Publicado en la sección de Opinión de El Nuevo Día

Por Luis Matos González

La designación de un “task force” médico para atender asuntos de la emergencia que ha provocado la pandemia del COVID-19 ha sido una de las decisiones más acertadas del gobierno de Puerto Rico. Cada uno de los integrantes de este grupo cuenta con una hoja de vida impresionante a través de la investigación científica. 

Este anuncio llega en momentos en que la credibilidad gubernamental está en deterioro. La disponibilidad de trabajo de este grupo de académicos se convierte en bálsamo ante los problemas de legitimidad, autoridad y falta de resultados que han exhibido los poderes públicos. Por otro lado, permite la anticipación del problema en el manejo de pacientes afectados por este letal virus en un sistema de salud endeble.

En momentos de crisis no hay espacio para el ensayo. Ante este escenario, la toma de decisiones reviste de mayor importancia y es transcendental en la solución de los conflictos sociales que apremian. En el proceso de políticas públicas, las decisiones públicas constituyen una etapa intermedia entre la definición del problema público y el marco de actuación que será implementado, así como eventualmente evaluado. 

La integración de científicos en el proceso de políticas públicas no es la norma en nuestro país. Esto, a pesar de que nuestras universidades y centros de investigación cuentan con expertos en diversas disciplinas del quehacer. Con frecuencia las decisiones públicas se toman bajo consideraciones de índole partidistas, oportunas e irracionales, sin contar necesariamente con el conocimiento que la academia puede imprimir a este proceso. 

La ciencia puede proporcionar soluciones a problemas diarios, así como mejorar el nivel de calidad de las propuestas para el desarrollo de políticas públicas y proyectos de gobierno. La comunicación entre científicos, tomadores de decisiones y ciudadanos aún representa un desafío importante. En la actualidad no existe un vínculo formal que estimule este diálogo que se hace imperativo en la producción de gobernanza y gobernabilidad.  

El escenario actual es oportuno para que la comunidad científica muestre su pertinencia, abra espacio en el escenario público y pueda transmitir al ciudadano común el conocimiento generado. De igual manera, es pertinente que el gobierno entienda de manera diáfana el valor y aportación de la Universidad de Puerto Rico, así como la amplitud y diversidad que les ofrece la producción académica de todas las instituciones privadas de nivel superior en Puerto Rico.

La interacción de la ciencia en las políticas públicas constituye un recurso valioso para ayudar al gobierno a pensar y actuar. Ahora bien, la atención efectiva del COVID-19 no se obtiene de manera automática con la designación de este equipo de trabajo. La correspondencia entre conocimiento científico y acción política no necesariamente es lineal ni eficaz en términos de alcanzar mejores políticas públicas. Este grupo de expertos podrán ofrecer su conocimiento, entendimiento y análisis, pero esta información es tan sólo uno de los ingredientes que intervienen en el proceso de políticas públicas. 

Esperemos que las funciones conferidas a este equipo tengan por resultado el manejo del COVID-19 como se necesita y como cada ciudadano reclama. Ojalá y este proceder sea el inicio de una reunificación de la actividad académica y las decisiones públicas. Quedarse a la distancia en estos momentos o peor aún, alejarse de este único deber, sería derrotar el ideal universitario y llevar a otra derrota al país. No solo corresponde vencer esta pandemia, sino que debemos adoptar nuevas perspectivas de intervención con desprendimiento y bajo supuestos de evidencia científica en tantos otros problemas que nos aquejan.

El autor es Catedrático de la Universidad Interamericana, Recinto Metro