Salen en defensa del Bosque de Guánica

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El Nuevo Día

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico exigió al presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP), Rubén Flores Marzán, que no dé paso a la propuesta para cambiar la protección que disfruta una parcela de más de 60 cuerdas localizada en el área del Bosque Seco de Guánica.

El uso de la propiedad, calificada ahora como Bosque, sería recalificado a Desarrollo Turístico Selectivo, que permite la construcción de edificaciones para hospederías, planteó Alberto Lastra, presidente del Colegio.

El cambio se vale de una exclusión que exime a la JP de cumplir con la preparación de documentación ambiental. Según publica la JP, la propiedad está localizada en la carretera PR-325, en el barrio Montalva en Guánica.

“La Junta de Planificación insiste en continuar explotando la abusiva determinación de la Junta de Calidad Ambiental que le permitió eximir de justificar ambientalmente sus acciones al momento de adoptar planes o decretar cambios en los usos de suelo”, dijo Lastra.

Según el dirigente de los arquitectos, “no es responsable el razonamiento de que un cambio de calificación, al ser solo un trámite en papel, no conlleva un impacto ambiental directo, tal como se demuestra ahora en casos recién reseñados por medios de prensa en el Corredor Ecológico del Noreste”.

Allí, dijo Lastra, “la Junta echó mano de la referida exclusión para despojar de su protección a terrenos con valiosos recursos ambientales”.

Lastra afirmó que los terrenos comprendidos en la Zona del Bosque Seco de Guánica han disfrutado de protección durante generaciones, y “sería más que desafortunado, que por el mero hecho de decretar unilateralmente que sus acciones no tienen consecuencia ambiental alguna, la Junta de Calidad Ambiental y la Junta de Planificación cedan al desarrollo y expolio de uno de los recursos más emblemáticos del país”.

En opinión del Colegio, el alcance de las exclusiones contenidas en la Resolución de la Junta de Calidad Ambiental, que proveen para que todo el territorio pueda ser declarado como propicio para desarrollo, sin evaluar consecuencia ambiental alguna, solo sujeto al arbitrio de una agencia, “urge ser revisado pues derrota la función pública de propiciar un desarrollo sostenible”.

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