reserva marina, de conservación de recursos y de una ruta escénica. Hay que considerar el Plan de Manejo que se presentó para evitar factores que la afecten. Eso es una responsabilidad total de los que pasen juicio de lo que se vaya a desarrollar allí y hoy somos nosotros: la Junta de Planificación”, afirmó Morales Vargas.

El ingeniero citó la disposición de Casos Especiales del Reglamento de Calificaciones de la JP, que impediría cualquier desarrollo desmedido en los terrenos de Tres Palmas o de cualquier otra zona de la Isla que presente “condiciones ambientales, estéticas o bellezas excepcionales”, entre otras características.

No obstante, expertos en biología marina consultados por este diario, hicieron hincapié en que los movimientos de tierra necesarios para construir son un peligro mortal para los corales. Una vez la tierra queda suelta, las lluvias la llevan al mar, donde es depositada sobre el arrecife.

“Lo que pasa es que la Reserva de Tres Palmas contiene el acropora palmata (coral cuerno de alce) que está en peligro de extinción. Es uno de los arrecifes principales que todavía queda vivo. Y este es uno de los corales menos tolerantes al sedimento”, manifestó el oceanógrafo Jorge R. García.

Esta es una de las condiciones ambientales que ha generado un consenso entre los diferentes sectores de la comunidad rincoeña que en noviembre pasado expresaron el rechazo al nuevo Reglamento de Calificación y la Zona de Interés Turístico (ZIT) que presentó la Junta de Planificación.

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Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com

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Imagina recibir en tu teléfono celular un alerta que diga: “Tsunami en 20 minutos por la costa de Mayagüez”.

Podría parecer ilusorio en este momento, pero es algo que está en los planes de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) y el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

El dato salió a relucir ayer durante el Seminario para Maestros y/o Directores de la Avanzada de Preparación para Terremotos y Tsunamis organizado por la arquitecta Astrid Díaz y la meteoróloga Ada Monzón, en unión al Departamento de Educación (DE) y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres (AEMED).

¿Y los radios?

Una herramienta que sí está disponible ya y que según aseguran varias agencias fue distribuida a todas las escuelas públicas del País y algunas privadas, es el NOAA Weather Radio, un pequeño radio blanco que alerta cuando esta agencia emite alguna información, ya sea de lluvias, inundaciones o tsunamis.

Sin embargo entre los cerca de 400 participantes del seminario predominó la sorpresa cuando el director del Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico, Israel Matos, aseguró que la NOAA había enviado un radio para cada escuela y que los mismos habían sido entregados en coordinación con el DE. En el DE se indicó que la agencia a cargo de distribuir los radios y adiestrar a los directores fue la AEMED y Heriberto Saurí, director de esta última, lo confirmó. “El año pasado entregamos entre las escuelas públicas y privadas alrededor de 3,800 radios NOAA”, aseguró Saurí. “Se le entregaba directamente al director y se le daba la información de cómo utilizar el radio”, agregó.

Elín Cintrón, presidente de la Organización de Directores y Administradores de Escuelas de Puerto Rico, reaccionó tan sorprendido como sus colegas cuando se le llamó por teléfono para conocer su reacción.

“Llamé a ocho directores, siete me dijeron que lo tienen, uno me dijo que no y los que dicen que lo recibieron lo tienen allí abandonado porque no lo vinieron a conectar y había que configurarlo por internet, pero ellos no saben”, alegó. Además, aquellos que como él hace unos meses pasaron de ser superintendentes a dirigir escuelas, no conocen del equipo.

Matos explicó que en general cualquier ciudadano puede recibir alertas de NOAA Weather Radio si adquiere radios con banda NOAA, algo que aseguró es muy común en tiendas de equipos electrónicos y económicamente accesible (desde $20 en adelante).