Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com endi.com A unos siete meses de que expire la alternativa de promoción industrial más importante que tiene Puerto Rico, conocida como la Ley de Incentivos Industriales, Negocios conversó con conocedores del tema, quienes esbozaron los elementos que la Isla debe considerar a la hora de proyectarse al mundo como destino idóneo para hacer negocios. Todo en medio de una candente controversia, que incluye a otros sectores no necesariamente vinculados a la actividad industrial y que gira en torno a la extensión del estatuto por otros dos años, o redactar una nueva ley. Y sea para redactar un estatuto nuevo ahora o para extender la ley vigente y ganar algo de tiempo en lo que se prepara una nueva medida, los entrevistados señalaron que Puerto Rico deberá romper el molde en estas lides e incluir en su oferta al mundo una propuesta que explore la diversificación del capital, los eslabonamientos con el talento y capital local y la creación de incentivos que trasciendan las tasas contributivas. Los entrevistados coinciden, sin embargo, en que ninguna ley o paquete de incentivos rendirá suficientes beneficios para Puerto Rico y su gente si la Isla no articula una estrategia económica a largo plazo que responda a un enfoque integrado y que surta el efecto de fomentar el talento y estimular el capital local. Aferrados a las tasas contributivas Ante la falta de dicha estrategia, el error de Puerto Rico ha sido recurrir a las tasas contributivas como único y principal vehículo para atraer empresas, opinó Rolando López, socio a cargo de Impuestos para KPMG. La mayor evidencia de ese énfasis radica en la propia evolución de las leyes, pues según López, todas las leyes aprobadas, desde 1945 revelan que la Isla ha visto en la exención contributiva o en el ofrecimiento de tasas bajas la punta de lanza para atraer capital. Llámese la sección 931 o posteriormente, la sección 936 del Código de Rentas Internas federal o en el caso de la Isla, las leyes aprobadas en 1963, 1974, 1987 o en 1997, todas han reducido la atracción de capital a alguna fórmula donde se vincule el monto de la inversión o la creación de cierto número de empleos a la tasa impositiva que pagará la corporación. “Lo que ha pasado es que como el gran porcentaje de la inversión en Puerto Rico es de carácter estadounidense, sólo eso (las tasas contributivas) se fomentaba y no nos enfocamos en mirar más allá de los Estados Unidos”, indicó López. “Cuando el Congreso (de los Estados Unidos) envió las señales, la gente no las quiso ver o se pospusieron y ahora estamos atrasados en ese proceso”, señaló. Incentivos a tutiplén A ese cuadro debe agregarse la gran cantidad de leyes que posteriormente han sido aprobadas para “estimular” ciertos bolsillos económicos. Según López, la primera de esas de leyes se adoptó en 1987 para estimular la inversión en fondos de capital de riesgo. Posteriormente, el turismo obtuvo otra ley de fomento a esa actividad y lo mismo ha sucedido con la industria bancaria, la industria de valores, el sector de los seguros y más recientemente, el sector de la construcción con leyes como las vinculadas a la vivienda de interés social y el redesarrollo de los centros urbanos. “Lo que tenemos es una retahíla de incentivos contributivos y créditos. Es una lista interminable y creo que eso está errado, no porque sean medidas incorrectas sino porque son aislados”, dijo por su parte, el economista Francisco Catalá. Así las cosas, dos realidades se hacen más evidentes que nunca. La primera es que, ante la falta de fiscalización adecuada, nadie conoce a ciencia cierta el impacto económico y por ende, a las arcas públicas, que toda la estructura de incentivos y créditos representa. Y la segunda, que mientras Puerto Rico parece volcarse en una nueva controversia, los demás países han diseñado diversas estrategias para atraer a las empresas multinacionales y facilitar el establecimiento de negocios al tiempo que obtienen provecho de los influjos de capital que reciben. ¿Qué necesita Puerto Rico? Según Catalá, quien sostuvo que el nombre de la nueva ley debe hacer énfasis más a la promoción de la Isla que a los incentivos, señaló que la nueva propuesta no puede ser fragmentada sino fruto de un análisis integral donde se incluyan incentivos o condiciones para diversos sectores. “Si aislamos la ley (de Incentivos Industriales) de las demás sería cometer el mismo error”, sostuvo Catalá, quien agregó que la nueva política pública de atracción de capital externo, no puede dejar en segundo plano, el capital local. “En el caso de Irlanda, estaban preocupados porque la remisión de ganancias al exterior podía ser bastante extraordinaria y empezó a estimular el capital local”, dijo Catalá. “Hay que diversificar y buscar fuentes de capital europeo y japonés, eso es lo que hacen nuestros competidores”, agregó. Bajo esa nueva perspectiva, Puerto Rico también debe diversificar sus mercados de exportación, cosa que pudiera lograrse utilizando el vínculo que proveen las empresas con peritaje para vincular mercados. El escenario global también exige una nueva postura por parte del Estado que es la de gestionar la inversión. Esa visión ha sido particularmente importante en jurisdicciones como Irlanda y Nueva Zelanda, donde el gobierno gestiona la inversión de capital exterior asegurándose de crear eslabonamientos mediante la contratación de empresas y recursos locales. Ese tipo de alianzas va más allá del requisito de creación de empleos que ha prevalecido en la Isla. Otros elementos que Puerto Rico debe considerar son aquellos relacionados con el otorgamiento de incentivos o aportaciones para viabilizar inversiones externas. En el caso de Singapur, aunque según López, debe hacerse constar que cada jurisdicción posee sistemas contributivos y de gobierno particulares, se han establecido gestiones de inversión conjunta donde el gobierno aporta una cierta cantidad para la construcción de las instalaciones que utilizará la nueva empresa. Otro factor de importancia, aunque no está relacionado directamente con el ofrecimiento de incentivos, es mantener a niveles altos los estándares de calidad de vida y hacer posible que el país o jurisdicción se convierta en una plataforma de negocio regional. En ese sentido el estado de la Florida y la ciudad de Miami, tomaron ventaja de la Isla. En la medida en que la calidad de vida es buena, a las empresas se les hace más difícil abandonar una jurisdicción porque sus ejecutivos se encuentran renuentes a abandonar un buen lugar para vivir. Asimismo, si la jurisdicción puede capitalizar sobre su acceso a otros mercados, se convierten en puerta o trampolín para las empresas. Mientras, Singapur es la puerta para Asia, Irlanda ha hecho lo propio para Europa y en el Caribe, la ciudad de Miami ha tomado esa posición y según Catalá, otros países en el Caribe como Costa Rica y República Dominicana, “ya están despertando”.