Cuestionan compras de terrenos

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Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com

Residentes de los pueblos de Río Grande y Luquillo, que por años han luchado para que el Gobierno preserve zonas de gran riqueza natural en esa zona, denunciaron la compra de tierras a sobreprecio a desarrolladores y dijeron temer que se reduzcan así los fondos para adquirir unas 900 cuerdas del Corredor Ecológico del Noreste aun en manos privadas.

Según explicaron hoy en conferencia de prensa miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN), entre 2007 y 2013, bajo tres administraciones de gobierno distintas, el Gobierno pagó cerca de $28.5 millones por tierras que no se podían desarrollar, pero que le vendieron como si se pudiera.

El planificador y científico ambiental Luis Jorge Herrera explicó que la propia Junta de Planificación había dispuesto que terrenos ya adquiridos a costos exorbitantes solo podían usarse para agricultura o debían preservarse. Además, albergan especies vulnerables protegidas por leyes federales, humedales y en algunos casos un nivel de inundación de más de 10 pies de profundidad.

"Que las autoridades de Puerto Rico y federales examinen la manera como se dieron estas compras", afirmó Herrera sin descartar que en el futuro se puedan radicar denuncias formales por mal uso de fondos públicos estatales y federales.

Se trata de cerca de 630 cuerdas compradas a los proponentes de los proyectos residenciales turísticos San Miguel Resort y Dos Mares Resort: Juan Ramón Zalduondo, y Efraim Kier, Luis Alberto Rubí y Mark Greene, respectivamente.

Los ciudadanos expresaron preocupación de que este patrón encarezca las compras que tendrá que hacer el Gobierno en esta y otras zonas que deban ser protegidas.

"(El Corredor) lo queremos desarrollar, pero de forma organizada, ecológica, y no la van a desarrollar los grandes intereses sino el pueblo. No lo podemos hacer hasta que tengamos completo el Corredor", urgió Magne Nun, residente del barrio Palmer, entre Río Grande y Luquillo.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene el mandato por ley de adquirir los terrenos del CEN en los próximos siete años, indicó Herrera.

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