Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com El Nuevo Día Los valores y servicios ecológicos que provee a los puertorriqueños la región kársica, casi todos cobijados bajo estatutos estatales y federales, quedarían desprotegidos o vulnerables si se aprueban las propuestas enmiendas a la Ley 292 del 21 de agosto de 1999, conocida como la “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Kársica de Puerto Rico” o “Ley del Karso”. A esa conclusión llegaron varios expertos consultados por este diario, quienes coincidieron en que los mogotes, cuevas, cavernas, sumideros, ríos subterráneos y yacimientos que caracterizan a la región kársica, así como las especies de animales y plantas que en ella habitan, se afectarían con las “obras de interés público” que viabilizan las enmiendas recogidas en el P. de la C. 2566. Aunque la medida no lo indica explícitamente, tanto el gobernador Luis Fortuño como los secretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rubén Hernández Gregorat y Daniel Galán Kercadó, respectivamente, han reconocido que las enmiendas favorecerían la extensión del expreso De Diego (PR-22) desde Hatillo hasta Aguadilla y la construcción de un gasoducto por el centro y norte de la Isla. “Para todo efecto práctico, están derogando la Ley sobre Política Pública Ambiental (Ley 416 de 2004) y rechazando el mandato constitucional de lograr el mayor aprovechamiento de la mayor cantidad de los recursos naturales”, expresó el científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, del grupo Ciudadanos del Karso (CDK). “Aparte de debilitar la Ley del Karso, las enmiendas hacen que sean menos restrictivas las leyes concernientes a la extracción de corteza terrestre y la protección de acuíferos, vida silvestre, cuevas y cavernas del área”, dijo, por su parte, el presidente de CDK, Abel Vale. La región kársica cubre casi el 27.5% de la extensión territorial de Puerto Rico. Se extiende desde Loíza hasta Aguadilla por el norte, e incluye una franja discontinua desde Juana Díaz hasta Cabo Rojo por el sur. También existen áreas dispersas o bolsillos en el interior. Algunos de los recursos naturales incluidos en la franja kársica son el río más largo (La Plata), los humedales costeros más extensos (caño Tiburones), los ríos subterráneos más estudiados (Tanamá y Encantado), el sistema de cuevas y cavernas más extenso (río Camuy), playas de anidaje para tortugas, 223 especies de aves, 37 especies en peligro de extinción y la extensión más amplia de bosque. Rivera Herrera y Vale apuntaron que la Legislatura está promoviendo medidas para obras específicas de infraestructura, limitando así la posibilidad de que la ciudadanía se exprese y que dichas obras pasen por el debido proceso de evaluación ambiental requerido por ley. “¿Cómo se beneficia el pueblo con estas enmiendas?” Más allá de su impacto ambiental, el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo, cuestionó el verdadero fin público de las enmiendas. “¿Cómo se beneficia el pueblo con estas enmiendas? Las enmiendas ni las motivaciones han sido bien explicadas, pero conociendo los valores que hay en el karso, es obvio que ésto se hace para aumentar el grado de desarrollo sobre ese sistema. Van a sacrificar agua, biodiversidad y vida silvestre. No se ve el beneficio público, sólo beneficios privados y a ciertos grupos”, dijo Lugo. El dasónomo subrayó que legislar para obras específicas de infraestructura deteriora el patrimonio público y la credibilidad de los funcionarios. Añadió que las leyes y reglamentos ambientales existen para asegurar que el desarrollo de los recursos naturales sea sustentable. “Pero parece que hay una prisa tan grande, que están dispuestos a sacrificar la ciencia y el análisis”, soltó. La subdirectora de la Oficina del Caribe de Servicios Ecológicos del Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS), Marelisa Rivera, lamentó que no fueran invitados a participar de la única vista pública en la que se discutió el P. de la C. 2566 el pasado 4 de junio. “No sabemos en qué consisten los cambios. Tenemos preocupaciones, pero no te puedo hablar de su alcance porque no sabemos el alcance de la ley”, expresó. Según Rivera, el USFWS tiene inherencia sobre los hábitats de varias especies en el karso, como la cotorra puertorriqueña, el sapo concho y el falcón de sierra. También protegen “un sinnúmero” de plantas que crecen en los mogotes. Estas especies están protegidas por estatutos federales como la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Aves Migratorias, entre otras. Entretanto, el abogado ambiental Pedro Saadé opinó que las propuestas enmiendas tienen el “objetivo fundamental” de debilitar o eliminar el “Estudio del Karso”, completado por el DRNA en septiembre de 2008 luego de un extenso trámite judicial. El estudio identificó y delimitó un área que comprende el 35% del karso puertorriqueño como áreas con prioridad de conservación. En enero de 2009, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró el “Estudio del Karso” como final y firme. Una VIOLACIón a la separación de poderes Sin embargo, el P. de la C. 2566 establece que “el Secretario (del DRNA) tendrá discreción para verificar el Estudio y enmendar el mismo”. Según Saadé, esta disposición podría interpretarse como una violación a la separación de poderes entre las ramas de gobierno, pues pretende invalidar algo recogido en una sentencia. “Lo que se quiere es echar a un lado el Estudio y poner en riesgo las zonas designadas para ser conservadas y abrirlas a distintos tipos de desarrollo”, dijo Saadé. En su exposición de motivos, el P. de la C. 2566 indica que la redacción de la “Ley del Karso” no es clara, ni se atempera a las disposiciones contenidas en otros estatutos vigentes en el ordenamiento jurídico actual. Esos estatutos no se clarifican en las páginas de la medida. Galán Kercadó ha expresado que las enmiendas no invalidan la delimitación de la zona kársica, sino que permite modificarla. Ha dicho que las enmiendas prohibirán la remoción de corteza terrestre para fines comerciales, así como cualquier otra actividad dirigida a la creación de vertederos, residencias, comercios e industrias. Las gestiones por conseguir al representante Eric Correa, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Energéticos, fueron infructuosas.