Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com endi.com Cada día, miles de empresarios pasan las verdes y las maduras a raíz del clima de incertidumbre y desesperanza que se niega a desaparecer del panorama económico puertorriqueño. A la lista de circunstancias adversas a la actividad económica, se suma la controversia por la extensión de la Ley de Incentivos Contributivos, lo que ha generado gran preocupación en representantes del sector privado entrevistados por El Nuevo Día. Éstos aseguran que la controversia entre el sector privado, la rama Ejecutiva, el Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, en torno al tema ha provocado que el principal estatuto de promoción económica para el País haya entrado en un limbo, al igual que las decisiones de inversión de muchas empresas e individuos. La Ley de Incentivos Contributivos, aprobada en 1998, vence el 31 diciembre. Un proyecto que extendía por dos años su vigencia fue aprobado en el Senado; en la Cámara se bajó por descargue y de inmediato se dejó sobre la mesa. El sábado, se colgó en la Cámara una resolución para crear una comisión especial en ese cuerpo para redactar una nueva legislación, lo que ha reactivado el debate sobre el futuro de la importante herramienta de promoción industrial. “Hay incertidumbre. Estamos viendo una actitud de esperar a ver qué pasa”, indicó Edgardo Fábregas, presidente de la Asociación de Industriales. Cuando se habla de negocios, de inversión y de empleos, la incertidumbre posterga la toma de decisiones y la espera desespera. Según Fábregas, también vicepresidente de Manufactura a nivel global de Janssen Ortho LLC, afiliada de Johnson & Johnson, la situación en torno a la ley está en el “hit parade” de temas que diariamente discuten las multinacionales que operan en la Isla. La falta de claridad en la gestión pública y el pobre desempeño económico ha hecho tanta mella en la imagen de la Isla ante el mundo que el año pasado, Fábregas, por primera vez en 29 años, perdió dos proyectos para Puerto Rico cuando la multinacional para la que labora decidió fabricar los productos en Irlanda. “El pequeño comerciante y la industria local están sufriendo, y necesitamos sacarles la cabeza fuera del agua”, agregó el ejecutivo al señalar que la discusión por la Ley de Incentivos Contributivos no sólo afecta a la empresa multinacional, sino a empresas locales, pues la mayoría de las empresas acogidas al estatuto son de capital nativo. En iguales términos se expresó el desarrollador Eduardo Nevárez, quien manifestó que el clima de incertidumbre había comenzado a disiparse poco a poco, pero la discusión por la extensión de la Ley de Incentivos Contributivos alejó esa posibilidad. Explicó que el limbo con esta ley no sólo afecta al sector industrial, sino a las demás actividades económicas como la compra de residencias, ya que tras el cierre del Gobierno el año pasado la situación ha cambiado dramáticamente. “En uno de nuestros proyectos, cerrábamos entre tres y seis unidades por semana. Después del cierre del Gobierno, nos tomó un año vender las últimas dos unidades”, puntualizó. Y es que en los pasados dos años, las empresas, además de los consabidos prejuicios asociados al éxito y al mensaje de que “paguen los ricos”, han recibido embates a granel. El mejor ejemplo de las circunstancias se refleja en el aumento de quiebras comerciales, que según cifras oficiales, aumentaron 71% en mayo. “Veo el clima de negocios en Puerto Rico en un momento de deterioro”, dijo el economista Gustavo Vélez, quien le adjudica el retroceso a la hostilidad del ambiente político, a los cambios constantes en las reglas de juego cuando se hacen negocios y la falta de consenso en asuntos básicos que afectan la competitividad, así como el deterioro en la proyección pública de la Isla como secuela del cierre del Gobierno y la crisis fiscal, que comienza a mejorar. “Es increíble que no haya consenso en estos asuntos, cuando en el tema de desarrollo económico, las propuestas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) coinciden en un 80%”, indicó Vélez. El lamento de la comunidad de negocios es que la Isla, en vez de fortalecer la actividad empresarial para que sirviera como contrapeso al fin de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, invierta tiempo en discutir si se extiende la Ley de Incentivos Contributivos o se trabaja en un nuevo estatuto, mientras se toman decisiones de política pública que lejos de mejorar el clima de negocios, lo agravan. “El alza en los costos operacionales es producto de la fragmentación. Lo ves en la legislación laboral, lo ves cuando hablamos de ciencia y tecnología, cuando hablamos de economía del conocimiento, pero no incluimos a la academia”, ejemplificó Fábregas. Controversia perjudicial “Si por un lado hay un discurso del Gobierno central de que seamos un ‘bio-island’, de que seamos el centro mundial de la biotecnología, es irónico que por el lado legislativo se intente trastocar la ley que va a viabilizar eso”, agregó Vélez al explicar que fue precisamente el PNP el partido que inició el discurso de la economía del conocimiento y así lo integró en la Ley de Incentivos Contributivos actual. “Es lamentable que esto (la discusión por la extensión del estatuto) haya consumido tanto tiempo, cuando pudimos haberlo dedicado a resolver otros retos”, expresó, por su parte, Teresita Fuentes, de la firma de contaduría Ernst & Young. Fuentes, quien conoce a la saciedad la dinámica vinculada a la negociación de decretos de exención, opinó que la ley vigente es competitiva. “Competimos con Singapur, Irlanda y Malasia, y si no somos los mejores, aún así estamos ofreciendo un excelente producto”, indicó. “La ley vigente fue bien pensada”, señaló la contadora. Añadió que Puerto Rico incorporó conceptos como los créditos vinculados al adiestramiento de empleados, aspecto que incide en la educación de la fuerza trabajadora, y la deducción de 200% por actividades de investigación y desarrollo.