Buscan impulsar una industria farmacéutica nativa

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Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@gfrmedia.com

La Cámara de Representantes aprobó este lunes, primer día de sesión ordinaria, un proyecto de ley que busca sentar las bases para desarrollar en Puerto Rico una industria farmacéutica nativa que aminore el impacto que ha tenido en años recientes el progresivo cierre de farmacéuticas foráneas.

El Proyecto de la Cámara 1716, que crearía la “Ley de Política Pública para el Desarrollo de la Industria Farmacéutica Puertorriqueña”, fue aprobado en votación partidista, con la oposición de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló planteó durante su turno de debate que la medida genera dudas respecto a la manera en que se implantaría la política pública. Además, estimó que podría desalentar la inversión extranjera en la industria farmacéutica al crear la impresión de que el Gobierno apoyaría preferentemente las manufactureras locales.

“Con esta definición (de industria nativa), se puede afectar el ambiente de inversión en cuanto al área industrial. Se podría dar la impresión de que aquí se quiere discriminar contra aquellas industrias farmacéuticas que no están en esta definición de empresas nativas”, argumentó el legislador novoprogresista.

La legislación define “industria de manufactura farmacéutica nativa” como aquella que sea poseída en más de un 50% por personas domiciliadas en Puerto Rico o corporaciones organizadas bajo las leyes locales que estén sujetas a los requisitos de inversión que dispone la “Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico”.

Rodríguez Aguiló criticó también que la pieza fue llevada a votación sin que se hayan celebrado vistas públicas para su evaluación. Censuró principalmente que se excluyeron los comentarios de la Asociación de Industriales.

El informe de la Comisión cameral de Desarrollo Socio-Económico y Planificación, que preside el representante popular Luis Raúl Torres, señala que, como parte de la discusión de la medida, se solicitaron memoriales escritos a la Junta de Planificación (JP), la Compañía de Comercio y Exportación, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Estado y la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), pero solo las últimas dos agencias cumplieron con la petición.

El proyecto establece, entre otras cosas, que al momento de adquirir productos farmacéuticos, el Gobierno debería darle prioridad a los manufacturados en la Isla. Además, se deberá facilitar “con sentido de urgencia” los permisos para las empresas nativas, así como promover y auspiciar el acceso a fuentes de financiamiento y poner a disposición propiedad mueble e inmueble que los inversionistas puedan utilizar para su actividad manufacturera.

Según la exposición de motivos, en Puerto Rico existe terreno fértil para promover el desarrollo de un centro de manufactura de productos farmacéuticos genéricos y bioequivalentes.

“Se debe explorar el rescate de plantas cerradas, o próximas a ser cerradas, para evaluar la viabilidad de generar empresas manufactureras de productos farmacéuticos con principal inversión local. De esta manera, se podrá generar capital y empleo centrado en la voluntad, la iniciativa y el trabajo de los propios puertorriqueños”, resalta el proyecto de ley.

La tarea de promover la política pública que impulsa la legislación estaría en manos de un comité interagencial, que estaría encabezado por el director ejecutivo de Pridco, y que además, estaría a cargo de delinear las estrategias necesarias para lograr los objetivos de la pieza, viabilizar el cumplimiento de sus disposiciones, aprobar la reglamentación necesaria, identificar las propiedades que se pondrían a disposición de los empresarios, identificar posibles inversionistas e investigar qué productos farmacéuticos genéricos o bioequivalentes podrían fabricarse en el País.

El comité también estaría integrado por el presidente de la JP, dos representantes de la industria seleccionados por el gobernador y un miembro adicional, también en representación de la industria, que sería designado por los presidentes legislativos. Ninguno de los integrantes devengaría salario o dietas por sus servicios.

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