La ubicación de un proyecto industrial en Manatí, cuyo fin tendría la producción de energía eléctrica en 300 cuerdas del Karso norteño, ha reavivado una pugna entre los Ciudadanos del Karso (CDK) y el actual gobierno. Según los CDK, este parece seguir los mismos pasos de la administración pasada al tramitar la evaluación de este proyecto de forma “fast track”, es decir, llevando a cabo gestiones de una manera más rápida que lo usual y -en ocasiones- omitiendo procesos necesarios y establecidos por ley.

A pesar de que piensan que el desarrollo de proyectos de energía renovable es beneficioso para los ciudadanos del país, los CDK, una organización sin fines de lucro que se dedica a la protección y conservación del Karso puertorriqueño, se opone rotundamente a que estos proyectos sean ubicados en áreas de gran valor para la sociedad.

En este caso, resulta de conocimiento general que los terrenos del Karso albergan múltiples especies de fauna, flora y gran cantidad de recursos naturales que son de vital importancia para el ambiente y hasta para el desarrollo económico del país.

De hecho, los terrenos en disputa han sido reconocidos por el propio Departamento de Recursos Naturales (DRNA) como de gran valor ecológico, geológico e hidrológico desde el año 2008 y forman parte del Área del Karso con Prioridad de Conservación, según identificada por el DRNA en virtud de la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Kársica de Puerto Rico de 1999.

Sin embargo, los miembros del CDK destacan que el proceso de vistas públicas que ha llevado a cabo el gobierno para implantar el uso de celdas fotovoltaicas en esa área, no cumplió los requerimientos que existen al realizar cualquier proyecto de esta índole. Al pedir que se pospusieran las vistas para que se hicieran siguiendo el trámite normal de evaluación, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) rehusó dar espacio a la petición del CDK alegando que necesitaban la representación de un abogado. Esta acción no tiene precedentes. 

"Aparte de limitar la participación ciudadana, este esquema irresponsable fue utilizado para aprobar, por ejemplo, las declaraciones de impacto ambiental y las consultas de ubicación para la construcción del Gasoducto y la planta de incineración de Energy Answers en Arecibo", según declaró Abel Vale, presidente del CDK. 

Por su parte, la iniciativa de colocar celdas fotovoltaicas es potenciada por la empresa M. Solar, LLC y la Administración  de Asuntos Energéticos (AAE), agencia que desarrolló la idea de este proyecto desde su comienzo. 

Este conflicto no resulta nuevo. Desde el año 2002, los Ciudadanos del Karso mantienen una demanda contra la Junta de Planificación Ambiental, el DRNA y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), antes conocida como ARPE, pues ninguna de estas agencias cumple con lo establecido bajo la Ley del Karso. La misma precisaba la necesidad de realizar un estudio que identificara los terrenos que deberían ser protegidos. Sin embargo, este estudio vino a completarse seis años después, en septiembre de 2008.

Vale hace un llamado al gobernador, Alejandro García Padilla, para que intervenga inmediatamente en este asunto, cumpliendo de esta manera con el compromiso asumido durante su campaña electoral al resaltar la necesidad de proteger el Karso.