Editorial de El Nuevo Día 20-Marzo-2010 | ANA HELVIA QUINTERO La crisis actual ha tenido consecuencias para las universidades de todo el mundo. Universidades públicas de gran calidad, como la Universidad de California, han tomado medidas drásticas para enfrentar las contracciones en los recaudos estatales. Cada país, cada institución, desarrolla sus estrategias para resolver la situación tratando de salvar el papel tan importante que puede jugar la universidad en mejorar la situación actual. Como plantea, Emilio Botín, presidente del Grupo Santander de España, “la inversión en la educación constituye la apuesta más eficaz a medio plazo para avanzar hacia sociedades más abiertas, socialmente más equilibradas y económicamente más dinámicas”. Debemos tener en mente estas palabras al decidir la aportación del estado a la UPR. No hay duda que la UPR debe establecer medidas de economías. De hecho, ya se han tomando varias, por ejemplo, la reducción de consumo energético, la congelación de los nombramientos de personal no docente. Si bien la UPR debe aportar al proceso de economizar es necesario que el estado tenga cuidado de no tomar medidas en el proceso de contracción económica que debiliten a la UPR. Algunas de estas medidas podrían tener consecuencias nefastas en el futuro. Por ejemplo, se ha argumentado que se debe revisar la fórmula de financiamiento establecida en la ley desde 1966 abriendo los fondos destinados a la UPR a la competencia para la financiación con las universidades privadas. Esta propuesta se fundamenta en la alegación falaz que otras universidades son más eficientes que la UPR, aduciendo un menor gasto por estudiante. Es cierto que al dividir el total invertido en la UPR por estudiante, el gasto es mayor que el de otras universidades del país. Ahora bien, el argumento obvia los indicadores críticos de eficiencia como la retención y las tasas de graduación, que en la UPR son en promedio casi el doble de las universidades privadas. Tampoco se toma en cuenta que la UPR sobresale en las pruebas de reválidas profesionales como la de los maestros, médicos y abogados. O sea, que la inversión en la UPR es más rentable y productiva en aquellos elementos críticos en economías exitosas del siglo 21. El argumento además hace caso omiso a que la inversión en la UPR incluye toda una infraestructura que permite desarrollar una institución: que produce un 95% de la investigación científica del país; que se encuentra entre las 10 primeras universidades de Estados Unidos en el campo de la ingeniería; que es líder en la investigación sobre el cáncer y condiciones neurodegenerativas; que alberga las colecciones bibliográficas principales del país y una de las mejores colecciones del mundo sobre el Caribe; que es custodio de importantes patrimonios culturales, arquitectónicos y naturales. Estos logros requieren de una estabilidad económica que brinda la fórmula. Si bien la UPR debe participar en las medidas de economías no debemos exigirle más de lo que estamos exigiendo a todos, por ejemplo, el porcentaje del IVU que estaba destinado al fondo de amortización de la deuda acumulada, conocido como Cofina, y que formaba parte de la base de la fórmula de financiamiento universitario, se sustrajo de dicha base, lo cual implica millones de dólares menos para la UPR. En la economía globalizada actual el factor estratégico es la producción y aplicación del conocimiento lo que requiere enormes inversiones de escala masiva en la infraestructura y el personal cualificado. Reducir la inversión en esa infraestructura, que en la actualidad se concentra en la UPR, redundará en el futuro en el debilitamiento estructural de la economía. En estos momentos difíciles es preciso fortalecer las instituciones que nos pueden ayudar a construir un mejor futuro. La Universidad de Puerto Rico es sin duda una de estas instituciones.