Nuevo foco de energía

Este artículo es reproducido por CienciaPR con permiso de la fuente original.

Por Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@elnuevodia.com El Nuevo Día En un predio de 160 cuerdas de terreno en el municipio de Loíza podría comenzar a levantarse a partir de septiembre un proyecto de energía solar que abonará a los esfuerzos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por reducir la dependencia del petróleo. La Finca Solar San Fermín es un proyecto de 80,000 placas fotovoltaicas, que desarrollan conjuntamente la empresa española Uriel Inversiones y la puertorriqueña Coquí Power a un costo aproximado de $70 millones. Walter Pedreira, socio de Coquí Power, señaló que la inversión será costeada con fondos ARRA y financiamiento privado. Este último proceso, dijo, está en su etapa final. Además, solicitarán créditos del gobierno local dirigidos a las empresas de energía renovable. Los gestores del proyecto llegaron, en noviembre pasado, a un acuerdo de compraventa con la AEE mediante el cual la corporación pública comprará toda su producción a un precio de 15 centavos el kilovatio hora. La finca solar, explicó Pedreira, tendrá la capacidad para generar 35 millones de kilovatios hora anualmente, lo que representa el consumo promedio de unas 5,000 a 7,000 residencias. El ahorro anual en emisiones de dióxido de carbono se calcula en 16 millones de toneladas. Pedreira señaló que si bien la finca de energía fotovoltaica no traerá necesariamente un alivio al bolsillo de los consumidores, sí representa un beneficio social. “No se puede inferir que cuando empiecen estos proyectos de energía verde, tendrá un impacto en la cartera, sino que serán unos impactos sociales. Esa energía verde que compran va a sustituir la quema de (combustibles) fósiles, y la compra de petróleo”, explicó el ingeniero, quien también es dueño de Caribbean Renewable Technologies. Además, la Finca Solar San Fermín ayudará a que el Gobierno cumpla la meta propuesta en la Ley 83 del 19 de julio de 2010, de generar el 20% de la energía utilizando fuentes renovables para el 2035. El proyecto se encuentra culminando la fase de permisos, y los desarrolladores calculan que los trabajos de construcción empezarán entre septiembre y noviembre. La instalación iniciaría operaciones entre febrero y marzo. La expectativa es que se creen alrededor de 120 a 150 empleos directos durante la construcción, y entre 10 y 15 empleos regulares y a tiempo completo cuando empiece a funcionar. Fuente constante “La energía solar es constante. Esta inyección de nueva energía verde al sistema complementa el ‘mix’ que la Autoridad (de Energía Eléctrica) tiene hoy por hoy, donde van gradualmente bajando la dependencia del petróleo”, sostuvo, por su parte, Juan Carlos Iturregui, también socio de Coquí Power. Mientras, que Juan Félix Huarte, presidente de Uriel Inversiones, afirmó que la energía renovable está encaminada a seguir creciendo. “Donde más estamos apostando es a la energía renovable. La energía renovable está aquí para quedarse... Creemos que es un sitio donde hay que apostar”, comentó a El Nuevo Día el presidente de Uriel Inversiones, grupo que ha diversificado sus actividades comerciales en sectores como manejo de desperdicios sólidos, piezas de automóviles, biocombustibles, energía renovable, entre otros. Huarte destacó que Puerto Rico representa una importante plataforma para los planes de expansión de su empresa hacia otras islas caribeñas. A pesar de que la mayor parte de sus proyectos de energía renovable se concentran en la que utiliza el viento como recurso, en Puerto Rico el Grupo Uriel apostó a la energía solar por el elevado nivel de radiación que recibe el País durante todo el año. De reserva a finca solar El predio donde se ubicarán las 80,000 placas solares pertenecía la Autoridad de Tierras bajo el nombre de Finca La Virginia, en el barrio Torrecilla Alta, en Loíza. En el 2007, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá anunció que la Autoridad de Puertos pagaría $12 millones por La Virginia para sembrar sobre un millón de árboles y plantas nativas, para compensar por la pérdida de humedales como consecuencia de las mejoras en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. En seis años, Puertos debía traspasar la propiedad al Departamento de Recursos Naturales para que lo protegiera como una reserva natural.