Controversia por la cesáreas

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Por Marga Parés Arroyo / end.mpares@elnuevodia.com endi.com El Departamento de Salud y la comunidad médica y hospitalaria del país están presentando una férrea oposición a una medida, recién aprobada por la Legislatura, que obligaría a que cada tres meses se divulgue la cantidad de cesáreas hechas en la Isla. La medida, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago y que sólo espera por la firma del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, tiene como fin, según la legisladora, desincentivar las miles de cesáreas innecesarias que se cree se llevan a cabo en el País. Esto se lograría, según la legisladora, porque al divulgar la lista las mujeres embarazadas sabrían en qué hospitales se realizan más cesáreas y podrían optar por dar a luz en otro. En el 2005, el 48.1% de los 50,687 partos que se produjeron en la Isla fueron por cesárea. Esto convierte a Puerto Rico en el país en que más cesáreas se llevan a cabo en el mundo. En Estados Unidos, el 30% de los partos es por cesárea. Mientras, la Organización Mundial de la Salud estima que la cantidad de partos de este tipo no debe ser mayor al 10 ó 15%. La secretaria de Salud, Rosa Pérez Perdomo, y sectores de la academia reconocen que en Puerto Rico hay un serio problema de cesáreas excesivas. Pero no creen que esta medida sea una manera correcta de aproximarse al problema. Los críticos de la ley sostienen que, aparte de dar a conocer las listas, la medida no incluye ninguna otra estrategia para reducir las cesáreas. Además, sostienen que no se ha estudiado si en realidad hay exceso de cesáreas. “¿Qué se va a hacer con esa información? Es encomiable (la medida) pero no nos podemos quedar con eso nada más”, planteó la doctora Ana Parrilla, del Programa de Salud de la Madre y el Niño del Recinto de Ciencias Médicas, de la Universidad de Puerto Rico. Otro planteamiento levantado por la propia secretaria Pérez Perdomo es que divulgar estos datos sin haberlos interpretado antes, podría ser contraproducente, intimidante, discriminatorio y punitivo para los ginecólogos obstetras del País. Además, cuestionó si el dar a conocer estos datos constituiría una violación a la Ley HIPAA, que protege la confidencialidad de los pacientes, por exponer “información sensitiva”. cesáreas justificadas “No es política del Departamento de Salud divulgar este tipo de información de manera individual”, dijo Pérez Perdomo. Los doctores Leonardo Torres y Susana Schwartz, presidente de la División de Ginecología del Colegio Médico y presidenta del capítulo local del Colegio de Ginecología y Obstetricia, respectivamente, tronaron también con la medida por entender que muchas de las cesáreas son médicamente justificadas mientras que otras se realizan a petición de la misma paciente. El Proyecto del Senado 2407 crearía la Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Cesáreas. Esta obligaría a todos los hospitales e instalaciones médicas a desglosar en informes trimestrales el número de partos y el método utilizado (vaginales, inducidos, cesáreas). Los informes se le someterían a Salud, que los publicaría en su página cibernética. La medida no es específica en cuanto a si el nombre del médico que practicó la cesárea será parte de la información a ser difundida, y el Departamento de Salud evalúa si deberá hacerlo. Pero para la autora de la medida está claro que el nombre del médico es parte esencial de la información. “Queremos que las pacientes estén informadas del historial del médico (que va a atender su parto) antes de hacer una elección”, dijo. La doctora Pérez Perdomo, igualmente, cree que en la Isla se realizan más cesáreas de las necesarias. “Se está sobreutilizando la cesárea como método de parto, cuando esta alternativa solamente debe estar disponible para aquellos casos en los que el bienestar de la madre y del bebé están en juego”, reconoció Pérez Perdomo. Cesáreas repetidas y fallos en el progreso del parto fueron algunas de las justificaciones más comunes presentadas por la titular de Salud. También reconoció que puede incidir en que muchos médicos realicen una práctica defensiva de la medicina y que algunas cesáreas sean programadas por adelantado, ya sea por conveniencia del médico o a petición de la paciente. Aunque se ha especulado que los partos por cesáreas son más costosos que los vaginales, el doctor Torres aseguró que el costo es el mismo en ambos casos: $1,000 para pacientes con planes privados y $725 en reforma de salud. Según la doctora Himirse Vázquez, de la División de Madres y Niños de Salud, aún no se ha identificado la razón para el alto número de cesáreas en la Isla. “Salud debe buscar, junto a sus colaboradores, estrategias e iniciativas que contribuyan a disminuir la práctica innecesaria de partos por cesárea”, dijo Pérez Perdomo. Mientras, los doctores Torres y Schwartz comentaron que hacen falta datos que expliquen la alta incidencia de cesáreas en la Isla. Pero dijeron que aquí son comunes los partos de tres tipos de mujeres en riesgo que podrían explicar la alta tasa de cesáreas: mujeres mayores de 35 años teniendo su primer hijo; una alta tasa de partos entre adolescentes y mujeres hipertensas, diabéticas u obesas dando a luz. “medida sensacionalista” “Esta es una medida sensacionalista y absurda que le impone aún más estrés al médico”, dijo la doctora Schwartz. Torres, por su parte, coincidió en que la medida redundará en que los médicos sean aún más agresivos en el manejo del paciente para evitar complicaciones médico-legales posteriores. “Hay que sentarse de buena fe a buscar una solución”, comentó, por su parte Parrilla. El doctor José Gorrín, del Programa de Salud de la Madre y el Niño del Recinto de Ciencias Médicas, urgió a que se establezca una política pública con respecto a las cesáreas. Pero también sostuvo que la medida de la senadora Santiago “no tiene dientes”, porque reseña el problema sin brindar soluciones. Alfredo Volckers, de la Asociación de Hospitales, quien también tronó contra la medida, dijo que hace falta estudiar las razones detrás de la cantidad de cesáreas antes de emitir un juicio. “Además de imponerle una carga adicional al proveedor de servicios de salud aumenta el costo administrativo al tener que desglosar esta información”, dijo Volckers. El Proyecto del Senado 2407 fue aprobado en ambos cuerpos legislativos de forma unánime sin que se hubieran realizado vistas públicas. Mientras la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sólo realizó un memorial del proyecto, en el Senado se bajó a votación por descargue sin el análisis de la Comisión de Salud.