POR: Editorial de El Nuevo Día / 20 de junio de 2010 Cuando la Universidad de Puerto Rico recobre la normalidad institucional, una de sus obligaciones más urgentes debe ser crear un marco de garantías que permita realizar la investigación académica con inmunidad a los conflictos estudiantiles y gremiales, así como a las visiones administrativas distorsionadas que son el pan de cada día. Es lo menos que se puede hacer si Puerto Rico se toma en serio la biociencia como estrategia de desarrollo económico, se enfrentan los retos de mantener las oportunidades de empleo en la manufactura y se prioriza el proyecto de insertarse en la economía del conocimiento, donde el papel de las universidades es vital para lograr los descubrimientos científicos que se traducen en patentes, licencias y regalías. En esa tesitura es menester que nuestro primer centro universitario explore los modelos que han diseñado otras jurisdicciones para proteger la integridad de sus investigaciones y mantener su competitividad. Tómese como ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con un historial de interrupciones académicas como el que exhibe nuestra universidad pública, los profesores y científicos de la UNAM conducen sus investigaciones en institutos con automonía y personalidad jurídica separada y ubicados fuera de los recintos universitarios. En Estados Unidos, el sistema de educación superior de California separa las universidades de investigación de las que se concentran en los estudios subgraduados, o de cuatro años. Con un modelo propio y ajustado a la realidad de la UPR, los 44 investigadores y los 200 estudiantes de tres recintos que laboran en el Instituto de Nanotecnología del Recinto de Río Piedras, por ejemplo, podrían conducir sin interrupciones las investigaciones conducentes al desarrollo de una cubierta de plástico con propiedades antisépticas, el cual tiene buenas perspectivas de comercialización. Su director, el doctor Manuel Gómez, ha informado públicamente que logró una asignación de $30 millones de la Fundación Nacional de Ciencias, pero el desembolso de los fondos ha sido detenido y condicionado a que el Instituto pueda demostrar que reinició en todo su potencial sus investigaciones tras la huelga que dejó huérfanos del mantenimiento especializado a los laboratorios por espacio de 60 días. ¿Qué garantías de continuidad de los trabajos podrá dar este centro de investigación al gobierno federal? Ahora mismo, ninguna. Puerto Rico ya tiene adelantado una base de manufactura de productos biomédicos que muchas de las jurisdicciones que están comenzando en esos menesteres quisieran tener y la cual suple a Estados Unidos el 25% de todos los productos farmacéuticos. Esa plataforma puede nutrirse de la creación de conocimiento que está ocurriendo en nuestras universidades y que, encaminada correctamente con los apoyos del aparato gubernamental, tiene el potencial de elevar los empleos en las biociencias, que eran unos 43,000 en el 2008. Para la propia UPR la investigación puede ser una fuente de ingresos propios en momentos en que su presupuesto cuenta con alrededor de $200 millones menos al año. Este es el caso de la Universidad de Florida que ha estado sumando a su presupuesto por más de 30 años las cantidades millonarias que recibe por concepto de licencia y marca registrada de Gatorade, inventada por un especialista en enfermedades renales en su escuela de medicina en 1965. ¿Por qué entonces seguimos desperdiciando las oportunidades de potenciar las investigaciones? La incapacidad de las autoridades universitarias para garantizar la continuidad de las investigaciones en curso y atraer nuevos proyectos en nada abona a su transformación en una universidad de investigación ni ayuda a mover al País hacia actividades productivas con posibilidades en el marco global. La Universidad de Puerto Rico tiene que lanzarse al diseño de un marco propio de protección de sus investigaciones. Lo contrario sería dejar que una de las áreas que más le representan siga sujeta a los vaivenes de la desidia y de la confrontación.