Ley cosmética para el litoral

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Por Gloribel Delgado Esquilín / Especial para El Nuevo Día endi.com La Ley de Barreras Costeras es una de esas legislaciones federales que se ven muy bien en papel, pero en la práctica, la historia es otra. Así lo aseguraron varios científicos de renombre, un abogado de la Clínica Legal de la Universidad de Puerto Rico y una de los principales oficiales de la industria de seguros en la Isla, que han dado la voz de alerta ante los retos que presenta el cambio climático y las acciones necesarias del Gobierno para evitar mayores pérdidas. Esta ley, conocida como el Coastal Barrier Resource Act de 1982 (COBRA) prohíbe la compra de seguros federales para inundación a estructuras construídas o que se les ha hecho mejoras a partir de su fecha de inicio, en áreas susceptible a marejadas ciclónicas o zonas inundables cerca de la costa. Sin embargo, varios proyectos propuestos en estas áreas vulnerables han sido y siguen siendo aprobados por el Gobierno. Proyectos como Playa Hermosa en Vega Baja y Arenas del Mar en Loíza son algunos de los desarrollos que se están evaluando para estas áreas. Además, los tres proyectos más controvertibles propuestos en años recientes y paralizados por grupos ambientales, San Miguel Four Season y Dos Mares, en los municipos de Luquillo y Fajardo y Costa Serena en Loíza, estaban ubicados en barreras costeras. “Las barreras costeras, son lugares en los que irónicamente el Gobierno de Puerto Rico, los designó como áreas extremadamente sensibles en los 80”, explicó el oceanógrafo Aurelio Mercado, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayaguez (RUM). “La pregunta es ¿quién está subvencionando estas construcciones? ¿Tienen seguros?”, cuestionó el oceanógrafo quien narró que en el estado de Florida tuvieron que crear un fondo para subvencionar los seguros de inundación a propiedades ubicadas en estas zonas que no tenían. “Mi pregunta es si en Puerto Rico van a usar mis contribuciones para pagar algún desastre por estos apartamentos que están construyendo pegados al mar. Este es el único país que va al revés con la aprobación de construcciones en estas áreas tan peligrosas”, dijo. Para el abobado ambiental Pedro Saadé Lloréns, esta medida federal no es suficiente para evitar los desarrollos en costas peligrosas. “No prohíbe la construcción en barreras costeras, pero el Congreso te dice, ‘el seguro que yo tengo, no te va a cubrir’. Es un incentivo negativo”, explicó. No sólo los nuevos desarrollos propuestos para la costa pueden correr peligro ante los nuevos panoramas que trae el cambio climático -y que prevén un aumento en el nivel del mar de hasta 100 metros tierra adentro- , sino que la infraestructura más importante del País se encuentra en el litoral, según los científicos. Lo anterior mantiene a la industria de seguros en alerta, según reconoció Betsy Barbosa Albarrán, vicepresidenta de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico. Según dijo, hace apenas 3 meses el gobierno comenzó a hablar de un plan de acción y estudios que corroboren el alcance del cambio climático. “Es importante empezar a trabajar en la política pública, para que en Puerto Rico se pueda deslindar dónde se puede construir y qué tipo de construcción se puede hacer, para nosotros poder ofrecer el producto correcto”, explicó. Barbosa Albarrán comentó que los seguros que están comprando quienes tienen propiedades ubicadas en barreras costeras podrían provenir de compañías extranjeras que no están reguladas por la Oficina del Comisionado de Seguros, aseguró. Otro problema serio es la falta de voluntad política a la hora de paralizar proyectos en estas áreas, dijo el planificador José Rivera Santana. “Aquí lo interesante es que las barreras costeras las identifica la Junta de Planificación (JP) con datos del Departamento de Recursos Naturales, que fue la que hizo que se reconocieran las barreras costeras. Pero la JP no advierte que ahí no se puede construir", dijo.