La otra corrupción

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Por José E. Rivera Santana EL Nuevo Día Igual o más grave que las actividades delictivas que han acaparado los titulares en días recientes es la terrible amenaza que se lanza sobre nuestros recursos naturales y las reglamentaciones protectoras de los mismos. Presenciamos el intento más despiadado que administración de gobierno alguna haya gestado para despojar al pueblo puertorriqueño de sus bienes de dominio público y del disfrute de los mismos para las presentes y futuras generaciones. Para colmo, los responsables principales de las agencias llamadas a ser custodios de nuestra madre naturaleza claudican a sus deberes ministeriales e incluso tergiversan, con su jeringonza demagógica, la rendición. La nueva ley de permisos fue el aperitivo de esta ofensiva. Quienes piensen que su propósito era mejorar un sistema, que ciertamente requería una transformación, deben sentirse defraudados pues su único y principal objetivo es evitar y penalizar la participación ciudadana para que la emisión de los permisos sea de forma expedita en un periodo menor de 90 días. Luego vino la osadía de revertir la protección del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) para echar abajo su potencial de convertirse en un lugar ejemplar para el desarrollo de actividades ecoturísticas que rindan enormes beneficios ambientales y económicos para las comunidades del área. Para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Planificación el CEN debe ser para los inversionistas de Dos Mares Resourt y San Miguel Four Seasons, entre otros, que de aprobarse, derrotarían el propósito de conservar el Corredor. Igual amenaza se cierne sobre la zona del karso si se construye el gasoducto y se expande el tramo de la carretera PR-22, desde Hatillo a Aguadilla. Hay que recordarlo: de la existencia del karso depende la disponibilidad del recurso agua para el consumo de 460,000 personas y de la mayoría de las farmacéuticas y las vaquerías que en esa zona proveen cerca de 100,000 empleos. El recurso vital del agua, también está amenazado en el sur del País. Se supone que el Secretario del DRNA por mandato de la Ley de Aguas, ejerza un papel rector y coordinador de los esfuerzos de planificación y administración de ese recurso. Sin embargo, en dicha agencia en estos momentos consideran aprobar nuevos permisos de extracción de los acuíferos del sur cuando todos los estudios realizados en los últimos años por el Servicio Geológico de Estados Unidos indican que los mismos se encuentran en deterioro por la sobreexplotación. Con sólo reducir el volumen de pérdida -que por el mal manejo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados exceden el 60 por ciento- se haría innecesario autorizar nuevas extracciones, que es lo que recomienda como estrategia el Plan Integral del Recurso Agua y que el secretario de Recursos Naturales está obligado a cumplir. Por último, aunque la lista es larga, el Plan de Uso de Terrenos (PUT) se dirige a un nuevo fiasco. Ahora se alega que se harán planes regionales en lugar de hacer un PUT. ¡A planificar por retazos! parece ser la consigna. ¿Dónde queda el enfoque integral, la interpretación de nuestro sistema físico, económico y social como un todo? Supuestamente, el Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible (PIDES) provee las respuestas, pero no es así. El PIDES, que se supone contiene la visión de la política pública por los próximos diez años, no hace mención del cambio climático en ninguna de sus 64 páginas. Por tanto, tampoco se proponen las acciones y estrategias que debieran adoptarse para enfrentar dicho fenómeno. Es un plan miope, camino a la ceguera total.