Por Liz Yanira Del Valle / Especial El Nuevo Día endi.com Se estima que en Puerto Rico hay varios miles de cuevas, pero sólo se conocen 700 de éstas de la cuales 30 están formalmente documentadas. Así lo explicó Julio Rodríguez Planell, presidente de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, al exhortar a las agencias gubernamentales pertinentes a agilizar el inventario o catastro de las mismas. “Al presente, las organizaciones tienen intercambio de datos al día y la SEPRI sostiene comunicación directa con el directivo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para ver si finalmente se logra la meta final por la cual hemos luchado durante 12 años, es decir, las tres pasadas administraciones gubernamentales. El inventario de referencia del gobierno es de la década del 1960, no está actualizado y contiene muchos errores”, argumentó el líder. Rodríguez Planell entiende que este proceso de documentación es lento, peligroso, difícil y costoso pero extremadamente necesario para el mundo científico y para el tema de la conservación de dicho recurso natural. “La cifra inicial de los costos puede partir de los $100 mil. Es algo que toca áreas científicas especializadas, es una acción de alto riesgo, está el asunto de los seguros de los adiestramientos (cartografía de cuevas, buceo en cuevas, rescate, etc) pero es importante hacerlo”, señaló. La ausencia de este catastro de cuevas impedirá conocer a ciencia cierta cuántas cavernas hemos perdido, indicó Abel Vale, presidente de Ciudadanos del Karso. “Ningún gobierno en Puerto Rico en los últimos 35 años ha tenido una acción conservacionista, lo que se ha logrado es por la presión ciudadana. En todo caso hemos visto cómo el gobierno al no hacer lo que se supone que haga como por ejemplo hacer cumplir las leyes o velar por un ordenamiento territorial juicioso, ha permitido que se violen las leyes de protección ambiental por toda la Isla, situación paradójica en un país tan sobrepoblado. Por ejemplo, la Ley 111 de Protección de Cuevas, Cavernas y Sumideros fue aprobada en el 1985. Al día de hoy dicha ley carece de un reglamento. Lo que de por sí ofrece una idea de la importancia que le han dado las distintas administraciones al recurso”, aseguró el también presidente de la Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe. Entre una de las amenazas que confronta este recurso está la mala planificación en la construcción. Sobre el tema, Rodríguez Planell resaltó el hecho de que las llamadas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA’s) no se preparan para todos los proyectos de construcción. “Es un porciento bien bajo y lo presentan cuando se le requieren. Por ley, se obliga a realizar una evaluación ambiental donde también van los técnicos de las agencias gubernamentales pertinentes pero el desarrollista en general contrata sus propios recursos y ocurren muchas situaciones no comprometidas con la veracidad científica sino con los intereses económicos”, sostuvo. Por otro lado, Angel A. Rivera Domíguez, miembro de SEPRI, afirmó que cuando se realizan las DIA, su posición con las cuevas es meramente de identificación. “En excelencia se debería evaluar no sólo la parte externa del terreno sino también la interna. Hay que ver por dónde se dirige el trayecto de esos sistemas subterráneos para que el desarrollista no deje de construir sino que evite o limite levantar las estructuras sobre estos recursos para que luego no ocurran los hundimientos y derrumbes de las residencias”, dijo.