03 Septiembre 2010
EDITORIAL
La suspensión sumaria del director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Mario Marazzi-Santiago, tras exigir mediante demanda en el Tribunal que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos publique el Índice de Precios al Consumidor, es un acto condenable que provoca en el País una legítima sospecha.La secuencia de los hechos y las circunstancias político-partidistas que le rodean, obligan también a temer la existencia de un andamiaje de encubrimiento, armado para mantener secuestradas las estadísticas oficiales y mantener a oscuras al País en cuanto al manejo de variables importantes para el desarrollo económico y social.
Marazzi, designado al puesto en agosto de 2007 y a quien prominentes voces profesionales atribuyen integridad, rigurosidad, independencia de criterio y objetividad, fue separado de empleo por la Junta de Directores del Instituto, sin darle el debido proceso y mediante una cuestionable Resolución impuesta desde la Oficina de Héctor Morales Vargas, presidente de la Junta de Planificación hasta la noche del pasado domingo y ahora secretario del partido de Gobierno.
El protagonismo de Morales en su empeño de “limpiar la casa” antes de abandonar la silla ministerial para ocupar la de secretario del PNP, no sólo arroja dudas sobre las ejecutorias del funcionario en su paso por Planificación, sino sobre la encomienda que de ahora en adelante se le asignará al Instituto y su futuro como un ente independiente que garantice la integridad de las estadísticas gubernamentales.
En ese derrotero y bajo la dirección de Marazzi, ahora en un limbo, el Instituto realizó, por ejemplo, un perfil sobre las escuelas privadas, sin que se sepa de quejas por parte del Consejo General de Educación, al que por ley le corresponde hacerlo. De igual forma, obligó al Departamento de Salud a corregir las estadísticas de mortalidad, mediante una demanda presentada en los tribunales, sin que la Junta de Directores del Instituto requiriera ser consultada.
Los problemas comenzaron a fines de 2009 cuando el Instituto detectó que la tasa de inflación del Índice de Productos del Consumidor (IPC) había sido sobrestimada por más del doble entre 2001 y 2006. Aunque el Instituto y el Departamento del Trabajo realizaron juntos y validaron un nuevo IPC, el Departamento se ha negado a cumplir con su responsabilidad de hacerlo público por los pasados nueve meses. La negativa de dar información al Instituto para la actualización del IPC provocó la requisitoria de información mediante un pleito legal que motivó las represalias contra Marazzi. Represalias que fueron ejecutadas por un supra poder gubernamental que apabulla a la Junta de Directores y que, como lo demuestra con la destitución de Marazzi, impone al organismo un canon de incondicionalidad.
Es inconcebible, y sólo puede generar indignación, la actitud asumida por el Departamento del Trabajo y su secretario, Miguel Romero, de mantener secuestradas dichas estadísticas. Una medición incorrecta o manipulada puede detonar situaciones tan graves como un aumento en la carga contributiva de los ciudadanos, ajustes no justificados en los salarios que se fijan mediante convenios colectivos, una estimación incorrecta del crecimiento económico y malas decisiones con respecto a los cambios en el mercado de precios.
Con tanto en juego, hay que censurar la remoción de un funcionario por el “pecado” de resistirse al afán de control del gobierno. Su destitución, disfrazada en principio con una suspensión de empleo, le abre paso al intervencionismo gubernamental y la vuelta a las prácticas de décadas de manejar las estadísticas según la conveniencia política del momento. Precisamente, la creación del Instituto en 2003, con carácter independiente, se produjo con la meta de erradicar esa falta de garantías y en respuesta al clamor del País por estadísticas confiables, que le ayudaran a atraer inversión y a tomar adecuadas decisiones económicas.
Los directivos del Instituto están llamados a preservar la integridad del organismo, rectificando la inmoral decisión de seguir a ciegas directrices políticas que adulteran el servicio público y criminalizan la transparencia. 
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