Por Pedro Bosque Pérez / pbosque@elnuevodia.com endi.com Puerto Rico parece que está en otro planeta. La mayoría de los países del mundo, incluyendo algunos sin soberanía, como es nuestro caso, y varias de las principales corporaciones transnacionales discuten y toman acción para atender las consecuencias del calentamiento global y evitar que empeore. En contraste, el poder Ejecutivo isleño acaba de regresar de un viaje por el ‘Túnel del Tiempo’ (serie de televisión de los años 60), de un lugar o una época en que el calentamiento global no existe. No es raro entonces que carezca de una política pública en torno a esa crisis ambiental, que se discute hace más de 20 años. La academia y los grupos que defienden el ambiente han recorrido un gran trecho al denunciar y presentar soluciones a la crisis ambiental. Mientras, las agencias de gobierno semejan estar en un laberinto. Tienen estudios y recomendaciones para atender el impacto del calentamiento global en la Isla. Pero hay un problema. No hay esfuerzos coordinados y en varias instituciones no hay idea de lo que hace cada entidad. El único esfuerzo oficial documentado de investigación en el País se dio en 1994, cuando la poco conocida Administración de Asuntos de Energía (AAE) creó el Comité Interagencial de Cambio Climático (CICC). En este participaron 21 agencias del gobierno estatal, federal y varias universidades. La gestación del borrador final duró cinco años. La criatura nació en marzo de 1999 y fue bautizada con un nombre en inglés, que en español leería “Plan Estatal de Acción para Reducir las Emisiones de Gases de Invernadero en Puerto Rico”. El informe, de unas 200 páginas, tenía 23 recomendaciones para bajar las emisiones de gases. Corrió igual suerte que otros estudios. Quedó engavetado. “Calentamiento global”, dijo por primera vez el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, en su Mensaje de Estado de Situación del País esta semana. La expresión fue insertada dentro de una promesa repetida por muchos años de reducir la dependencia del petróleo para producir energía. “La AEE dará paso a proyectos de conversión de desperdicios en energía, que cumplan con las normas ambientales”, anunció en tono triunfal el Primer Ejecutivo. El momento pareció una escena de una película a la que podríamos llamar ‘Back to the Past’, pues anuncia el regreso de la práctica de décadas de quemar la basura. Pero esta opción es rechazada por sectores del movimiento ambiental, que denuncian que la avanzada tecnología para incinerar la basura implica renunciar al reciclaje. “La AEE está negociando en este momento los primeros dos proyectos de generación mediante molinos de viento”, dijo Acevedo Vilá. Sin embargo, uno de los lugares propuestos para instalar las turbinas queda en pleno hábitat del guabairo, ave que, después de la cotorra, es el pájaro en mayor peligro de extinción en la Isla. El guabairo anida en el piso. Mientras, el pelícano pardo, también en peligro de extinción, volará, como siempre lo ha hecho, por esa zona de Guayanilla. Las aspas de los molinos son invisibles cuando giran. Picadillo de pelícano es la promesa. Según grupos ambientalistas, el proponente de ese proyecto contribuye generosamente a las campañas políticas de dos partidos. Iniciativas dispersas No hay un grupo interagencial en torno al tema del calentamiento global, reconoce el director del Negociado de Consultas de la Junta de Planificación (JP), Juan Carlos Vega. Sin embargo, afirma que la JP desarrolla iniciativas que a su juicio sirven para atender esa crisis. Entre ellas, el Plan de Uso de Terrenos, que designa el uso de las tierras para desarrollo, las actividades que se pueden hacer y las áreas de conservación -pero no está aún en vigor. “La naturaleza está emitiendo señales de alerta” y las consecuencias del calentamiento global son graves, dice por su parte Ernesto Díaz, administrador de Recursos Naturales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En torno a los estimados de ascenso del nivel del mar y cuánto puede entrar tierra adentro, Díaz explica que los escenarios varían, dependiendo de si la costa es arenosa o de roca, de poca pendiente o mucha. Javier Quintana, administrador de la AAE, apunta a bajar la dependencia del petróleo e impulsar la generación de energía de fuentes renovables, como la solar y del viento. Quintana, quien también dirige la Autoridad de Desperdicios Sólidos, señala que esa agencia, en conjunto con la Junta de Calidad Ambiental (JCA), tiene proyectos para bajar las emisiones de metano de los vertederos. El metano es uno de los gases que producen el efecto invernadero. Los huracanes con sus intensos vientos nos acompañarán de cerca. La certeza de ello es tan alta que el director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), Nazario Lugo Burgos, indicó que se preparan para lo que viene. La AEMEAD tomó la iniciativa de impulsar, junto a otras agencias, una medida legislativa para que en toda decisión de permisología y planificación “se tome en consideración el efecto del calentamiento global”, conforme a la última información científica y el impacto del alza en el nivel del mar. Lugo Burgos adelanta que el material de esta temporada de huracanes va a tener información del calentamiento global y recomendaciones de cómo las personas pueden aportar a reducirlo. “Hay otras agencias que son las llamadas a velar con sus permisos los requerimientos ambientales”, responde la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Terestella González Denton, a la pregunta de los efectos del alza en el nivel del mar y a la futura desaparición de las playas. El rol principal de Turismo, dice, “es promover el desarrollo económico”, como si la desaparición de las playas no afectara al desarrollo económico. La directora reconoce que no les han solicitado a las agencias locales un análisis de esa futura tragedia, aunque sí tienen información “interna” de entidades internacionales. Propuestas legislativas La ola del calentamiento global tocó la Legislatura. Este año se han presentado varias iniciativas para atender la crisis ambiental. “En Puerto Rico no hay ninguna medida administrativa, no hay una legislación de política pública en relación con el calentamiento global para integrar las agencias” de gobierno y atender esa crisis, afirma Jorge Colberg, quien, junto a Ferdinand Pérez -representantes ambos del Partido Popular Democrático-, propone establecer la política pública del Ejecutivo para reducir la emisión de gases. Por otra parte, el Senado aprobó una medida de los senadores Kenneth McClintock y Carlos Díaz para autorizar el ‘net metering’. Si este proyecto se convierte en ley, los abonados de la AEE transferirán a la red de transmisión de esa corporación el excedente de la electricidad que generen de fuentes renovables, tales como la solar y del viento. Con ese sistema, el consumidor recibirá un crédito en su factura por la energía que transfiera a la red de la AEE. Para la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, es fundamental definir la zona marítimo terrestre. Para ello, presentó el proyecto de Ley de Costas. Los límites de la zona marítimo terrestre serán hasta donde lleguen las olas de alta peligrosidad que genere un fenómeno atmosférico y que pueden afectar la seguridad de edificios y personas. En su propuesta, cita a la Administración federal de Oceanografía y Atmósfera (NOAA, por sus siglas en inglés), que indica que Puerto Rico tiene 700 millas de costa y cerca de tres millones de personas viven cerca de esta.