11-ENERO-2010 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA

Más allá de proclamas, sin hechos, de que había que mejorar los currículos y de una serie de medidas secundarias, como extender el horario escolar, en los once meses de opaca gestión de Carlos Chardón como secretario de Educación no se dieron pasos significativos para transformar un sistema que, aunque consume algo más de $4,000 millones al año, hoy día es incapaz de elevar el nivel educativo de sus cerca de 500,000 estudiantes. Por el contrario, si en el año 2009 hubo algún movimiento en materia educativa, fue en retroceso.

Una serie de hechos desafortunados dramatizaron la desestabilización administrativa y la confusión academico-filosófica de un sistema que en ese año nunca dio señales de poder salir del círculo vicioso de la crisis:

- Incapacidad para abrir el semestre escolar que estaba previsto en agosto, cuando las autoridades tuvieron que reconocer que las escuelas no estaban listas para el inicio de clases ni para encarar la propagación de la pandemia de la influenza AH1N1 entre el estudiantado.

- Incomprensibles despidos de maestros, que luego tuvieron que ser revertidos junto a la cesantía de conserjes y empleados de los comedores escolares, medidas que fueron tomadas sin importar las necesidad reales del Departamento de Educación.

- Censura de corte fundamentalista de libros de literatura de destacados autores puertorriqueños.

- Cuestionables contratos a allegados, que le sumaron incertidumbre al ambiente en Educación.

La reacción ante tamaño desastre provino, en primera instancia, del Gobierno federal. La advertencia de volver a incluir a Educación en el listado de jurisdicciones de alto riesgo en el manejo de fondos federales, prácticamente obligó a las autoridades estatales a colocar al Departamento en una sindicatura “estatal”, bajo la cual cualquier decisión financiera u operacional mayor tiene que pasar por el cedazo de un comité de supervisión interagencial.

La anticipable salida de Chardón de Educación se produjo en diciembre. Pero, para la indignación general, el Gobernador retuvo como cabeza de la Junta Consultiva que trazará las políticas educativas del País, y con el mismo sueldo de $120,000 anuales, al funcionario cuyo fracaso consistió en dirigir el empobrecimiento académico y los desatinos administrativos de la más grande agencia gubernamental.

Así, en el año 2010 sigue estando ausente de la agenda una política educativa definida. Con ese saldo, con el peso de una estructura con superpoderes para las decisiones fiscales y administrativas y sin atribuciones para trazar políticas educativas, se estrena la doctora Odette Piñeiro como secretaria de Educación.

Aun así, y resistiéndose a visualizarse como una secretaria a medias, el reto de Piñeiro, si es que decide aceptarlo y las fuerzas políticas exógenas no se lo impiden, será reenfocar y despolitizar el modelo educativo del País con la inclusión de todos los sectores de la comunidad escolar.

En ese reto está mejorar las condiciones de los planteles, agilizar los nombramientos de maestros, hacer justicia laboral al personal docente y no docente; acometer la revisión del currículo para hacerlo pertinente a los nuevos tiempos, atender la creciente deserción escolar, y procurar que la nueva estructura administrativa no burocratice más el sistema impidiendo que Educación alcance sus metas y cumpla con los compromisos contraídos con el Gobierno federal.

Después de un año perdido, ésa tiene que ser la agenda educativa a partir de este 2010.