Varias organizaciones universitarias exigen que se cumpla la Ley Universitaria de 1966 que dispone que la UPR tiene unos fondos fijos que no deben ser alterados por los vaivenes políticos del país.

En lo que resulta ser un peligroso precedente político, este año la Camara decidió quitarle $40 millones a la UPR. En aras de garantizarle la autonomía fiscal a la UPR de los vaivenes y las presiones políticas, desde el 1966 la UPR recibe sus asignaciones mediante una fórmula que este año equivale al 9.69% de los recaudos del gobierno. Sin embargo este año esta formula fue ignorada, lo cual resultó en $40 millones menos para la institucón educativa principal del país. Segun la Confederación de Asociaciones de Profesoras y Profesores Universitarios (CONAPU), esto podría afectar, entre otras cosas, la investigación.