Por Joel Ortiz Rivera / joel.ortiz@elnuevodia.com El Nuevo Día La zona conocida como el Corredor Ecológico del Noreste (CEN) abarca unas 3,240 cuerdas de enorme importancia tanto en términos de ecosistema como de belleza natural. Entre esas cuerdas existen bosques costeros, humedales, manglares, arrecifes de coral, praderas de hierbas marinas, una laguna bioluminiscente y millas de playas vírgenes. Algunas de esas playas son las más importantes para el anidaje del tinglar -especie de tortuga más grande y en peligro de extinción en Puerto Rico- y las más importantes entre las jurisdicciones de Estados Unidos. Viven en el CEN 865 especies de flora y fauna, de las cuales 54 son consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Por ello, en el 1977, la Junta de Planificación (JP) la designó como 'Área de Importancia Natural' y en el 1992 se sometió a la JP un documento para que se le designara como Reserva Natural. En 1996, el ahora gobernador Luis Fortuño, preparó, como jefe de la Compañía de Turismo, el Plan Conceptual de Desarrollo Turístico de la Costa Nordeste, el cual no fue muy bien recibido por grupos ambientalistas. En el 2004 el DRNA la designó como 'Área de Prioridad de Conservación' y en el 2005 como 'Área crítica para la Vida Silvestre' y en el 2006 se presentó y se aprobó en la Cámara un proyecto tripartita para su designación como Reserva Natural. Sin embargo, el Senado dejó el proyecto para el verano del 2007, y el último día de sesión de junio el ex senador Jorge de Castro Font pidió, a las 10:00 p.m. un receso que dejó el proyecto sobre la mesa. Fue entonces que, en octubre de ese mismo año, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, mediante una orden ejecutiva, le exigió a la JP que aprobara una resolución dándole esa designación. Casi dos años exactos más tarde, Fortuño firmó otra orden ejecutiva que dejó sin efecto la de Acevedo Vilá y removió la designación de Reserva Natural. El secretario general del Partido Nuevo Progresista y entonces presidente de la JP, Héctor Morales, dijo que "el proceso realizado por la administración pasada estuvo matizado por incongruencias y por no seguir el debido proceso de ley" y que no fue participativo, entre otras cosas. Según la Coalición, el nuevo plan dejaría sin protección unas 500 cuerdas que eran parte del CEN en el 2008 y sería, según el grupo, sumamente perjudicial para el potencial de desarrollo económico basado en el ecoturismo y turismo de naturaleza en la zona.