Por Gladys Nieves Ramírez / gnieves@elnuevodia.com endi.com AGUADA - Una urbanización de interés social que se comenzó a desarrollar en una zona aledaña a la costa de Aguada se ha convertido en eje de controversia entre la empresa desarrolladora, ambientalistas locales y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que paralizó la obra hasta que concluya una investigación sobre los posibles daños al ambiente. Para el proyecto de construcción de 150 viviendas entre los barrios de Asomante y Carrizal, los proponentes han impactado un humedal y destruido parte de un bosque de pterocarpus y otros árboles, denunciaron líderes ambientalistas locales. “Esto es un delito ambiental y vamos a proceder para ver si la persona se puede procesar en los tribunales”, afirmó Jorge Sepúlveda, presidente de Ciudadanos Aguadeños pro Conservación del Ambiente (CAPCA), quien radicó una querella ante el DRNA y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) junto a Nelson Méndez, portavoz de la Liga Ecológica de las Aguadas (LELA). El desarrollador, Armando Sánchez Crespo, rechazó las denuncias y aseguró que su proyecto, Pradera del Mar, está en ley y ha cumplido con todos los requerimientos de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), la Junta de Planificación, que le aprobó el proyecto, así como el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y el Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre. “Soy una persona que, aparte de cuidar mucho mi nombre como persona y corporación, cumplo con las leyes. Esto es un proyecto que lleva sobre seis años, que tuvo un sinnúmero de evaluaciones de diferentes agencias y todas lo endosaron. El que diga que no he cumplido con ninguna de las especificaciones y estudios es un mentiroso”, subrayó Sánchez. Según los opositores, Sepúlveda y Méndez, el daño en el área, de más de 20 cuerdas, se hizo en las pasadas semanas como parte de la limpieza del terreno para iniciar la construcción. “Esto forma parte de las pocas áreas verdes que quedan cerca del pueblo de Aguada. Aquí está el humedal de Carrizal, que es un área protegida pero ha sido trastocada y los pterocarpus están protegidos por las leyes de Puerto Rico. Esto es un daño irreparable”, lamentó Méndez, quien calculó que la firma tumbó “cientos de árboles”. El DRNA también le ha imputado al desarrollador incumplimiento con lo especificado en la consulta de ubicación y haber causado daños al ambiente, por lo que emitió una orden de paralización luego de que el vigilante Edgardo Ramos, del Cuerpo de Vigilantes del área de Aguadilla, visitó la finca al ser alertado por los ambientalistas, dijo el secretario de Recursos Naturales, Javier Vélez Arocho. El funcionario indicó que las labores en la finca quedarán paralizadas hasta que se celebre una vista ante un oficial examinador, que evaluará el informe técnico sobre lo sucedido, lo que podría demorar semanas o meses. Si se constata el daño, el desarrollador será multado y el DRNA podría recomendar una restauración total o parcial, dependiendo de los daños, explicó. Destacó que la zona impactada incluye mogotes, pantanos, humedales y plantas asociadas a los humedales en el área ubicada al suroeste de la planta de tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en Aguada. “Hay daño al humedal, a los árboles y alteración de la zona del karso. Hay información sobre un derrame de diesel y tengo información de que el Cuerpo de Ingenieros está investigando una posible violación a la Ley de Agua Limpia”, expresó Vélez Arocho. Destacó que, aunque el DRNA endosó la consulta de ubicación de la JP, faltaba trabajar con el plan de reglamento de corte, poda y siembra de árboles y con el permiso sobre corteza terrestre, que establece dónde se harían los cortes. “Aparentemente el desarrollador, como no tenía ninguno de esos permisos, sencillamente arrancó a cortar árboles y a remover terreno sin tener los permisos. Cuando enviemos al grupo de trabajo para el informe técnico vamos a saber cuántos árboles fueron cortados. Pero el daño fue considerable, las fotos que tengo son impactantes”, manifestó el Secretario del DRNA. Sánchez, por su parte, insistió en que no ha hecho daño alguno y que está tomando las medidas requeridas para evitar impactar el ambiente. Precisó que, por ejemplo, hizo una demarcación para colocar una verja protectora alrededor del humedal para no dañarlo ni alterar las escorrentías. Adujo que la finca no era un bosque sino un cañaveral que más recientemente se usaba para la ganadería. “Esto no era un bosque. Hace un tiempo atrás hubo una persona que se querelló de esa forma y le mostré que estaba equivocado con unas fotos aéreas. Aquí todo está en ley”, apuntó. Resaltó que su proyecto es importante debido a la escasez de vivienda de interés social en Aguada y que más de 500 personas han mostrado interés en adquirir una de las viviendas, cuyo precio oscilará entre $80,000 a $95,000. “Esperamos entregar las primeras casas para diciembre del año que viene”, adelantó.