Un proyecto de ley radicado en el Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana busca reconocerles personalidad jurídica a estos ecosistemas

Una medida legislativa radicada por los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, busca insertar a Puerto Rico en la discusión mundial sobre el reconocimiento de personalidad jurídica a la naturaleza, con la creación de la “Carta de Derechos de los Bosques y el Carso”.

“Este es uno de esos proyectos que uno radica y propone para mover la discusión, para tocar las campanas de alerta en las personas que no están conscientes de que literalmente se nos va la vida, que no protegemos nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestros bosques, el agua”, expresó Rivera Lassén.

Describió el Proyecto del Senado (PS) 1216 –radicado por petición el pasado 22 de mayo– como “una mirada holística de cuáles son los efectos de no mirar nuestra naturaleza como un ente vivo, que tiene derechos que debemos proteger”.

El proyecto de ley, que establece como política pública “mantener el debido cuidado de los sistemas ecológicos que existen en nuestro archipiélago”, les reconoce personalidad jurídica a los bosques estatales, bosques auxiliares, Bosque Modelo, bosques de mangle y al Área de Planificación Especial del Carso. A estos fines, propone enmendar el Artículo 217 del Código Civil de Puerto Rico de 2020.

Por otro lado, les reconoce a los bosques y el Carso el derecho a la vida, a la preservación, a la restauración, al agua limpia, al aire limpio, a la presunción de alto valor ecológico, a la no explotación de sus recursos, a permanecer libres de contaminación y a la protección.

“Creo que, en el proceso de caminar hacia la aprobación (del PS 1216), vamos a poder discutir todos los efectos que estamos teniendo en Puerto Rico de unas políticas públicas que no se están cumpliendo. (…) Es acabar de mirar que vivimos en una tierra que necesita ser protegida”, acotó.

La exposición de motivos de la propuesta destaca algunos de los países que le han dado fuerza constitucional a la protección de sus bosques. Entre estos, está Bután –en el sur de Asia–, donde se decretó que el 60% de su territorio debe estar cubierto por bosque. Más cerca, en Bolivia y Ecuador, le han reconocido personalidad jurídica a la naturaleza, como pretende la medida local.

Sobre la razón por la cual se enfocan en los bosques y el Carso, Rivera Lassén indicó que el propósito es atar la pieza con lo que dice la Constitución de Puerto Rico en su Artículo VI, Sección 19: “Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales”.

De convertirse en ley, estos ecosistemas “serán representados por cualquier persona natural con capacidad legal o cualquier persona jurídica, por sí o en unión a otras, con el propósito de hacer valer las disposiciones de esta ley, protegiendo la biodiversidad, evitando la contaminación y los daños irreparables a estos ecosistemas”.

“Mi preocupación es que no se le dé la importancia necesaria y que no veamos las vistas públicas que deberían hacerse”

El Carso, conformado principalmente por mogotes o colinas de roca caliza, es una región crucial para la conservación del agua. Según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), las regiones cársicas cubren aproximadamente el 20% de la superficie de la isla.

“El Carso produce alrededor de 52 millones de galones de agua para consumo y se estima que su capacidad puede llegar hasta los 200 millones de galones diarios, según el Plan Integral de Agua de abril de 2008. Sin embargo, gracias a las políticas públicas de desregulación, esta área de inmenso valor ecológico, económico y como recurso de agua dulce, se ha visto afectada por la contaminación”, lee el proyecto.

A preguntas sobre si esta propuesta requerirá una asignación de fondos, la senadora sostuvo que, al momento, no lo ve necesario. “Precisamente, lo que necesitamos es utilizar los recursos que están de manera coherente. No es hacer otro piso adicional, es mirar lo que hay y que se utilice de manera eficiente, y que se implanten de manera coherente las políticas públicas que existen en protección del ambiente, en este caso, en protección de los bosques y del Carso”, comentó.

La medida plantea que el gobierno “tendrá la obligación de crear políticas públicas para promover la protección de los bosques y el Carso”, así como “prever y prevenir daños al medioambiente”. Aunque el proyecto no impone responsabilidades directas al DRNA, Rivera Lassén señaló que busca forzar al Estado a proteger y restaurar los recursos naturales.