La incompetencia, que raya en lo insólito, demostrada por las autoridades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al atender los señalamientos de la National Science Foundation (NSF), entidad que financia muchas de las investigaciones científicas que se conducen en la UPR, además de provocar la pérdida de decenas de millones de dólares, ya ha causado daño irreversible al prestigio de la institución. Aun cuando los señalamientos se atiendan  satisfactoriamente en el nuevo plazo concedido por la entidad estadounidense, la Universidad podrá tardar mucho tiempo en recuperar el prestigio perdido. También pasará mucho tiempo antes de que los programas de investigación puedan volver al nivel que tenían a principios de este año, cuando se produjo la congelación de los fondos destinados a esos fines.

Un examen efectuado por CLARIDAD a los documentos intercambiados entre la UPR y la NSF, así como conversaciones sostenidas con varios profesores e investigadores, demuestran que a la evidente incompetencia de las personas a cargo del asunto en la Oficina Central, se suma el interés por defender los privilegios que durante años ha disfrutado un pequeño grupo de funcionarios ubicados en instancias de poder dentro del centro docente. Esos privilegios, que les representan cientos de miles de dólares de ingreso cada año, están precisamente en la base de las irregularidades señaladas por la NSF.

Según un memorando enviado a profesores e investigadores por Manuel Gómez el pasado 16 de agosto en su condición de director del Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería (CRCI) de la Administración Central, el dinero congelado asciende a cincuenta y dos millones de dólares ($52.1 millones), de los cuales $32.9 millones están asignados al CRCI y el remanente ($19.3 millones) al Recinto de Mayagüez. La congelación implica que la UPR no ha podido utilizar ese dinero desde el pasado mes de abril ni podrá utilizarlo hasta el mismo mes de 2013, cuando la NSF decidirá si elimina la congelación o si cancela permanentemente la asignación de los fondos. Aun cuando ocurra el menor de los males, que la Fundación entienda que la UPR ha enmendado su “continuada delincuencia” y decida eliminar la congelación de fondos, la institución no necesariamente podrá recuperar el dinero perdido. Muchos de los gastos que ahora la UPR tendrá que cubrir con sus fondos regulares no le serán reembolsados.

Una vez se produjo la congelación de los fondos de la NSF, que supuestamente sólo iba a durar sesenta días, la UPR recurrió a una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento para mantener funcionando algunos programas. Ahora que la congelación se ha prorrogado hasta, al menos, abril de 2013, la Administración Central planea redirigir fondos de su presupuesto ordinario hacia algunos programas de investigación, según expresa Gómez en el citado memorando. Estas acciones tendrán un efecto negativo sobre todo el sistema de la UPR que desde hace varios años opera con un presupuesto menguado y que ha recurrido a eliminar cientos de cursos y a despedir profesores. Además, los programas de investigación que intentarán mantener operando son algunos directamente dirigidos por el propio Gómez, como los relacionados con la nanotecnología.

En su memorando, Gómez señala que la pérdida definitiva de los fondos de la NSF sería “catastrófica” para la UPR. A pesar de esa admisión, resulta sorprendente la laxitud con que la Administración Central ha venido atendiendo los planteamientos y su resistencia a tomar las medidas correctivas que exige la entidad estadounidense. Aun cuando la UPR cuenta con un Vicepresidente de Investigación y Tecnología, cargo que actualmente ocupa el Dr. José A. Lasalde, el poder real en este campo lo ha ostentado Manuel Gómez, una persona tradicionalmente ligada al Partido Nuevo Progresista y muy cercano de la actual Junta de Síndicos. Gómez también formó parte del comité especial nombrado por el gobernador Luis Fortuño para que recomendara cambios a la legislación universitaria. Ha sido Gómez y no Lasalde quien ha asumido la responsabilidad de atender el problema con la NSF y, a pesar de que la situación se agrava, continúa siendo responsable del asunto.

La base del problema
En la base de los requerimientos de la NSF está la manera como la UPR les paga a los profesores responsables de dirigir y efectuar investigaciones. Además de su salario básico y de una carga académica más reducida (menos horas de clase) ha sido costumbre hacer un pago adicional con cargo al dinero provisto en la asignación de fondos (“grant”) para la investigación. Normalmente el profesor puede recibir un 20 o un 30 por ciento adicional a su salario para compensar el trabajo de investigación y estimular su participación. No obstante, en los últimos años esta situación ha estado fuera de control y a algunos investigadores se les ha duplicado su salario y en ocasiones reciben hasta un ciento cincuenta por ciento por encima del salario base. Sobre el segmento de profesores efectivamente dedicados a tareas de investigación, se ha ido desarrollando una casta de funcionarios que reciben compensaciones extraordinarias, en algunos casos superiores a los $300 mil anuales. En ese grupo de funcionarios sobrecompensados se encuentra el propio Manuel Gómez, el decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Brad Weiner, y el director del Departamento de Física Gerardo Morell. (Curiosamente, el decano Weiner es uno de los testigos de cargo del Departamento de Justicia contra el profesor José Molinelli, a quien se le presentaron cargos criminales porque supuestamente utilizó instalaciones de la UPR para una actividad personal.)

Los problemas con la entidad proveedora de fondos comenzaron en 2010, un año después de que el PNP tomó el control de la UPR. En una auditoría efectuada por la NFS, publicada en octubre de 2006, que CLARIDAD pudo examinar, no se encontraron deficiencias mayores. Ahora, sin embargo, los señalamientos son graves y, según se desprende de las cartas de la entidad, la NSF está seriamente preocupada por el uso que se les da a los millones de dólares enviados a Puerto Rico. Entre otras cosas, se ha indicado que la UPR no está produciendo los informes de tareas realizadas (“time & effort reports”) que justifiquen las compensaciones a los investigadores. A pesar de todo el tiempo transcurrido y de los continuados requerimientos y advertencias, la Universidad ha sido incapaz de crear un sistema de informes y facturación que sea aceptable para la NSF.

Por recomendación de Gómez, el pasado mes de mayo la Junta de Síndicos aprobó una “certificación” dirigida a atender el problema supuestamente copiando un sistema elaborado por la Universidad de Nuevo México. En declaraciones al diario El Nuevo Día, Gómez dijo que el sistema se podía implantar “en una semana”. No obstante, tres meses después se repitieron señalamientos de la NSF indicando que el problema no se ha atendido.

 En la carta fechada 23 de abril de 2012, suscrita por Jamie French, identificado como “Grants and Agreements Officer”, dirigida al presidente de la UPR Miguel Muñoz, se utiliza lenguaje fuerte y descarnado evidenciando que la paciencia de estos oficiales está llegando a su fin. Allí se indica que en febrero de 2010 las dos instituciones acordaron un plan de acción para corregir los problemas (“Corrective Action Plan”) pero que debido a su “continuada delincuencia”, la UPR no ha cumplido con el mismo. La primera fecha establecida por la NSF, abril de 2012, pasó sin que nada ocurriera. Es en esa carta que se notifica la congelación de los fondos por sesenta días, esperando que durante el término se estaría cumpliendo con el plan correctivo. El pasado mes de junio, tras determinar que la administración de la UPR seguía sin cumplir con el plan trazado, la congelación se extendió hasta el primer semestre de 2013.

Además de detener los pagos, la NSF también detuvo la consideración y aprobación de toda nueva propuesta que someta cualquier dependencia de la UPR. Además de la pérdida irreversible de dinero que esta medida implica, calculada en seis millones de dólares, la acción representa un golpe muy grande a proyectos de investigación elaborados por profesores competentes y honestos que se han convertido en víctimas de la incompetencia de un grupo de altos funcionarios.

Efectos a largo plazo
Según informan profesores afectados, esta situación ha provocado que muchos investigadores competentes abandonen la UPR o planeen abandonarla en el futuro cercano. Este éxodo privaría a nuestra Universidad de personal académico de gran valor que será imposible sustituir a corto o mediano plazo.

Además, la imagen de la institución parece haberse afectado irreversiblemente, aun cuando a la postre los fondos congelados no se eliminen de manera permanente. De ahora en adelante, los investigadores de la UPR encontrarán dificultades adicionales para la aprobación de propuestas. Además, otras entidades proveedoras de fondos para investigaciones, como el Instituto Nacional de Salud, podrán proceder a cancelar asignaciones o a establecer controles adicionales.

Esta situación ha provocado que grupos de profesores, preocupados por el impacto de la situación creada por la crasa negligencia desplegada por la Administración Central, emitan expresiones para exigir acción correctiva. El 1ro de mayo de 2012 la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto de Mayagüez aprobó una resolución en que denunciaba la “incompetencia demostrada por la administración” de la UPR y del Recinto y solicitaba que se apliquen las acciones correctivas requeridas por la NSF. Ante la inacción, el pasado 21 de agosto aprobaron otra resolución donde le retiran la confianza al Presidente de la UPR y al Rector del RUM y, nuevamente, requieren acción de la Junta de Síndicos. Durante esta semana otros recintos y facultades de la UPR discutirían resoluciones similares.

En el informe que rindió el comité sobre la UPR nombrado por el Gobernador, del que formó parte Manuel Gómez, se propone, entre otras cosas, dirigir el sistema universitario público, en particular su recinto más grande, el de Río Piedras, hacia estudios graduados e investigaciones, dejándoles los estudios subgraduados a otros recintos y a las universidades privadas. Curiosamente, esas áreas que el actual gobierno considera prioritarias son precisamente las que están siendo irreversiblemente afectadas por las actuaciones negligentes de la actual administración universitaria.