¿Karso vs. infraestructura?

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Por Abel Vale, Presidente de Ciudadanos del Karso El Nuevo Día Al momento que escribo esta columna el Proyecto de la Cámara 2566 se encuentra en conferencia legislativa. El mismo ha desatado una gran polémica, ampliamente reseñada en los medios del País, ante la insistencia del Gobierno por enmendar la Ley 292 de 1999, que protege el karso en todo Puerto Rico. Las enmiendas propuestas se pueden resumir “en la necesidad de permitir proyectos de infraestructura” necesarios para el bienestar de ciertas regiones del País. Uno de ellos es la continuación de la autopista PR-22 desde el peaje de Hatillo hasta Aguadilla, unos 44 kilómetros a campo traviesa y con ello llegará el progreso a los municipios de dicha región. Por falta de espacio sólo analizaremos esta iniciativa ya que es el proyecto bandera para enmendar dicha ley de protección al karso. Reconocemos que existe al momento un problema de congestión del tránsito en varios tramos de la PR-2 entre Hatillo y Aguadilla. No obstante el decidir por una autopista a campo traviesa, en vez de convertir la PR-2 en un expreso con viaductos, conlleva un impacto inmenso en el agua, la ganadería y bosques en el karso, aunque éstos no son los únicos. Un impacto sumamente importante es la desestabilización y potencial quiebra de cientos de comercios a lo largo de la PR-2, miles de empleos y la pérdida de capital local. Esto se desprende de la DIA preliminar que se había hecho para esta carretera (ahora nos dicen que la DIA-P estaba defectuosa y se descartó) la cual indicaba que de construirse la autopista PR-22 a campo traviesa habría una merma significativa en el tránsito en la PR-2, que no se recuperaría hasta el 2030. Esto obviamente tendría un impacto negativo en el comercio a lo largo de dicha vía y llevaría a la ruina a miles de comerciantes pequeños, así como en las contribuciones municipales y los empleos indirectos que genera dicho comercio. De esta forma no se fomenta la economía de la Isla. Aparte del impacto directo sobre el comercio de dicha ruta, al hacer más carreteras nos hacemos más dependientes y pobres. Por cada dólar que sube el precio del barril de petróleo, la economía de la Isla pierde cientos de millones de dólares que van a las compañías petroleras, dinero que se quedaría en la Isla para sostener la economía y generar empleos. El dinero que se queda en la Isla es el que genera empleos y obviamente cuanto más carreteras se queda menos dinero en la Isla. ¿No es acaso ésta la razón por la que la AEE está desesperadamente tratando de buscar otros combustibles más baratos o fuentes alternas de energía para generar electricidad para sustituir el diesel, un derivado del petróleo? La infraestructura que Puerto Rico necesita es el transporte colectivo bien planificado y eficiente y ha salido en la prensa de que hay planes de construir varios trenes livianos, incluyendo uno por varios municipios del norte. El transporte colectivo por lo general (en la gran mayoría de los países del mundo, incluyendo Estados Unidos) es subsidiado por el Gobierno. El continuar haciendo carreteras nuevas, sin poder siquiera mantener las que ya tenemos, es hacerle la competencia a los sistemas de transporte colectivo que se vayan a construir, lo cual es totalmente un contrasentido. Si al momento el presupuesto del Gobierno está disminuyendo y con déficit y con el margen prestatario casi totalmente comprometido, ¿de dónde va a salir el dinero para mantener más carreteras nuevas y un sistema de transporte colectivo? No existe la necesidad de sacrificar el karso en Puerto Rico, una de las fuentes principales de agua y que sostiene miles de empleos en la agricultura y la manufactura, por unos proyectos de infraestructura como la autopista PR-22 que generará unos cientos de empleos a corto plazo pero que destruirá miles empleos de largo plazo, que destruirá el comercio y el capital, mayormente de puertorriqueños, a lo largo de la carretera PR-2.