Demandan por el saqueo del Fideicomiso de Ciencia

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Por: Oscar J. Serrano


Publicado: 19/09/2012 08:30 am


El exdirector ejecutivo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación (FCTI), Thomas F. Farb, demandó ayer en el Tribunal Federal al secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, y otros funcionarios bajo alegaciones de que la Administración Fortuño "raptó" esa entidad para poder acceder por lo menos a los $100 millones que tiene en activos y usarlos para cosas distintas a los propósitos de la ley que creó el FCTI.

Se trata de la culminación de una pugna que lleva meses cocinándose, que mantiene inoperante el Fideicomiso, y que plantea que el gobierno está descabezado en lo que concierne a ejecución de política pública para invertir en las ciencias y la innovación.

Los demandados incluyen al presidente de la Universidad de Puerto Rico, Miguel Muñoz, al presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Juan Carlos Batlle, y a los demás miembros de la Junta de Síndicos del FCTI.

Las alegaciones abarcan que el gobernador Luis Fortuño, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, y otros legisladores de la mayoría novoprogresista, tenían conocimiento personal de la crisis en la que está sumido el FCTI por las actuaciones de Pérez Riera y lo avalaron con sus acciones o con sus omisiones.

De hecho, Fortuño firmó una ley en octubre de 2011 mediante la cual los activos del Fideicomiso ahora se pueden destinar a otras actividades económicas que no son las originales.

El propósito principal del Fideicomiso es identificar proyectos e industrias relacionados a la ciencia y la innovación para invertir en ellos como mecanismo de desarrollo económico para la isla. Sus síndicos, de hecho, se supone que sean en su mayoría personas del sector privado con credenciales en el campo de la ciencia y la tecnología.

Parte de la alegación es que se mantuvieron vacantes en la Junta para que fueran los síndicos representantes del gobierno los que tuvieran mayoría y pudieran apartar a la entidad de lo que son sus propósitos legales.

Farb fue director ejecutivo de 2009 al 2011, cuando fue destituido por supuestas represalias a su activismo público y cabildeo a favor del Fideicomiso y, específicamente, mediante una "investigación independiente" de supuestas irregularidades a la que nunca le dieron acceso para conocer su contenido. Esos movimientos estuvieron a cargo de los bufetes Picó & Blanco, y Pietrantoni, Méndez & Álvarez. Según la demanda, Farb había descubierto en las facturas de estos bufetes que cobraban por trabajo realizado a favor de "los intereses y agendas privadas de los síndicos forajidos, por lo cual eran incompatibles con los objetivos del Fideicomiso". La demanda llama "síndicos forajidos" a los representantes de la Administración.

"Contrario a sus objetivos orientados a la ciencia y la tecnología, Pérez Riera y los miembros ex oficio de la Junta de Síndicos raptaron el Fideicomiso y sus recursos para sus propias agendas políticas", imputa el pliego mediante el cual Farb pide compensación por unos $9 millones en capacidad de daños, dinero dejado de devengar, y la pérdida de oportunidades profesionales que sufrió al aceptar el puesto en el Fideicomiso bajo promesa de que sería otra cosa distinta a la que fue.

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