Dos nuevas regulaciones impuestas por la administración de Donald Trump pretenden eliminar las protecciones de la Ley federal de Especies en Peligro de Extinción, específicamente para aquellas con estatus de “amenazadas” o inferiores, a menos que se legislen por separado.
En Puerto Rico, las medidas podrían comprometer la seguridad del murciélago bigotudo común (Pteronotus portoricensis), el pájaro carpintero (Melanerpes portoricensis) y el coquí de la montaña (Eleutherodactylus portoricensis), entre otras especies y sus hábitats.
Y con el manatí, que goza de protecciones estatutarias locales pero su estatus nacional es “vulnerable”, el impacto de las regulaciones podría verse en la potencial pérdida de fondos federales para organizaciones que trabajan en su conservación.
Frente a este panorama –en una época donde, además, se discuten cambios en los usos de terreno para propósitos económicos–, científicos boricuas consultados alertaron sobre la importancia de proteger estas especies únicas y ecosistemas frágiles.
La Ley federal de Especies en Peligro de Extinción prohíbe la captura, caza, venta de especies en riesgo y la destrucción de sus hábitats naturales. Las especies –de flora y fauna– son designadas de menor a mayor riesgo, desde “vulnerables” hasta “en peligro”. Las amenazadas son aquellas que están en riesgo de pasar a peligro de extinción.
“No es solo proteger la especie en cautiverio. El valor real de conservación está en proteger sus hábitats naturales donde obtienen agua, espacio y refugio”, planteó la doctora Sheylda Díaz Méndez, ornitóloga conservacionista y catedrática en la Universidad de Puerto Rico en Utuado.
Según Díaz Méndez, las nuevas regulaciones en Estados Unidos proveen “una avenida abierta para hacer lo mismo aquí: desarrollar en y justificar quitar la protección a espacios críticos”.
Un reporte –presentado en marzo por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y reseñado por El Nuevo Día– añadió 81 especies al listado de mayor necesidad de conservación en Puerto Rico, que ahora asciende a 351. De ese total, 64 fueron clasificadas como vulnerables y 46, en riesgo bajo.
En consecuencia, las nuevas reglamentaciones no aseguran su conservación, a menos que sean legisladas cada una de manera individual. Tal es el caso del murciélago bigotudo común, el pájaro carpintero y el coquí de la montaña.
“En Cabo Rojo, están sometiendo proyectos para urbanizar terrenos que son hábitats críticos para los guabairos, un ave endémica de Puerto Rico y la segunda más amenazada por pérdida de hábitat”, alertó Díaz Méndez. El DRNA, agregó, “habla de proteger estos espacios en público, pero luego aprueba permisos para construcción o para deforestar municipios sin escrutinio alguno, solo con justificar que es por desarrollo económico”.
Ningún funcionario del DRNA estuvo disponible para entrevista al cierre de esta edición.
En tanto, la falta de legislación concreta a nivel nacional a favor de las especies amenazadas podría impactar la partida de fondos federales para su conservación.
El Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, localizado dentro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Bayamón, depende, en parte, de esos fondos.
“Nuestras operaciones cuestan más de $500,000 anuales. Cada manatí rescatado significa una inversión de $100,000 anuales. Pero, somos los únicos en el Caribe; si nosotros no los salvamos, ¿quién más los atenderá?”, expresó el doctor Antonio Mignucci, director del Centro y catedrático de la Interamericana.
De acuerdo con Mignucci, los manatíes son un caso especial, ya que están designados “en peligro de extinción” dentro de Puerto Rico, pero, a nivel nacional, solo están considerados como “vulnerables”.
“Hubo una expansión de la población de manatíes en (el estado de) Florida, por lo que Estados Unidos cambió su designación a ‘vulnerables’ por presiones económicas. Aquí, solo tenemos 500 manatíes caribeños, una población distinta y única; aun así, nos incluyeron con los demás”, lamentó.
Aunque los manatíes estarían protegidos localmente, su conservación no estaría garantizada a nivel nacional dado su estatus de “vulnerables”.
En ese sentido, Mignucci afirmó que existe una exclusión en el proceso de conservación de especies puertorriqueñas. “Las decisiones de allá nos afectan a nosotros también. Aunque ven que ha aumentado nuestra cantidad (de manatíes), siguen siendo una comunidad genéticamente empobrecida que hay que proteger”, sostuvo.
Añadió que, al momento, el reto más apremiante para los manatíes en Puerto Rico es la recreación marítima irresponsable. “Aunque educamos en las marinas, la gente sigue guiando a altas velocidades en ‘jet-skis’ y lanchas, impactan (a los manatíes), y los matan”, expuso.
Por esta razón, ambos entrevistados exhortaron a la ciudadanía a ponderar la conexión entre ecosistemas.
“Hablamos de proteger la costa, pero, cuando llega el sargazo, nos quejamos por la peste, aunque ese sargazo alimenta a las aves juveniles. Si queremos hacer conservación, tenemos que conectar con la naturaleza de manera plena, no en ‘jet-skis’”, dijo Díaz Méndez.
Mignucci aportó que los boricuas aprecian el valor de estas especies, pero necesitan tomar acciones para conservarlas. “Tenemos 10,000 visitantes al año aquí, en el Centro, entre escuelas y turistas. Nuestra esperanza es que eso ayude a crear conciencia en la comunidad e inspirar a las futuras generaciones a integrarse o proteger estas especies”.
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