Crisis climática: expertos de la isla exponen por qué debe ser prioridad en 2023

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Por: 

Gerardo E. Alvarado León
La Organización de las Naciones Unidas considera que el cambio climático es la principal amenaza que enfrenta la humanidad, por lo que los gobiernos deben prestarle atención. (Shutterstock)

Desde la perspectiva ambiental, incorporar la crisis climática en las decisiones de política pública, incluyendo la reconstrucción posdesastres, y atender sus efectos más que evidentes en Puerto Rico debe ser la máxima prioridad en el año que recién inicia, coincidieron expertos en el tema consultados por El Nuevo Día.

A su juicio, el 2023 será clave en el desarrollo de una infraestructura verdaderamente resiliente, capaz de resistir embates similares a los huracanes Irma, María y Fiona o el terremoto del que ayer se cumplieron tres años; y la transición hacia un sistema energético basado en fuentes renovables, considerando que la generación limpia debe llegar al 40% tan pronto como en 2025.

También, identificaron como apremiante crear un nuevo marco legal para las costas, proteger y restaurar los recursos hídricos, maximizar la reforestación y establecer –por fin– un manejo efectivo de residuos sólidos.

Plantearon que, en estas y otras iniciativas, tanto la transparencia gubernamental como la participación ciudadana no son opcionales.

“Asegurar que toda decisión y plan gubernamental, incluyendo los planes fiscales, incorporen el cambio climático y la justicia ambiental. Insertar visión holística de los temas y no fragmentada”, respondió la cofundadora y presidenta de CAMBIO, Ingrid Vila, a la pregunta de cuáles deben ser las prioridades ambientales en 2023.

En verano, debería estar listo y aprobado el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, según las expectativas del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc) encargado de su elaboración. La Ley 33-2019 estipula que, con el plan, “se busca fortalecer la salud pública y ambiental en el presente y en el futuro, a la vez que se hace un desarrollo económico sostenible”.

El plan se presentaría con casi dos años de retraso, ya que la fecha de entrega fijada en la ley, tras una enmienda, era octubre de 2021. La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales(DRNA) y presidenta del Ceacc, Anaís Rodríguez, se expresó confiada en que no habrá más dilaciones. “Mi meta, al final del día, es que sea un informe con métricas que se puedan cumplir, y estamos trabajando para que así suceda. De nada sirve que presentemos un informe que sea vea muy aspiracional y no se pueda ejecutar. No debe pasar del 2023 para que sea presentado”, dijo.

Para el director de El Puente: Enlace Latino de Acción Climática (ELAC), Federico Cintrón, la aprobación del plan es un asunto “bien importante” no solo porque “está retrasado por mucho tiempo”, sino porque definiría la hoja de ruta ante lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera la principal amenaza que enfrenta la humanidad.

El Puente: ELAC demandó con éxito al DRNA y el Ceacc para que cumplan con las disposiciones de la Ley 33-2019 y, al momento, las partes están a la espera de que el tribunal “decida la extensión de tiempo que dará” para la presentación del plan, explicó Cintrón. “Esperamos tenerlo este año; es nuestra meta”, afirmó.

Sobre este tema, Vanessa Uriarte, directora de Amigxs del MAR, se describió “un poco pesimista” y expresó preocupación de que el plan “sea un intento más del Estado de lavarse la cara, como hizo con el Plan de Uso de Terrenos y otros tantos planes maravillosos que hay en este país y no encuentran ejecución por ninguna parte del gobierno”.

Recomendó, por lo tanto, que la crisis climática se vea como “un asunto de seguridad nacional”, reconociendo que los recursos naturales en la isla son limitados y que “hay otras maneras de desarrollo económico más allá de la construcción”.

Tras alertar que entidades como la suya seguirán “dando la lucha” en defensa del entorno, respaldó la aprobación de una ley de costas, que considere efectos como el aumento del nivel del mar y la erosión, entre otros. También, abogó por una moratoria a las construcciones en el litoral y reforzar el otorgamiento de permisos. “Vemos situaciones similares en los 44 municipios costeros, por lo que la ley de costas debe ser prioridad”, señaló Uriarte, con quien Vila y Cintrón coincidieron.

Reconstrucción

En tanto, Rodríguez indicó que “la recuperación y la reconstrucción de aquello que fue destruido o sufrió daños” a raíz de Irma, María, Fiona o los terremotos “será prioridad” este año. Dijo que iniciarán y se completarán trabajos en balnearios, parques nacionales, áreas naturales protegidas y destacamentos del Cuerpo de Vigilantes. Serán costeados con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) o del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés), que son asignados a discreción del Ejecutivo.

“No es reconstruir por reconstruir, sino que hay una razón de ser: un reconocimiento de que el pueblo se merece las mejores instalaciones para su uso y disfrute, que es el mandato de la Constitución”, aseveró.

Según Brenda Torres, directora ejecutiva del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, “el reto” de reconstruir la infraestructura “que colapsó” es hacerla “más fuerte y resiliente” que antes.

Describió como “una virtud” la disponibilidad de fondos federales para las obras, pero abogó por un modelo de manejo y ejecución “que cree sinergias” entre el gobierno, las comunidades, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro “para que los proyectos puedan moverse, en momentos donde hay tanta incertidumbre de hacia dónde vamos”.

“Realmente, hay que ponerse las pilas con respecto a la reconstrucción de la infraestructura. De aquí a junio, cuando empieza la nueva temporada de huracanes, se supone que hayamos avanzado en el proceso de controlar áreas vulnerables, incluyendo comunidades que ni siquiera tienen la capacidad de distinguir que son vulnerables. Se requiere acción comprensiva”, abundó Torres, quien apoyó, además, que el gobierno exija a las autoridades federales, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, soluciones basadas en la naturaleza y que reduzcan la injusticia ambiental.

Dentro de la reconstrucción, Vila y Cintrón destacaron el ámbito energético y las gestiones que deberían hacerse para adelantar el cumplimiento con la cartera de energía renovable incluida en la Ley 17-2019.

Vila defendió la instalación de sistemas fotovoltaicos y almacenamiento (baterías) en comunidades de bajos ingresos y adecuar la red de distribución para maximizar la integración de renovables en techos. “Esto incluye que los fondos federales asignados se utilicen para estos propósitos”, dijo, en referencia a los $1,000 millones que el presidente Joe Biden autorizó, el mes pasado, en respuesta al paso de Fiona, así como cualquier partida adicional relacionada.

“Acá, ya se tiene que estar hablando de detener la expansión de la infraestructura fósil; no hacer más proyectos de gas metano, cerrar la carbonera y usar los recursos que tenemos para movernos a energía renovable. El 2023 es ideal para agilizar eso, aprovechando que hay dinero federal aprobado”, añadió Cintrón.

Sobre el manejo de residuos sólidos, Vila invitó a impulsar –”de una vez”– una política “integrada” dirigida a reducir el desperdicio y adoptar una economía circular. Rodríguez dijo que, este año, “seguiremos dando cumplimiento” al plan de cierre de vertederos que operan inadecuadamente, y aseguró que el estudio de caracterización de basura –el primero desde 2003– “deberá estar completado” en verano.

Agenda del DRNA

En cuanto a las prioridades en el DRNA, Rodríguez mencionó, en primer lugar, la celebración de la primera academia –en una década– del Cuerpo de Vigilantes, con la que esperan reclutar hasta 75 oficiales. Para el próximo año fiscal, que empieza el 1 de julio, la secretaria peticionará fondos a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para una segunda academia.

“Adicional, queremos aumentar la plantilla en las demás áreas programáticas del Departamento. Es por todos conocido que, en el Departamento, hay necesidad de presupuesto y de personal y, en la medida que atendemos eso, suceden muchas cosas: con más vigilantes en la calle, hay mayor fiscalización y evitamos crímenes ambientales; si tengo más personal en áreas programáticas, como biólogos y agrimensores, los servicios al pueblo salen más rápido y las consultas se resuelven con mayor agilidad”, expresó tras estimar la contratación de entre 150 y 200 empleados.

Rodríguez informó que se propone “reevaluar” algunos reglamentos “obsoletos”, como los de poda y corte de árboles; cuevas, cavernas y sumideros; y navegación, “para que sean cónsonos con los cambios que hemos visto en los últimos años y haya mayor fiscalización”. Además, previó que, “en los próximos meses”, culminará el programa de digitalización de servicios ciudadanos en la agencia, y se creará “un nuevo programa” de reforestación “cónsono” con la Ley 33-2019.

Por su parte, Uriarte urgió a “repensar la forma en que se reorganizaron las estructuras de las agencias ambientales”, en virtud de la Ley 171-2018, “porque sigue siendo un error que todas se hayan compendiado bajo la sombrilla” del DRNA. “Evidentemente, no ha sido eficiente, sino todo lo contrario, porque permite que los procesos de permisos y regulación sean muy laxos”, planteó.

Al respecto, la secretaria indicó que “los planes” son seguir adelante con la reestructuración dictada por ley. “Somos una sola agencia con diferentes áreas programáticas”, acotó.

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