Por Dr. Ariel Lugo / Especial El Nuevo Día La mayor parte de la actividad económica y recreativa de Puerto Rico se lleva a cabo en la zona costanera que incluye las playas, dunas de arena, manglares, estuarios, bosques y valles aluviales. Los terrenos de la zona costanera son motivo de un gran forcejeo entre empresarios que buscan lucro con o sin consideración al ordenamiento territorial, comunidades enteras, agricultores y ganaderos que viven y trabajan allí y sectores dentro y fuera de la zona que se preocupan por la conservación de los valores naturales y la protección del interés público. El forcejeo es intenso debido a la riqueza natural y alto potencial económico de la región y a que cada día hay menos espacios disponibles. La conversión de suelos aluviales agrícolas a usos urbanos se considera normal en Puerto Rico, pero desde el punto de vista de nuestra seguridad alimentaria es una acción suicida e inconcebible en un mundo donde la disponibilidad a largo plazo de alimentos no se puede garantizar. El centro del forcejeo por la tierra en la zona costanera se concentra en las playas. El potencial de lucro es tan alto con estos terrenos que se ha demostrado en los tribunales que existen numerosos esquemas cuyos participantes incluyen miembros de las más altas esferas del gobierno, la banca, las aseguradoras y otros sectores de la sociedad. Estos esquemas están diseñados para apoderarse de terrenos públicos y construir en lugares de alta peligrosidad para los que decidan vivir allí. Cuando los esquemas involucran las barreras costeras, no habrá seguro federal en caso de marejadas e inundaciones y aunque los participantes del esquema lo saben, no se lo informan a las víctimas que adquieren estas propiedades. Nos enfrentamos a una nueva realidad donde las tres ramas del gobierno están tomando decisiones que nos mueven hacia el pasado cuando no había protección ambiental y las voces del público no se escuchaban. El nuevo paradigma consiste en (1) no ordenar el uso del terreno ignorando la necesidad de un plan de su uso para todo el territorio; (2) debilitar las leyes de protección ambiental; (3) privatizar los procesos gubernamentales orientándolos a favor de la construcción; (4) restringir la disponibilidad de información y el derecho de protesta del público; (5) privatizar los bienes públicos. La idea es que estas medidas van a mejorar la situación económica de unos pocos y de alguna manera nos beneficiamos todos. Sin embargo en algo estamos de acuerdo todos los puertorriqueños: ¡las playas son públicas! Pero ¿hasta dónde llega lo público? Llega hasta el final de la zona marítimo terrestre (ZMT). La ZMT es pública y no se puede privatizar por ser un bien no patrimonial. ¡Ah!, pero por medio del forcejeo podemos influenciar su delimitación. Para colmo, el 28 de octubre de 2009, el Tribunal Supremo (Tribunal) entró en la discusión de la delimitación de la ZMT y lanzó todo su peso y prestigio en contra del interés público. El gobierno privatizaba la ZMT acomodándola de acuerdo a las necesidades de los empresarios. Tal acomodo no es nada en comparación con lo que acaba de determinar el Tribunal. Si antes había una situación de peligrosidad y abuso para con los intereses públicos en la ZMT, la decisión del Tribunal permitirá situaciones de magnitud más peligrosas para el ciudadano y desfavorables al país. La decisión de 50 páginas requiere más espacio del disponible para explicarla y debatirla, por lo que sólo presento un extracto de la misma. Al revocar al Tribunal de Apelaciones, el Tribunal ordenó al ejecutivo que no podía considerar los oleajes huracanados en la delimitación de la ZMT. Ordenó utilizar el criterio de la marea. Anteriormente, se utilizaban ambos criterios en la delimitación de la ZMT. Bueno o malo el razonamiento del Tribunal, hubo una opinión disidente muy contundente y es obvio que la decisión ignora el conocimiento científico y la realidad social de Puerto Rico. ¿Cuál es su implicación? Son dos principalmente: 1. Afirma que todos los manglares están en la ZMT y son parte del patrimonio público (eso es bueno y consistente con el estado de derecho anterior). 2. Achica significativamente la ZMT en todo Puerto Rico (eso es malo). Cuando usted va a la playa y ubica su toalla sobre la arena seca antes de entrar al agua, ya está usted fuera de la ZMT. O sea, allí se puede autorizar una construcción. Las mareas en Puerto Rico son tan limitadas que más de la mitad de lo que un puertorriqueño considera playa pública se convierte en terreno privatizable. Es difícil entender cómo es posible que el Tribunal achicase la ZMT a sólo unos metros. ¡Ay bendito! No tenemos salvación cuando los poderes gubernamentales se alinean para desmantelar la protección ambiental que habíamos desarrollado durante los pasados 40 años y juntos funcionan para despojarnos del patrimonio natural público, incluyendo lo que todos tomábamos por sentado: que las playas eran públicas. No con esta decisión del Tribunal. (Las opiniones aquí expresadas representan planteamientos personales del autor basados en su conocimiento especializado y no son necesariamente la posición oficial del Servicio Forestal de los Estados Unidos).