Por Por Cynthia López Cabán / End.cynthia.lopez@elnuevodia.com El Nuevo Día La Universidad de Puerto Rico (UPR) arranca su nuevo semestre académico herida por una seria crisis fiscal, que amenaza con descarrilar el proyecto educativo del primer centro docente del País. Debido a un déficit de $200 millones, la administración universitaria implementó un plan de ahorros que congela plazas, ascensos y aumentos, reduce la compra de materiales, recorta la contratación de profesores y diezma la oferta académica, entre otras medidas. A dos meses y medio de la huelga estudiantil, que paralizó el sistema universitario durante 62 días en repudio al anuncio de ajustes presupuestarios, un cúmulo de eventos se conjuga para imprimirle a este inicio de semestre un aire de incertidumbre y desencanto, coinciden profesores consultados por El Nuevo Día.El Nuevo Dí. Por primera vez en la historia de la UPR, una agencia acreditadora coloca en probatoria de forma simultánea a diez de los 11 recintos del sistema, mientras quedan a flor de piel las cicatrices de la huelga y la posibilidad de otro conflicto por la imposición de una nueva cuota, que entra en vigor en enero. Los estudiantes se mantienen en alerta ante el inicio del proceso disciplinario contra los huelguistas y el recurso que se encuentra ante el Tribunal Supremo pidiendo que las huelgas en la institución se declaren ilegales. Pero la condición de la institución se complica, aseguran los entrevistados, por el tímido desempeño del presidente José Ramón de la Torre y la clara injerencia de la política partidista en los procesos y decisiones de la institución. Según se sabe, algunos de los principales asesores o ayudantes de De la Torre están allegados al PNP, figurando entre ellos Ángel Cintrón, quien fuera el director de campaña de Luis Fortuño, el asesor legislativo Gerardo Flores, y Alexis Rivera Gandulla, protegido del secretario de la gobernación, Marco Rodríguez Ema e hijo del publicista del PNP, Pedro Rivera Casiano. “Este va a ser un inicio de semestre y de año académico desafiante”, advierte Ángeles Molina Iturrondo, ex decana de Educación del Recinto de Río Piedras. ¿El primer reto? Salvar la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education. Esta certificación es necesaria para que la UPR garantice la inyección anual de sobre $200 millones que recibe de ayudas federales, como la beca Pell. Tras la huelga, la agencia acreditadora degradó diez recintos por incumplir con los requerimientos de gobernanza, liderazgo y ofrecimientos académicos. Sólo escapó Ciencias Médicas, que no participó del conflicto. La entidad requiere un modelo de gobierno que defina claramente los roles de sus miembros en torno al desarrollo de políticas y la toma de decisiones. Además, identificó fallas en el renglón de recursos y finanzas. Falta un plan El otro reto de la UPR son sus finanzas. A corto plazo, la rectora interina del Recinto de Río Piedras, Ana Guadalupe, propone identificar fondos adicionales de agencias federales y estatales. Conforme a este plan, estableció un equipo de trabajo que maneja la redacción de las diversas propuesta. Insiste además de continuar con un análisis del recinto riopedrense para identificar otras áreas donde se pueda ser costo efectivo. A nivel sistémico, Molina subraya que, la UPR necesita un plan comprensivo para aumentar ingresos y aplacar la crisis, que el año fiscal pasado llevó a la gerencia a tomar un préstamo para pagar la nómina de empleados. Entre el año fiscal en curso y el pasado, la institución perderá $305 millones en fondos por la erosión en ingresos del erario y la Ley 7 de Emergencia Fiscal, anticipó el año pasado el ex presidente Antonio García Padilla. La UPR recibe el 9.6% de las rentas que entran al fisco. Ante este cuadro fiscal, los catedráticos Mario Roche, del Recinto de Río Piedras, y Carmen Elisa Cotto, del Recinto de Humacao, insistieron en la restitución de los ingresos perdidos por la Ley 7. Durante la huelga, se planteó el cobro de los $300 millones en cuentas por cobrar, que se ha acumulado en los pasados años, y un ajuste en el presupuesto para cortar la “grasa” en los contratos por servicios. Ahora y como medida de mitigación al déficit, la Junta de Síndicos aprobó la nueva cuota de $800 al año, que estima generará $40 millones. Esta aportación se usará para tomar otra línea de crédito y encarar la tormenta. “La desmoralización se agudiza cuando no se han tomado las acciones para reducir gastos en la administración central y se siguen otorgando contratos y nuevos nombramientos”, asegura Cotto, cuyo término como síndica claustral venció en julio pasado. Desencanto y preocupación Ese desencanto resuena en otros rincones de la UPR, subrayan Molina y Roche. Molina revela que percibe un sentimiento de mucho “desaliento”. Dice que varios compañeros se han jubilado decepcionados con el rumbo de la Universidad. Otros se acogen al retiro por temor a perder sus beneficios. La tensión acompaña a los empleados que se quedan, quienes tienen que aprender a bregar con las limitaciones del momento, indica Roche. A estos ingredientes, se añade la intervención político partidista. En la institución, persiste un ambiente de desconfianza ante los proyectos que buscan cambiar la Ley Orgánica de la UPR. No es para menos. En cuestión de días se aprobó legislación que elevó de 13 a 17 el número de miembros de la Junta de Síndicos. El cambio ofrece una supermayoría a la facción del oficialista Partido Nuevo Progresista. Y sin mucho ruido, se aprobó una ley que elimina la posibilidad de aprobar decisiones en las asambleas de estudiantes. “Siempre ha habido intervención política partidista, pero en este momento está ocurriendo de una forma más abierta y burda”, apunta Molina. El catedrático de la Escuela de Derecho y analista político, Carlos Díaz Olivo, rechaza esta premisa. Plantea en que la misma intromisión se observó en las administraciones de Luis Muñoz Marín, Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón. Precisamente esta interferencia crea aprensión sobre la presidencia De la Torre. “Su designación ha estado bajo sospecha desde el proceso de selección”, apunta Roche. Se refiere al cabildeo político que se desató durante el proceso que llevó a De la Torre a la presidencia. Ante la ausencia de un liderato capaz de marcar el paso, Díaz Olivo propone aceptar el reto del momento para impulsar proyectos individuales que encaminen la UPR. Para Roche ofrece otra oportunidad. “Este clima nos va a llevar a muchos a ser más rigurosos con el trabajo y el desempeño, en aras de reivindicar este proyecto que se llama la Universidad de Puerto Rico y que muchos han tratado de poner bajo sospecha”.