Hay que cerrar la brecha digital

Este artículo es reproducido por CienciaPR con permiso de la fuente original.

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En Puerto Rico se abre una zanja invisible, pero en cuyo fondo caen todos los días miles de niños, jóvenes y adultos. Son aquéllos que no tienen la capacidad ni la oportunidad de tener acceso a una computadora o tener acceso a adiestramientos que los ayudarían a sobrevivir en la nueva era digital. Esa zanja invisible tiene un nombre: la brecha digital. En Puerto Rico, este fenómeno es una realidad que no sólo atenta contra el progreso de comunidades enteras, sino también contra la misma competitividad global de nuestra economía. El gobernador Aníbal Acevedo Vilá debe implantar una política oficial que involucre al sector privado, público y comunitario para que en menos de una década quede cerrada esa brecha digital. De lo contrario arriesgamos la marginalización de miles de puertorriqueños y ponemos en juego la competitividad de la economía puertorriqueña en la era de la globalización. Poco o nada se habla de la brecha digital en Puerto Rico y resulta paradójico que mientras esta Administración invierte millones en la promoción de proyectos relacionados con la biotecnología, miles de jóvenes y niños puertorriqueños hoy día aún no saben usar una computadora o la utilizan precariamente para sus estudios. Cerrar la brecha digital no debe llevar mucho tiempo. Para empezar, las empresas privadas y las universidades son aliados naturales para la formación de consorcios regionales conformados por escuelas y comunidades para mejorar la calidad de la educación y el acceso a la tecnología y la información. Estos consorcios, no sólo guiados por los principios de la política pública, sino también por necesidades regionales y particulares, se convertirían en un importante factor aglutinador y catalítico para colocar en las manos de miles de ciudadanos el poder de la información y del conocimiento. Así mismo, es necesaria la creación de un organismo independiente encargado de implantar esa política pública porque de otra manera quedaría diluida entre las diversas agencias públicas como el Departamento de Educación o la Compañía de Fomento Industrial. La implantación de dicha política pública sería cónsona con la que pretende establecer el actual Gobierno sobre el desarrollo de las ciencias biomédicas y biomoleculares. Si bien es cierto que en los últimos años el Estado ha invertido grandes sumas en habilitar las bibliotecas públicas con computadoras, también lo ha hecho en ausencia de una política pública rectora que encamine al sistema educativo hacia el desarrollo del conocimiento en tecnología, las ciencias y las matemáticas. En realidad, poco o nada se sabe del uso y el acceso que han tenido los estudiantes y la comunidad a las computadoras. Además, no se trata sólo de invertir en redes de computadoras, si no de cómo se usan para maximizar la experiencia educativa y sobre todo comunitaria. En ese sentido, el cierre de la brecha digital le daría la oportunidad a decenas de organizaciones sin fines de lucro y de orientación civil y comunitaria de insertarse activamente en esta gestión proveyéndola de un alto sentido de participación ciudadana, condición casi siempre ausente en el desarrollo económico o social impulsado por el Estado. El cierre de la brecha digital es un reto de todas las economías en vías de desarrollo y Puerto Rico no debe aislarse de esta realidad. Abordar el tema abiertamente y buscar soluciones no es sólo un paso de avance y una inversión para mejorar nuestra competitividad económica en la era de la globalización, sino también un acto de justicia social.