La abogacía se define como el acto o el proceso de apoyar una causa o propuesta. En las ciencias, este proceso es vital para lograr cambios y conlleva la unión de la comunidad científica como una sola voz. El verano de 2019 ha sido uno histórico para Puerto Rico en todos los aspectos y en este blog deseo destacar un suceso ocurrido que ejemplifica el poder de la abogacía científica en todo su esplendor: los cambios y nuevos nombramientos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico (FCTI). 

Todo comenzó en junio de 2017, cuando durante un fin de semana, en sesión nocturna y sin vistas públicas, se aprobó en ambas cámaras legislativas el proyecto de la Cámara 1122 (PC 1122). Esta ley proponía el despido de la Directora Ejecutiva del Fideicomiso, Lucy Crespo, y del Director de Operaciones, Iván Ríos Mena, además de la disolución del Consejo de Fiduciarios que dirigía al FCTI, un cuerpo con autodeterminación, el cual sería reemplazado por una Junta de 9 miembros nombrados por el ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. 

Entre los cambios propuestos, mientras que los miembros que representaban al gobierno se reducían de 5 a 1 (sólo el (la) Secretario (a) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio-DDEC) y los miembros del sector privado aumentaban de 6 a 8, estos últimos debían ser nombrados por el exgobernador y confirmados por el Senado. En esencia, este cambio lograba dar control del Fideicomiso completamente a la administración de turno, por medio de sus nombramientos. 

Más aún, la ley también proponía limitar las áreas en las que el Fideicomiso podía invertir, afectando de esta manera iniciativas para la subvención de la investigación y la innovación científica en PR. Como consecuencia, esta ley ponía en “jaque” iniciativas como el “Programa de Becas de Investigación”, que para aquel entonces apoyaba a más de 50 investigadores en varios sectores científicos, capacitaba 127 estudiantes, había creado 6 empresas y facilitado la solicitud de 7 patentes, además de generar más de $5 millones en fondos federales y privados para proyectos en PR. De igual forma, ponía en riesgo el acelerador global “Parallel 18” el cual para el 2017 había involucrado a casi 100 empresas de 15 países resultando en la creación de 168 empleos directos dentro de la isla. Estos son sólo dos ejemplos de los muchos proyectos que esta ley hubiera podido afectar de haber sido aprobada.

Al alertarse de las acciones legislativas, la comunidad científica y empresarial aliada a Puerto Rico se activó. Aquí es donde comienza la “magia” de la abogacía para defender una organización que había demostrado ser efectiva y de  gran impacto para las ciencias en Puerto Rico. Rápidamente se organizaron peticiones, op-eds, puntos de discusión (talking points), expresiones para la prensa, y conversaciones con legisladores y representantes gubernamentales.

Por ejemplo, el grupo “March for Science PR” creó una petición para que Roselló no firmara el PC 1122 con el eslogan “Ciencia, no silencio”. Así mismo,  la Junta de Directores y 500 miembros de la División del Caribe de la Sociedad Americana por el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés) manifestaron su preocupación e hicieron un llamado al ex mandatario a no aprobar esta ley ante los cambios propuestos a la composición del cuerpo rector del FCTI.  

Todos estos esfuerzos rindieron frutos y el gobernador devolvió el proyecto a la cámara para ser enmendado, permitiendo que el Fideicomiso tuviera más autonomía. La nueva ley redujo drásticamente la participación del sector gubernamental en los trabajos del FCTI de 5 a 2, preservó la habilidad del FCIT de invertir en proyectos, permitió que tanto la Directora Ejecutiva como los fiduciarios privados (6 miembros) se mantuvieran en sus puestos y le dio autoridad al Consejo de determinar futuros fiduciarios y su director(a) ejecutivo(a).

Una gran batalla ganada para la comunidad científica. Sin embargo, no todo resultó como esperado. El exgobernador sólo debía nombrar 3 fiduciarios privados, luego de recibir recomendaciones de los fiduciarios actuales, para un total de 11 miembros en la Junta. Sin embargo, estos nombramientos tardaron dos años en completarse… Los mismos no se llevaron a cabo hasta este pasado verano, un día antes que el gobernador oficializara su renuncia. Gracias nuevamente a la presión de la comunidad científica, a pesar del caos de la dimisión del gobernador, la Junta de Fiduciarios finalmente quedó completa.

Por los últimos dos años el Fideicomiso ha tenido una junta incompleta, lo cual ha hecho difícil la labor de esta importante organización. Este año, y con los nuevos nombramientos, se comienza una nueva era en la cual el FCTI podrá enfocarse en las prioridades que la comunidad científica identifique necesarias para avanzar las ciencias y tecnología. Aún más importante, este año además de ser histórico políticamente para PR, exalta el poder de la abogacía como mecanismo de lucha para generar cambios necesarios en las ciencias. ¡Nunca subestimemos la fuerza, autoridad e influencia que tenemos cuando como científicos nos unimos por un bien común, por más largo y complicado que sea el camino!       

Luz Milbeth Cumba García es estudiante doctoral de cuarto año en inmunología en la Escuela de Posgrado de Ciencias Biomédicas de la Clínica Mayo en Rochester, MN. Ella es exalumna de la “Yale Ciencia Academy” y del Programa de Liderazgo y Diplomacia Científica de la AAAS, embajadora del Puerto Rico Science Policy Action Network (PR-SPAN), alumna del Programa de Capacitación en Abogacía (ATP) de la ASBMB y miembro de Ciencia Puerto Rico.