A cuatro meses de haberse declarado un estado de emergencia por la pandemia de COVID-19, nuestro problema más serio sigue latente: un gobierno cuyas decisiones no están fundamentadas en la mejor evidencia científica y que en vez parecen estar guiadas por intereses político-partidistas.

Desde mayo pasado, el gobierno y muchos ciudadanos han actuado como si la pandemia hubiera llegado a su fin, como si optaran por ignorar deliberadamente la severidad del asunto.

Publicado originalmente en la sección de opinión de El Nuevo Día.

Esta semana hemos visto nuevamente el problema perenne del gobierno de Puerto Rico: que siempre es reactivo y nunca proactivo ante las emergencias. Lo vimos con el huracán María en el 2017, con los terremotos a principios de este año y ahora lo estamos viviendo con el coronavirus o COVID-19. La llegada del coronavirus a Puerto Rico es inminente, por no decir que ya debemos tener cientos de casos que no han sido confirmados.  

El pasado 6 de noviembre, se realizaron elecciones de medio término para elegir el 116to Congreso de los Estados Unidos. En el Senado, los republicanos consolidaron su mayoría y tomaron dos escaños nuevos de los demócratas, reteniendo su control de la cámara alta. La Cámara de Representantes, sin embargo, vio un cambio en su composición y ahora está bajo control demócrata, resultando en un Congreso dividido.

En el mundo de los científico y en de los diplomáticos, el término diplomacia científica no ejerce un papel protagónico, pero es una dinámica centenaria que hoy revive con nuevo nombre y apellido. Se trata de un oficio cuyo fin es fortalecer la colaboración entre países a través de la investigación científica y tecnológica; de hacer que la ciencia, el conocimiento científico y sus aplicaciones técnicas sean la base de las políticas y los proyectos que los gobiernos diseñan para resolver los problemas del mundo, desde las epidemias y los desastres naturales, hasta los conflictos bélicos y el terrorismo.