Nueva crisis de basura a la vista

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Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com PUERTO RICO podría enfrentar una nueva crisis en cuanto a la disposición de los desperdicios sólidos, luego de que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) aprobara una resolución que dispone el cierre de los 29 vertederos que actualmente operan en la Isla si en un período de 36 meses no están en cumplimiento con las regulaciones estatales y federales para dichos sistemas. “Casi todos los vertederos están en incumplimiento craso. Hay ocho vertederos que, como regla general, lo que tienen es un “liner” o capa. Los demás son hoyos en la tierra donde tiran basura y los lixiviados (jugos de la basura) llegan a los cuerpos de agua subterránea”, indicó ayer el licenciado Pedro Nieves, presidente de la JCA. A los ocho vertederos o sistemas de relleno sanitario a los que se refirió fueron los de Carolina, Humacao, Ponce, Cabo Rojo, Salinas, Fajardo, Peñuelas y Toa Baja. Estos fueron diseñados de acuerdo al subtítulo D de la ley federal Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) que, a nivel estatal, dio paso al Capítulo IV del Reglamento para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (RMDSNP). Nieves aclaró, no obstante, que estos ocho vertederos no necesariamente cumplen con los requisitos de RCRA y el RMDSNP. Estos requisitos incluyen, entre otras cosas, que el vertedero esté ubicado lejos de cuerpos de agua para evitar contaminarlos, que tenga “liners” para que los lixiviados no percolen al subsuelo y que tengan estaciones de monitoreo de agua y aire. La Resolución 11-16-5 entró en vigor el pasado 20 de octubre, día en que también inició el período de 36 meses. De inmediato, aunque con parquedad, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) expresó reservas sobre la resolución aprobada. Brenda Reyes, portavoz de la EPA en Puerto Rico, dijo que la agencia está “revisando” la información sometida por la JCA. “Hay ciertos puntos que tienen que ser aclarados. Una vez se aclaren, la EPA dará una respuesta formal a la resolución de la JCA”, expresó Reyes, quien, pese a la insistencia de El Nuevo Día, no precisó qué puntos del documento necesitan ser aclarados. El incumplimiento con los estándares ambientales fue lo que, en 1994, llevaron a la EPA y la JCA a ordenar el cierre de 32 de los 61 vertederos que operaban a esa fecha. Entonces se dispuso que los sistemas que quedaron abiertos tomarían las medidas necesarias para estar en total cumplimiento. Nieves lamentó que 17 años después la historia no sea muy diferente. “17 años tarde” Agregó que la JCA solo está cumpliendo con su deber ministerial de regular la operación de los vertederos. “Llevamos más de 17 años tratando que estos sistemas estén en cumplimiento, por eso se estableció una fecha límite de 36 meses. La JCA no estaba siendo lo suficientemente dinámica y estricta en la fiscalización. Esta es una fecha límite que está 17 años tarde”, acotó. Nieves señaló que, como meta ulterior, la R-11-6-5 persigue elevar la tasa de reciclaje en la Isla, que apenas es de 11.3%, pese a que la Ley 70 de 1992 dispone que debe ser de 35%. Comentó, además, que se persigue impulsar “otras alternativas” de manejo de desperdicios sólidos, tales como composta y la conversión de basura en energía (‘waste to energy’). “La última opción es que la basura siga llegando al vertedero. Esto abre una puerta para el reciclaje”, concluyó.