Por Cecilio Ortíz García

Este artículo es parte de la serie especial Puerto Rico Vota ConCiencia que produce la organización CienciaPR sobre temas de alta relevancia para el País, mediante entrevistas a los candidatos para la gobernación de Puerto Rico. 

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La Academia, la Ciencia y el Gobierno son instituciones sociales con un largo historial de relaciones, a menudo antagónicas. A nivel internacional, asuntos como el cambio climático han creado un ambiente de antagonismo entre el aparato científico/académico y el aparato político al punto de cuestionar la existencia del fenómeno. 

En Puerto Rico eventos recientes como el Zika y  el uso de terrenos en el área de La Parguera son ejemplos de esto. Se percibe que la integración de la ciencia en la política pública del país no es tan notable como se hace en otras partes, donde hay asesores y sociedades científicas que informan sobre esas políticas públicas con conocimientos y datos.

Desde los años 50 se anunciaba que el gobernar dejaría de ser un mero ejercicio burdo de poder político, para convertirse en un proceso racional de decisiones basado en el uso evidencia, como son los datos científicos. Pero al día de hoy, la promesa de que la ciencia “infundiría de verdad al poder” es debatible no solo en Puerto Rico si no alrededor del mundo. Los sistemas políticos se han adaptado a la inserción de la ciencia en la toma de decisiones políticas a través de la captura, la manipulación, e incluso el uso de los medios para desacreditar el peso de su aportación. Ante este cuadro, ¿cómo lograr que los científicos tengan un rol más relevante en los gabinetes de gobierno?

Acercar al mundo político y el mundo científico no es tarea fácil. Pero tanto el científico como el gobernante necesitan entender muy bien el mundo del otro para poder lograr avances sobre este punto. Ambos mundos se rigen por reglas de juego distintas y basan sus acciones en valores y visiones de mundo muy distintas. Ambos necesitan entenderse mejor y envolverse en procesos colaborativos que poco a poco logren cambio en la relación actual. Los procesos políticos necesitan de la ciencia para descubrir e implementar soluciones innovadoras a los retos actuales, mientras que la ciencia necesita de los procesos políticos para que apoyen la investigación científica que da a lugar a esa innovación.

El cielo es el límite cuando se trata crear estrategias para informar al pueblo en política pública con información y datos científicos. Por ejemplo, una oportunidad interesante puede darse dentro de las campañas electorales.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se concentra en la regulación del proceso electoral, poniendo énfasis en las restricciones de veda electoral o el uso de tecnología durante los escrutinios. Este énfasis regulatorio pierde de vista el rol de capacitación y de transferencia de conocimiento que puede jugar la Comisión con sus oficinas de Educación y Adiestramiento Electoral o de Planificación. Una colaboración entre la CEE y el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña de la Universidad de Puerto Rico puede expandir el horizonte de política pública electoral de uno solamente regulatorio, a uno de capacitación y transferencia de conocimiento. La Comisión entonces se convertiría en una plataforma de interconexión entre el conocimiento científico existente en el sistema de la Universidad y los procesos electorales. Los partidos tendrían un espacio en donde presentar sus candidatos en mesas redondas de discusión con expertos en las diferentes áreas de política pública y conversatorios que permitan la transferencia de conocimiento entre comunidades y candidatos, entre otros.

Esta idea permitiría que el expertise científico “eduque” los procesos electorales minimizando el mercadeo de los pasquines y las “tumba cocos” e incrementando el dialogo colaborativo en los procesos electorales del País.

Publicado originalmente en El Nuevo Día como tribuna invitada.