En Puerto Rico estamos pasando por una sequía que nos acecha desde hace varios meses. La merma en los niveles de agua de los embalses y el patrón de déficit de precipitación sostenido podrían afectar tanto los bosques como el sector agrícola y los servicios de provisión de agua potable en nuestro País. Ante esta situación, el Gobierno de turno firmó una Orden Ejecutiva[1] para declarar en Puerto Rico un estado de emergencia respecto al uso de las aguas, un plan de acción que parece necesario y apropiado.