Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com endi.com Un grupo amplio de científicos y académicos del País reclamó al gobierno ayer que incorpore la información disponible sobre el cambio climático en sus procesos de planificación para evitar futuros desastres y mitigar los efectos locales del calentamiento del planeta. El reclamo se hizo en una declaración formal firmada por 174 expertos que exigen que en el Plan de Uso de Terrenos (PUT) y otros procesos de planificación se consideren los efectos esperados del cambio climático, entre ellos, el alza en el nivel del mar, la erosión e inundación costera, la salinización de los acuíferos y la reducción de la precipitación pluvial. “Exigimos que se asigne prioridad y con ello, los recursos necesarios para completar de forma adecuada y con urgencia el Plan de Uso de Terrenos y un Plan Integral de Aguas”, dijeron los firmantes. El documento fue presentado en una conferencia de prensa en la que participaron el planificador Félix Aponte, el geomorfólogo José Molinelli, el ecólogo marino Edwin Hernández Delgado, los herpetólogos Rafael Joglar y Patricia Burrowes, el químico Ricardo Morales y el activista ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, entre otros. Reclamaron que “se detenga de inmediato el endoso y la aprobación de proyectos en áreas de la zona costera vulnerables a los efectos en el nivel del mar previstos para los próximos cien años”. Añadieron que es preciso “cesar y prohibir la conversión de terrenos agrícolas y áreas de reconocido valor ecológico a usos urbanos”. “Si seguimos por este curso, el País no va a servir ni para independencia, ni para estadidad ni para el ELA; vamos a a tener que emigrar y ver quién nos acepta”, dijo Molinelli sobre las consecuencias de no planificar y no usar racionalmente los recursos teniendo en cuenta el cambio climático. Los científicos explicaron que muchos de los documentos clave para la planificación y uso de los recursos del País están obsoletos y no se han actualizado. El Plan Integral de Aguas es de 1976, el inventario de arrecifes es de 1979 y el Plan de Manejo de la Zona Costanera de 1978, dijeron. El planificador Aponte sostuvo que además del aumento en el nivel del mar y la consiguiente pérdida de terreno en las costas, se prevé que el cambio climático traiga mayores períodos de sequía. “Podríamos hablar de muchos meses sin lluvia, las variables del ciclo hidráulico tienen que estar contemplada en procesos de planificación. El PUT y el Plan Integral de Aguas deben tener vigencia para 20 años, pero aquí se está planificando como si nada pasara”, dijo Aponte. El planificador añadió que ante el aumento en el nivel del mar hay que prever la forma de proteger sistemas de infraestructura tales como plantas de energía eléctrica y de tratamiento de agua, muchas de las cuales están cerca de las costas. “Si el mar sube hasta un metro se afectan los puertos”, dijo Aponte, por lo que habría que prever la posibilidad de reconstruir algunas instalaciones portuarias para que puedan seguir operando. Por su parte, Hernández indicó que ya están ocurriendo muerte y daños de los arrecifes de coral debido a la erosión y manejo inadecuado de terrenos en las costas, así como por el calentamiento del mar. Ese calentamiento ocasiona un fenómeno llamado blanqueamiento de los corales. Hernández dijo que se ha observado entre 35% y 60% de pérdida de tejido vivo en corales de la región y se espera que este daño aumente debido al cambio climático. Se afecta la pesca, la disponibilidad de medicamentos que se derivan de organismos que habitan en los arrecifes coralinos, el turismo y otras actividades humanas, explicó. Molinelli dijo que dentro del modelo económico actual se puede planificar bien, pero no pueden seguir dando permisos para construir en tierras agrícolas y en tierras inundables. “Lo que hace falta es voluntad política para hacer las cosas en forma inteligente”, sostuvo. El énfasis en las tierras cultivables responde a que 90% de los alimentos se importan. Ante la posibilidad de que ciertos alimentos falten debido a los cambios en el clima, es necesario que haya terreno disponible para aumentar la producción agrícola local, explicaron. Aponte sostuvo que “el Estado tiene que dictar la pauta de la responsabilidad social y no se la puede dejar al sistema económico”.