Puerto Rico recibe una subvención global limitada (es decir, un nivel fijo de financiamiento anual) para la asistencia alimentaria básica en lugar de participar en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que es un programa de derechos que puede expandirse y contraerse para adaptarse a necesidades cambiantes, como cuando se produce un desastre natural. Mientras que otros programas federales importantes de nutrición, incluidos WIC y comidas escolares, operan en Puerto Rico de la misma manera que en otros estados y territorios, el Estado Libre Asociado está en desventaja con respecto a la asistencia alimentaria familiar. Actualmente, el Estado Libre Asociado controla los costos del programa al imponer límites de ingresos y beneficios muy por debajo de los de SNAP. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) ha determinado que, si Puerto Rico participara en SNAP, gastaría aproximadamente un 23 por ciento más en asistencia alimentaria de los hogares de lo que lo hace actualmente (el índice de pobreza en Puerto Rico es más de 3 veces el promedio nacional y su costo de vida supera a muchas otras áreas del país). Este proyecto de ley aumentaría temporalmente los fondos NAP para 2020 y 2021, para dar cuenta del aumento de la necesidad después del huracán Maria. También permitiría pagos en efectivo para los participantes de NAP en momentos en que el uso de las tarjetas de beneficios electrónicas sería difícil o imposible, como después de un gran desastre natural.